Si la 'patata caliente' de abril y mayo fueron las residencias, ahora los son las aulas. A solo un mes para el comienzo de curso, los docentes avanzan a ciegas, con el aliento de los rebrotes en la nuca, a la espera de esa inyección de 2.000 millones del 'Fondo COVID' que el Gobierno central reservó a los pupitres, pero cuya llegada no aporta certezas. Una vez salga de las arcas del Estado, el Ejecutivo de Pedro Sánchez perderá todo control sobre una partida, cuya distribución por CCAA aún no se ha determinado. El buen o mal uso de ese fondo quedará al albur del buen o mal criterio de unas autoridades regionales que, por el momento y salvo excepciones, han pasado la pelota de la vuelta al 'cole' a un profesorado entre el que ya suenan tambores de huelga.
El artículo 1 del real decreto de 16 de junio sobre la creación de el citado Fondo COVID-19, cuyo monto total asciende a 16.000 millones, ya lo anticipó. "Las transferencias realizadas con cargo a esta dotación no tendrán carácter condicionado por lo que será responsabilidad de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía destinar estos recursos a la finalidad para la que han sido concedidos". Fuentes del Ministerio de Hacienda así lo han confirmaron a La Información: no habrá un control posterior sobre a qué han destinado las CCAA esos 2.000 millones, a los que asciende el tercer tramo del fondo, destinado a blindar la Educación.
La cartera que dirige Isabel Celaá responde a este diario en la misma línea: "Hacienda ha fijado las partidas del fondo especial de 16.000 millones en función de las necesidades identificadas, entre las cuales están Sanidad y Educación, entre otras. Este fondo no es reembolsable ni genera deuda para las comunidades autónomas y se ha establecido para hacer frente a los gastos derivados de la pandemia en los aspectos que se consideran más necesarios". El Ejecutivo tuvo en cuenta una serie de consideraciones previas para determinar qué cuantía de ese total le correspondería a cada región, entre las que no se incluyó un plan de gasto por parte de las CCAA. Tampoco se fijaron unos criterios que encaminaran la lista de prioridades de las autonomías.
Directores, profesorado, estudiantes y asociaciones padres... todos los flancos de la Educación se hacen eco de la misma denuncia: la vuelta a clase hace aguas y el tiempo (y los contagios) apremia. . Desde el departamento que lidera Celaá aseguran que, en la conferencia sectorial del 14 de mayo ya se acordó con las CCAA la elaboración de diferentes planes de contingencia, "respondiendo a diferentes escenarios en función de la evolución de la pandemia". Desde aquel pistoletazo de salida, los gobiernos regionales, que concentran las competencias en materia educativa, dejaron en manos de las direcciones de los centros la misión de revisar su situación.
"Se les pidió a las direcciones de los centros que analizasen sus carencias y comunicasen a las autoridades sanitarias lo que iban a necesitar", cuenta Maribel Loranca, responsable de Enseñanza de UGT. Los docentes se pusieron manos a la obra y, en muchos casos, presentaron sus balances el pasado mes de julio. "Una cosa es que sean los directores quienes detecten qué es lo que falta en sus colegios o institutos, otra es hacer que la responsabilidad del plan de contingencia recaiga en ellos". El anuncio de Hacienda sobre esa reserva de 2.000 millones, a repartir para blindar las aulas españolas, llego hace semanas. Agosto ha hecho su aparición y las CCAA que han dado respuesta a las peticiones de los centros se cuentan con los dedos de una mano. "Regiones como Andalucía, ya acumulan dimisiones de varios directores, mientras que en Madrid se habla de una huelga en septiembre", informa Loranca.
La excepción de la Comunidad Valenciana
Lavado de manos, mascarillas y distancia social. La triada contra el contagio se tambalea en unos centros donde el control de aforo es más permisivo que en los restaurantes o los cines. El 26 de junio, el ministerio publicó una guía en la que habló de establecer "grupos de convivencia de, idealmente, un máximo de 15 alumnos (y hasta un máximo de 20 si fuera necesario)". En definitiva, de esa quincena se pasó a una veintena flexible y, a un mes de que empiece el curso, los docentes temen que en septiembre vuelvan a coincidir tantos alumnos por aula como antes de la pandemia. "Las recomendaciones de Educación deberían de haber sido instrucciones", traslada Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO a este medio, "De lo contrario, lo que ha ocurrido es que se ha vuelto a las ratios ordinarias".
La responsable de UGT estima que, "si se reforzasen apenas en un 10% las plantillas de los centros, habría que fichar a unos 70.000 docentes para todo el país". A fecha de este martes, tanto UGT como CCOO aseguran que solo la Comundad Valenciana tiene una hoja de ruta clara para garantizar un regreso seguro. "La Generalitat ha establecido una ratio máxima de 18 a 20 alumnos por aula, ha apalabrado la contratación de 4.000 docentes y ha anunciado que, de cada tres grupos de Infantil hará cuatro, mientras que, en algunos niveles superiores, los alumnos irán a clase la mitad un día y la mitad, otro", explica García. La 'hoja de ruta' de los valencianos es la excepción.
"Es cierto que ha habido avances en varias CCAA, pero no es suficiente", lamenta Loranca. El caso de Madrid es ilustrativo. Frente a los 4.000 profesionales que promete la Generalitat, la región que preside Díaz Ayuso ha prometido 600. "Es un cupo que se firmó con el anterior consejero de Educación hace dos años", asegura Teresa Jusdado, secretaria de Enseñanza de UGT Madrid, "No es un refuerzo por la Covid, es lo que ya hacía falta para descongestionar las aulas". La situación es aún más preocupante si se tiene en cuenta que alrededor de un 25% de los centros madrileños, públicos y concertados, ya presentaban una concentración de alumnos superior a la ratio.
No solo los cupos son insuficientes, también los plazos. Septiembre llama a la puerta y el Ministerio de Hacienda aún no ha aclarado qué cuantía de esos 2.000 millones le corresponderá a cada comunidad. Más allá de lo acertado del 'modus operandi' de cada territorio y, recaiga el plan de contingencia en docentes o autoridades, planificar sin presupuesto es caminar a ciegas. El Gobierno tampoco ingresará las ayudas reservadas, "fundamentalmente", a Educación hasta el mes clave. Entre la inacción de unas CCAA, a la espera de la evolución del virus, y la falta de control del Ejecutivo sobre los fondos, las recomendaciones del Ministerio de Sanidad quedan en papel mojado, mientras el profesorado prepara su batalla, sin certezas sobre los refuerzos, ni tiempo para centrarse en la enseñanza.
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