Jueces y fiscales proponen medidas anticorrupción distintas a las ya anunciadas por Rajoy

Si este jueves hubiera una palabra de moda, seguro que sería 'corrupción'. Por un lado, esta mañana el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defendía por tercera vez sus medidas contra la corrupción. Por otro, un sitio quedaba vacío en su bancada azul. La ausente era la ministra de Sanidad, Ana Mato que 24 horas antes había dimitido por la presunta implicación en un caso de corrupción (Gürtel). La modificación del código Penal, la ley de financiación de partidos y la de ejercicio de altos cargos, focalizan las críticas en el Congreso.

Mientras, algunos miembros de la judicatura se lamentan al considerar las propuestas del presidente del Ejecutiva, "tardías e insuficientes".

"Los juicios contra la corrupción van muy lentos porque son complejos de instruir, normalmente los autores de este tipo de delitos tienen cierto poder y reciben apoyo de su entorno, del partido político correspondiente o bien tienen mucho dinero. El poder siempre está implicado en estos mecanismos", señala el Magistrado de la Audicencia Provincial de Sevilla, Conrado Gallardo.

Estas y otras medidas son las que proponen como ciudadanos, pero también como profesionales, jueces y fiscales que muchas veces sufren por la falta de medios materiales y personales. Además de sufrir la enemistad por parte de la ciudadanía en la dilatación de los procesos y el descrédito cuando los políticos dicen eso de que la Justicia es lenta y no funciona.- Dotar a la Justicia de medios personales y materiales

"Más personal, ordenadores y mejores equipos para trabajar con sistemas informáticos modernos y personal de apoyo que no dependa del Gobierno".

"La primera medida que haría sería que España tuviera jueces suficientes, que ahora mismo no los tiene. La segunda es dotar a los juzgados de medios para trabajar, particularmente de sistemas informáticos que realmente funcionen bien y de asesores y peritos en las materias asesoras y contables que son fundamentales para este tipo de tareas", asegura el magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla, Conrado Gallardo.

Gallardo, en tercer lugar señala que haría un cambio de medidas procesales, "básicamente en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se permitiera una investigación más ágil en este tipo de delitos sin necesidad de tanta burocracia, ni tantas cortapisas a la hora de poder investigar".

Otro ejemplo podría ser el que facilita Pérez Villamil que propone además de colaboradores que pueden ser los peritos o los interventores de Hacienda "que no dependan del Gobierno, sino que dependan del juez", para respetar la independencia judicial.

Otra medida que propone sería duplicar el número de jueces y fiscales en la Audiencia Nacional. "La mayoría de los casos de corrupción están radicados en la AN por competencias, me parece imposible que cinco jueces puedan instruir todos los casos que llevan por lo que propondría duplicar el número de jueces y fiscales. No parece que tenga un coste altísimo para que no se pueda hacer en un momento determinado, si es que hay voluntad, claro", comenta.- Modificar los tiempos procesales

La mayoría de fuentes consultadas apuestan por modificar los tiempos procesales para que el corrupto no 'se vaya de rositas' en caso de dilatarse el proceso por el que se le acusa.

Así, Gallardo apunta que los tiempos probablemente se podrían cambiar. "Intentaría dotar al juez de más poder para agilizar la investigación. Ahora mismo se les da demasiados resquicios a estos procesados para poder retrasar y entorpecer la investigación. Este problema está conectado también con el de la independencia judicial, ahora mismo hay demasiados instrumentos de presión que pueden utilizar por ejemplo los partidos políticos. Estos poderes de presión son los que deciden sobre el futuro y carrera de los jueces".

Para el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, Gilberto Pérez, se debería de mirar algunos ejemplos, a su juicio, "un poco estúpidos". Por ejemplo: "En España hay un millón de juicios de faltas, el 15% de la carga de trabajo. Cabría preguntarse si todos los delitos que contemplamos tienen que juzgarse por la causa penal", por ejemplo los delitos contra la seguridad en el tráfico. En mi opinión y pongo un ejemplo "¿hasta qué punto ir a 180 por la carretera es un delito, podrían ser infracciones administrativas como lo han sido siempre. Es un ejemplo y un opinión, pero si los juzgados están saturados por este tipo de cuestiones, obviamente no pueden estar pendientes de otro tipo de cuestiones", señala.

Sin embargo, el magistrado Pérez Villamil asegura que no es cuestión del tiempo y establece un ejemplo: "Cuando tienes que mandar una comisión rogatoria a Suiza, que la complementó a los tres años, es evidente que si le ponemos un tope de duración a los procedimientos penales este asunto estaría archivado para el regocijo del Gobierno de turno".

"Tendrán que durar lo que tengan que durar si se quieren perseguir las conductas criminales en que se fundamentan los casos de corrupción, y si se dota de medios a los jueces si se acaba con los paraísos fiscales por ejemplo es verdad que se acortarían mucho los tiempos y disminuirían las actividades corruptas", zanja Villamil.- La ayuda de la Comisión Europa

Villamil considera que "con voluntad férrea de la Unión Europea, en particular de la Comisión Europea para hacer una uniformidad fiscal en el ámbito de la UE, lo cual es muy difícil porque el actual presidente de la Comisión nos enteramos hace poco que fue presidente de un paraíso fiscal: Luxemburgo".- Acceso a cuentas bancarias como tiene el Ministerio de Hacienda

El magistrado Gallardo señala que uno de los problemas que existe en la Justicia a la hora de tratar los casos de corrupción es que no tiene el fácil acceso a las cuentas bancarias personales como lo tiene Hacienda. "Por eso resulta más fácil que nos engañen o que se declaren insolventes cuando no lo son". "Haría falta que los tribunales españoles tuviéramos acceso a cuentas bancarias, archivos y a una investigación tan eficaz como la que hace Hacienda investigando el patrimonio de las personas", apunta.- Despolitizar la Justicia

"La primera medida que realizaría es que los vocales judiciales elegidos por el consejo sean elegidos por los jueces y no por los partidos políticos, y en segundo lugar una vez que el consejo esté elegido que se les dote de competencias al CGPJ para que pueda darles a los jueces medios personales y materiales para que puedan ejercer su trabajo. Por ejemplo en Estados Unidos el equivalente al CGPJ es el que elabora sus propios presupuestos, de personal, material y lo discute todo directamente con el Congreso de los Diputados para aprobarlo. Entonces son los jueces los que deciden elaborar un presupuesto y lo someten a la aprobación del Congreso, en España es el Gobierno lo que decide qué le da a la justicia. Gran diferencia", señala Gallardo.

Por otra parte, el magistrado Pérez Villamil destaca su preferencia por el modelo del Ministerio Fiscal de Italia "porque tienen un estatuto muy parecido al de los jueces y por eso se le ha confinado la instrucción penal, es independiente del Gobierno a diferencia de nuestro país. En España es lo que propone el Gobierno y como rige el principio de jerarquía normativa es evidente que no estoy tranquilo como ciudadano al ver que hay un monopolio que se le otorga a un órgano que no es independiente", recoge.

"Para profundizar en esta independencia hace falta que el CGPJ no sea propuesto por los partidos como esta actualmente", resuelve el magistrado asturiano.- Consideran insufiente el modelo del Gobierno

Todos los magistrados y expertos coinciden en que las medidas del Gobierno, algunas son eficaces, pero que igual llegan tarde o son insuficentes para cómo se han multiplicado estos casos en los últimos años.

Así, Pérez Villamil recuerda que Rajoy expuso un borrado sobre el nuevo proyecto de Código Penal y "a mi juicio es muy moderno y está bien, pero hay cosas que me preocupan como por ejemplo que se reducen al mínimo las posibilidades de acusación popular. Gracias a la acusación popular se están manteniendo muchos casos de corrupción abiertos", advierte.

El catedrático Gilberto Pérez pone un ejemplo de 'lentitud española' haciendo ver que "el caso Madoff en Estados Unidos, creo que fueron meses hasta que lo metieron en la cárcel. Aquí en España el caso Gürtel no creo que sea más complicado que la estafa piramidal que montó Madoff en América".

Por otro lado, el presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, José Francisco Cobo Sanz propone:

Que todos los organismos e instituciones luchen juntos: "Necesitamos que la policía judicial esté a disposición de lo que va a pasar a llamarse juez de garantías cuando investigamos delitos penales".

Crear una red internacional de cooperación en contra de la corrupción: "El Consejo General del Poder Judicial ha creado una red que participe con España de cooperación jurídica internacional, para los jueces que llevan casos transfronterizos (nos pasa con asuntos como el de los corruptos que tienen cuentas en Suiza o Luxemburgo, muchas veces necesitamos cooperación de jueces a nivel internacional" "Se presta apoyo desde el Servicio de Relaciones Internacionales del Consejo General del Poder Judicial", señala.

Expertos en derecho de otros países: "Necesitamos expertos en derecho europeo porque no entendemos toda la legislación cuando hay casos que traspasan nuestras fronteras".

Disponibilidad de los funcionarios del Banco de España: "Precisamos asistencia específica de los expertos del Banco de España , porque hasta donde yo sé se cuidan mucho de dar información, necesitamos que tengan más disponibilidad,".

También fuentes muy cercanas a las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción de Palma de Mallorca señalan que se debería:- Actuar antes durante y después:

"Hay que hacer cosas antes, durante y después de las investigaciones de corrupción, tenemos grandes problemas de ineficacia en la Fiscalía".

- Más funcionarios que se dediquen a ello: "Hacen falta más cabezas porque la maquinaria ya funciona bien".- Exclusividad:

"Necesitamos exclusividad y medios humanos, hace seis meses que he estado despachando demandas de incapacidad, tenemos que dedicarnos por entero a la corrupción".

- Que las instituciones se dediquen específicamente a los delitos de Anticorrupción: "Necesitamos funcionarios, guardia civil y fiscales y jueces que se dediquen específicamente a la corrupción. También necesitamos una Fiscalía Anticorrupción que se dedique exclusivamente a esta tarea, no puede ser que estén despachando delitos por violaciones a la vez que llevan un caso de corrupción".-Reformar la Justicia Penal

El catedrático en Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, Gilberto Pérez señala que "cada Gobierno ha tenido su propio proyecto y observamos que esto ya no es un problema de parches que no sirven de nada. Lo que hay que reformar es la Justicia Penal".

-Regulación garantista del Código Penal. Para el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Aturias, José Ignacio Pérez Villamil no es cuestión de tiempo, tal y como apuntan algunos expertos, sino de "hacer una regulación clara de los procesos penales y fundamentalemente exhaustiva y garantista de lo que es la instrucción penal, no tanto en el ajuste de los tiempos, sino problablmente a la supresión de la multitud de recursos que se prevén en fase de instrucción contra cualquier resolución, por ejemplo".

-El derecho español falla en algunas figuras, deben crearse delitos tipificados en el Código Penal, como el enriquecimiento ilícito: "El derecho romano es muy arcaico, está desfasado, faltan delitos y figuras porque correspondían al siglo XIX, como las figuras de la malversación y la prevaricación", así lo asegura esta fuente anónima cercana a la Fiscalía de Palma. Además explica que muchas veces se dan de bruces con grandes casos de cuentas en el extranjero: "Los profesionales nos encontramos con cuentas tremendas en Suiza y en Andorra y no pueden justificar que esto es un delito, porque en realidad el enriquecimiento sin causa o ilícito es una figura que en España solo existe en el Código Civil, pero en Alemania y en Reino Unido sí que es un delito".

-Aprovechar los recursos que tenemos, pero aprovecharlos bien: "Los políticos no pueden hacer, con la presentación de estas medidas de corrupción, que estamos descubriendo un cementerio de elefantes todo el rato, en vez de inventar nuevas medidas tendríamos que utilizar los recursos que tenemos", explica el magistrado de la Audiencia Provincial de Navarra, José Francisco Cobo.-Más contundencia en la prisión provisional:

El Magistrado de la Audicencia Provincial de Sevilla, Conrado Gallardo asegura que "en otros países no tienen tanta corrupción porque tienen un sentido de la ética más arraigado que nosotros. Ningún sistema penal funciona si la mayoría de la población desobedece las leyes, un mayor respeto a la ley sería conveniente y hay que pensar que nos beneficia a todos. Para eso, harían falta sanciones y leyes más duras como reforzar la prisión provisional", señala.

-Fijarse en la investigación judicial de otros países, como Alemania, apostilla esta misma fuente:"Deberíamos copiar algunas cosas del derecho alemán porque es puntero, es el paradigma de la investigación judicial por excelencia, nuestro derecho se ha quedado atrasado porque tiene legislación del siglo XIX".

-Que cualquier persona sospechosa de corrupción deje sus cargos. Así lo expresa erl magistrado sevillano."He escuchado esta mañana parte del discurso inicial de Rajoy donde decía que parte de las instituciones no son corruptas, precisamente el no combatir con suficiente dureza este tipo de delitos provoca la desconfianza hacia todas las instituciones, que no funciones bien nada. Sería muy importante que existiesen medidas en la ley procesal que permitiese destituir rápidamente a cualquier persona sospechosa de corrupción, incluso a los cargos públicos. Tenemos el caso reciente de la ministra de Sanidad, Ana Mato, que ¿cuántos años ha estado en el cargo hasta que ha dimitido. No hubiera sido mejor que cuando la sospecha inicial que pesaba hubiese determinado que se apartase de un cargo público y se dedicase a la actividad privada?", comenta Gallardo.

-Beneficios penitenciarios reducidos a la nada. Esto es lo que apuntan desde Palma de Mallorca:"Los beneficios penitenciarios deberían ser mínimos con las personas que incurran en delitos de corrupción, de hecho creo que deberían ser hasta totalmente excluidos, recortados hasta cualquier punto".

-Que permanezcan en la cárcel hasta que no paguen."No tenemos medios de investigación, se podría proponer que estén en la cárcel hasta que no paguen, la condena condicional. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado con las propuestas porque lo que no se puede es establecer una prisión por deudas", advierte Gallardo y continúa señalando que "debería ser un factor importante a la hora de obtener condena condicional", zanja.