El PSOE y Unidas Podemos (UP) han retocado la enmienda introducida en el proyecto de Ley del Clima que tramita el Congreso para prohibir la minería de uranio en España. Ambos partidos han añadido un artículo a la norma -artículo 8bis- para evitar posibles reclamaciones de la multinacional minera Berkeley, que impulsa un proyecto de extracción de mineral radiactivo en Retortillo (Salamanca) desde hace una década. El cambio ha sido impulsado por el Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera. El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, José María Serena, comparecerá en el Congreso el próximo día 8 para explicar las presiones ejercidas por Berkeley sobre el organismo.
La enmienda inicial pactada por PSOE y Unidas Podemos, recogida en el artículo 8 del proyecto, prohibía "la investigación y el aprovechamiento de minerales radiactivos (...) en todo el territorio nacional". "Se procederá", añadía, "al archivo de cualquier procedimiento relacionado con la autorización de instalaciones radiactivas del ciclo del combustible nuclear para el procesamiento de tales minerales". El texto era un disparo mortal al proyecto de Berkeley, que cuenta con una renovación temporal de licencia de actividad del CSN y tramita todavía permisos para instalar una planta de procesado de mineral.
La multinacional australiana, que cotiza en la Bolsa española desde 2018, puso el grito en el cielo. Asesorada por el bufete angloaustraliano Herbert Smith Freehills, Berkeley adelantó que si la enmienda prosperaba reclamaría en todas las instancias posibles, nacionales e internacionales, por daños que podrían superar los 500 millones de euros. Los argumentos de la multinacional fueron rotundos. En su opinión, la enmienda pactada por PSOE y UP era "una disposición retroactiva restrictiva de derechos y expropiatoria que daña gravemente la confianza de los inversores en España”.
Redacción "legalista"
Los argumentos de la minera hicieron mella. El Ministerio de Transición Ecológica, que renovó temporalmente los permisos a Berkeley en diciembre pasado, ha impulsado una nueva redacción del apartado que afecta al uranio "más legalista", según explican fuentes conocedoras del proceso. La Abogacía del Estado habría dado el visto bueno a la redacción de un nuevo artículo (8bis), según el cual a partir de la entrada en vigor de la ley, no se admitirán nuevas solicitudes "para el otorgamiento de permisos de exploración, permisos de investigación o concesiones directas de explotación, ni sus prórrogas (...)" relacionados con yacimientos de minerales radiactivos. Según fuentes de los promotores de la iniciativa, el nuevo artículo no deja resquicios legales a Berkeley.
La multinacional australiana ve la botella medio llena. En su opinión, a pesar de la nueva enmienda, "no se cancelará ninguna de sus concesiones de explotación ni derechos ya adquiridos”, ya que este articulado hace referencia explícita a “nuevas solicitudes”. Berkeley ignora la cuestión de las prórrogas, expresamente prohibidas en la nueva redacción. Por el contrario, mantiene que el cambio, sustancial, le favorece porque "no afecta ni a las concesiones ya en vigor, ni a los expedientes en tramitación que deberán seguir su curso hasta la resolución final y en base a la reglamentación actual".
El optimismo de Berkeley es obligado. Berkeley Minera, filial de Berkeley Energia Limited, tiene un 67% de sus acciones en la Bolsa de Madrid y ha demostrado en el pasado una gran sensibilidad a las noticias relacionadas con los trámites administrativos de sus planes. Uno de sus mayores inversores es el fondo soberano del Sultanato de Omán, que en agosto de 2017 firmó una inversión de 120 millones de dólares (100 millones de euros) en forma de préstamos convertibles e instrumentos financieros que, de ejecutarse, le iban a convertir en el dueño del 37% del capital, según los datos del acuerdo enviados al regulador británico.
A flor de piel
Las sensibilidades están a flor de piel. No solo las de los inversores. El lunes 8 de marzo está prevista la comparecencia en el Congreso del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), José María Serena, para explicar las presiones recibidas de Berkeley y su entorno. Según el CSN, desde el 16 de octubre llegaron al órgano supervisor cuatro cartas en esa línea: una firmada por Francisco de Paula Bellón, presidente de Berkeley, dos de asociaciones que dicen defender los intereses de sus accionistas y otra más del despacho de abogados de la empresa. Todas trufadas de solicitudes e insinuaciones "impropias" según el Consejo.
Con las espadas todavía en alto, Berkeley ha puesto sobre la mesa dos nuevas cartas para defender el proyecto de mina de uranio que planea en Retortillo (Salamanca) desde hace una década. La compañía australiana asegura que ha invertido ya 94 millones de euros en el plan. Pero ese dinero es solo la cuarta parte de la inversión total -400 millones- que estima ahora para el proyecto, con un horizonte temporal de 14 años. La segunda gran baza en la defensa de la mina es el empleo. El grupo dice haber recibido 25.000 solicitudes de trabajo. Un caramelo atractivo para el Gobierno en un momento de crisis económica y destrucción de empleo.
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