Moncloa busca una vía barata para bajar el alquiler a locales con horario limitado

El Gobierno está analizando las alternativas jurídicas que tiene a su alcance para impulsar un cambio legal que libere al menos en parte del pago del alquiler de sus locales a los negocios afectados por limitaciones horarias impuestas por las autoridades en el marco de esta segunda oleada del coronavirus. El asunto se ha convertido en un elemento crítico para la supervivencia de muchos negocios ante este segundo embate de la crisis sanitaria y el Ejecutivo está decidido a dar respuesta rápida a esta situación, según informan fuentes gubernamentales y confirman fuentes de algunas de las organizaciones sectoriales más afectadas por este problema.

Las fuentes consultadas apuntan a que la solución en que trabaja el Gobierno, que se podría formalizar a través de una enmienda en alguna de las leyes ya en tramitación - si se optara por implantarla de manera urgente - o a través del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado - si se optara por un esquema de compensación más amplio- se basa en dos premisas básicas: tratar de repartir el coste del alquiler entre el inquilino, el casero y las arcas públicas durante los periodos en que existan restricciones a la actividad de los negocios y conseguir que el impacto de la medida sea soportable para las ya muy castigadas arcas públicas.

En un ámbito en que las competencias están repartidas entre ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado, el margen de maniobra del Gobierno se limita a una eventual modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos en orden a modificar de forma transitoria los contratos de alquiler o al aprovechamiento de la figura del 'estado de alarma'. En el anterior estado de alarma, el Ejecutivo aprovechó ese periodo de excepcionalidad para regular una moratoria en el pago del alquiler por parte de pymes y autónomos, una medida que desde los sectores afectados se interpretó como insuficiente, y una vez levantado éste las reclamaciones de reparación del sector de la hostelería principalmente se han tropezado con las dudas del Gobierno, que ha alegado problemas jurídicos para no actuar. Según fuentes del Gobierno, el dispositivo jurídico que se va a utilizar aún no está claro, pero se da por hecho que se presentará una medida en las próximas semanas.

Un salvavidas para el sector hostelero

La situación en sectores como la hostelería se ha tornado insostenible en los últimos días. Las nuevas restricciones a la actividad aprobadas por las comunidades autónomas, con fuertes limitaciones horarias y de aforo que han llegado hasta el cierre en territorios como Navarra o Cataluña, han dejado a la deriva a un sector en el que alrededor de 40.000 negocios no han vuelto a subir la persiana desde el pasado mes de marzo y que aún mantiene a cientos de miles de trabajadores 'hibernados' en los ERTE.

Para terminar de ensombrecer el cuadro, el pasado 21 de octubre venció el plazo legal máximo que se previó en el paquete legislativo del estado de alarma para que aquellos negocios que hubieran experimentado una caída de facturación de más de 75% pudieran aplazar el pago de sus rentas de alquiler a sus caseros, siempre que éstos fueran administraciones públicas o grandes tenedores. La nueva normalidad sí trajo una prórroga de las medidas de protección para los particulares, pero no para los locales comerciales, que a día de hoy han perdido toda red de seguridad en este ámbito.

"Hay muchos propietarios que han entendido la situación y nos han mejorado de manera significativa las condiciones del alquiler en este periodo, pero no es suficiente", subraya Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, la gran patronal del sector. Decenas de miles de negocios siguen teniendo que pagar el alquiler de sus locales pese a las fuertes restricciones de aforo y a las recientes restricciones horarias instauradas por las autoridades, y sin recibir ningún tipo de compensación o alivio a cambio. Gallego recuerda que el alquiler del local supone uno de los costes fijos más importantes de los negocios de hostelería, que puede oscilar entre el 10% y hasta el 15% de sus costes totales. "Cuando estás operando con restricciones tan importantes a tu actividad, que te impiden aprovechar el local en su totalidad, tiene que haber una reducción proporcional de ese coste. Sería lo justo", recalca Gallego.

La Generalitat de Cataluña lo ha entendido así y la pasada semana aprobó una disposición según la cual se establece la reducción del 50% en las rentas de alquiler de los negocios afectados por el cierre decretado por el Govern. La norma abre la puerta a que casero e inquilino negocien las condiciones de aplicación de esta rebaja, pero si se llega a un acuerdo en el pago de un mes imponer el recorte de la mensualidad del alquiler. En Navarra, gobernada por el PSOE  y dónde también se ha decretado el cierre de la hostelería, de momento no se ha desarrollado ninguna medida de alivio.

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A la espera de un guiño por parte del Gobierno

Desde la patronal nacional del sector, Hostelería de España, se admite que llevan "desde el 14 de marzo" negociando infructuosamente porque el Gobierno de España ponga alguna solución encima de la mesa. "Sí, se aprobó una moratoria en los pagos, pero es que han sido las autoridades las que nos han impedido operar con normalidad y hemos tenido que seguir pagando los alquileres. Lo que pedimos es que se elimine por completo el coste de los alquileres durante el periodo en que los negocios estén cerrados y que se compense en parte cuando haya restricciones de actividad".

Hasta ahora, la justificación gubernamental para no actuar ha sido la existencia de problemas jurídicos, que no se han terminado de precisar. La falta de una respuesta a la problemática del sector ha llevado al mismo a explorar otras vías de reparación, como la presentación de una demanda de responsabilidad patrimonial de la Administración, por lo que consideran una situación generada por las medidas de las autoridades y que ésta se niegan a compensar. Fuentes sectoriales aseguran que esta demanda no se ha presentado a la espera de que el Ejecutivo ponga sobre la mesa alguna medida de reparación, que llevarían meses prometiendo pero que aún no ha terminado de concretarse.