Los asesinados por los GAL no tendrán estatus de víctimas del terrorismo si fueron etarras

La Audiencia Nacional ha negado el derecho a percibir indemnizaciones como víctimas del terrorismo a las víctimas de los Grupos Antiterrorista de Liberación (GAL)cuando se haya acreditado su participación en la delincuencia organizada o su pertenencia a organizaciones terroristas como ETA.

Así consta en al menos dos sentencias dictadas por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en las que el tribunal confirma la decisión del Ministeriodel Interior de rechazar las indemnizaciones solicitadas por las familias del etarra José Antonio Lasa Arostegui, que fue asesinado en Bussot (Alicante) en 1983 junto a sucompañero José Ignacio Zabala, y del diputado de Herri Batasuna (HB) Josu Muguruza, que fue tiroteado en Madrid en 1989.

La Sala, que adopta esta decisión en virtud del Convenio Europeo sobre Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos, que entró en vigor en España en2002, sostiene que para acreditar la participación o pertenencia a una organización criminal de los solicitantes de la indemnización no es necesaria la existencia de unasentencia penal que así lo declare y basta con que "se infiera racionalmente de datos objetivos" que formen parte de una investigación.

Sin embargo, en el caso del cofundador del diario 'Egin' Ángel Etxaniz, la Sala estima su recurso al entender que en su caso no se ha acreditado su "participación" o"pertenencia" a ninguna organización criminal, puesto que su trabajo en el periódico o como miembro de Gestoras Pro Amnistía y HB no bastan para acreditar esta condición,"cuando además los pronunciamientos judiciales sobre estas entidades se produjeron 18 años después del fallecimiento de esta persona".No habrá acto de víctimas de ETA y los GAL en el Congreso

La Mesa del Congreso ha dado este martes marcha atrás y ha revocado la decisión que adoptó el pasado 7 de abril de autorizar la celebración en la Cámara Baja de un acto público en el que se iban a reunir víctimas de ETA y de los GAL.

La decisión se ha adoptado por unanimidad, con los votos de PP y PSOE, puesto que el representante de CiU en este órgano, Jordi Jané, no ha acudido al encuentro. Socialistas y 'populares' han unido sus votos para retirar aquel permiso que ellos mismos dieron, y su rectificación cuenta con el aval de los letrados de la Cámara a la vista del informe jurídico que había encargado el presidente,Jesús Posada, después de que los dos grupos mayoritarios, UPyD y el UPN, se opusieran a que ese evento tuviera lugar en la sede parlamentaria.

El pasado 7 de abril la Mesa del Congreso --donde están presentes PP, PSOE y CiU-- dio vía libre a la cesión de la Sala Ernest Lluch para celebrar la segunda edición de unas jornadas 'En favor de la paz y la convivencia en Euskal Herria', organizadas por la Parroquía madrileña SanCarlosLo pidieron cuatro grupos

Entonces la Mesa aplicó el criterio general de que si un grupo parlamentario solicita autorización para que se ceda una sala del Congreso, se le da, sin entrar a valorar el contenido del encuentro de cuyo desarrollo, eso sí, se hacen responsables los grupos que solicitaron el permiso. En este caso no fue un grupo, sino cuatro: Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU, PNV y elGrupo Mixto(del que forman parte ERC y Amaiur).

Ése fue el argumento que defendió Posada cuando el portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, le remitió un escrito quejándose de que se hubiera dado vía libre a la celebración de un acto auspiciado, entre otros, por la coalición abertzale.

Tras reafirmar inicialmente Posada la autorización dada por la Mesa, Hernando planteó el asunto el pasado 5 de mayo en la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso, un foro en el que también expusieron sus reparos los socialistas, UPyD y el diputado de UPN, Carlos Salvador.

Fue entonces cuando Posada encargó el informe jurídico que este martes ha analizado la Mesa del Congreso y en el que se ha basado para reconsiderar su primera decisión y no ceder la sala a los organizadores del polémico acto.

Tras recalcar que, tanto la primera autorización de la Mesa como su revocación, se hicieron a propuesta suya, Posada ha explicado que el informe jurídico que han analizado reconoce el "carácter discrecional" de las decisiones de la Mesa en esta materia es decir, que avala el permiso inicial.

Sin embargo, en el mismo también se incluyen "argumentos sobre hechos conocidos posteriormente a esa autorización", como la queja expresada por la Asociación de Víctimas delTerrorismo(AVT) o las declaraciones que en la primera edición de ese evento que tuvo lugar el año pasado participara un etarra no arrepentido.

"Había dos bienes que había que contraponer: la libertad de reunirse en el Congreso y las consecuencias que, con respecto a las víctimas, las asociaciones de víctimas y la posición misma del Congreso tenía esa autorización", ha indicado el presidente.No hay discusión sobre el terrorismo

En este sentido, la Mesa ha tenido en cuenta también la "especialísima relación que tiene el Congreso con las víctimas" y su decisión ha sido respaldada después en la Junta de Portavoces por PP, PSOE y UPyD.

Posada ha querido dejar claro que "no se trata de prohibir" el acto, sino de que no se celebre en una dependencia del Congreso. "Valoramos si es positivo para enaltecer a las víctimas que se celebre en un local del Congreso o que no se celebre y nos hemos inclinado por la segunda", ha resumido.

Además, ha destacado que la discusión que ha tenido lugar en la Junta de Portavoces no ha sido sobre la oportunidad de que un acto de estas características tenga lugar en la Cámara, pero que "en ningún caso" se ha centrado en el terrorismo. "No hay diferencias sobre el terrorismo en la Junta de Portavoces", ha añadido, pese a que Amaiur ha estado presente en ese debate.No cambiarán las normas

En cualquier caso, Posada ha garantizado que, pese a este episodio, el Congreso no va a cambiar las normas que rigen para la cesión de sus salas puesto que, a su juicio, éstas han funcionado "muy bien" y han permitido abrir la Cámara a "muchos grupos sociales".

Además, ha insistido en que en todo este tiempo también ha quedad muy claro que el Congreso "no avala" lo que se produce en esos actos sino que el responsable "siempre" es el grupo que solicita el local.

"Yo, más que nadie, soy consciente de la dificultad que hemos tenido pero no creo que sea motivo para cambiar un sistema que creo que está funcionando muy adecuadamente", ha concluido.