Sanidad exigirá una PCR negativa a los turistas que vengan de países de riesgo

Los turistas que quieran venir a España desde países con un alto riesgo de contagio tendrán que presentar una PCR negativa 72 horas antes de pisar suelo nacional. Esta es la principal medida que impulsará el Gobierno en los próximos días en la lucha contra el coronavirus, y que llega tras las reclamaciones de las comunidades autónomas de que se llevara a cabo un control más severo a quienes quieran atravesar la frontera. La decisión la ha comunicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, a los consejeros de Sanidad en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud que se está celebrando este miércoles, según confirmas fuentes de su departamento a La Información. Está previsto que se publique en el BOE a partir de mañana, aunque la idea es que su entrada en vigor se produzca el próximo 23 de noviembre. 

Según explica el ministerio, este requisito se incluirá en el Formulario de Control Sanitario que se utiliza en la actualidad. En concreto, se preguntará al usuario si dispone de un resultado diagnóstico negativo en una prueba que se haya realizado al menos tres días antes. Si los interesados no comunican esta circunstancia de manera telemática antes de llegar al aeropuerto, se les dará la opción presentar un certificado antes de embarcar en el avión. Pero la declaración no bastará, ya que las autoridades fronterizas podrán exigir que el turista les muestre la documentación. Este deberá presentar la copia original, ya sea en español o en inglés, y será válida tanto en formato electrónico como en papel. Una exigencia que Sanidad rechazó aplicar en el pasado. Y que ahora se sumará a los controles que ya se realizan, como el control de temperatura y la inspección visual.

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Determinar qué países son de riesgo para reclamar a sus habitantes la PCR en origen se decidirá en función de si pertenecen a la Unión Europea o están fuera de la misma. En el primer caso, se utilizarán los criterios recogidos en el documento 2020/1475, de 13 de octubre, que se basa en el sistema de semáforo para clasificar los datos de incidencia que presentan los países. El indicador más alto es el rojo, que establece que haya una incidencia superior a los 50 contagios por cada 100.000 habitantes y una tasa de pruebas positivas del 4% o superior. También entran en ese baremo aquellos estados donde la incidencia de los últimos 14 días supere los 150 positivos por 100.000 habitantes.

El criterio para los terceros países fuera de la UE se basará únicamente en la tasa de positivos registrada en los últimos 14 días. Los baremos europeos establecen el riesgo entre los 50 y los 150 casos por 100.000 habitantes, por lo que se prevé que el número definitivo que obligue a los turistas de países con esas cifras de contagios salga de esa horquilla. Tanto estos ciudadanos extranjeros como los europeos tendrán que ser advertidos por las agencias de viajes, los 'touroperadores' o las compañías de transporte del requisito de la prueba negativa. Todo el que no la tenga, no podrá entrar en España, aseguran fuentes del Gobierno.

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De aplicarse estos criterios que ahora impone el Ministerio de Sanidad a los propios ciudadanos españoles que quisieran visitar otros países, la realidad es que ninguno de ellos podría superar una frontera extranjera. La incidencia acumulada española alcanza los 524 casos por cada 100.000 habitantes, muy por encima del 150 máximo que se determinará para otros estados. Aun con esta circunstancia, el Ejecutivo toma esta medida, la cual justifican con la aplicación de la Recomendación de la UE 2020/1475, que "persigue acabar con la disparidad de los modelos de control sanitario implantados por los países de la Unión Europea", señalan desde Sanidad.

La decisión de la cartera de Salvador Illa ha sido celebrada por varias autonomías. La que más insistió en ello fue la Comunidad de Madrid, cuya presidenta, Isabel Díaz Ayuso, reclamó en numerosas ocasiones que se controlara lo que en la Puerta del Sol se llegó a definir como "el coladero de Barajas". La primera reacción de la administración madrileña ha llegado a través de su vicepresidente, Ignacio Aguado, que ha celebrado el giro del ministerio aunque haya sido "con una 'oleada de retraso'".