La mortalidad del Covid-19 se ceba (otra vez) con las residencias de ancianos. Tras un primer embite, cuando se detectaron más de una decena de positivos en el centro de La Paz el pasado 5 de marzo, Sanidad aceleró para sacar un protocolo específico que diera protección a los ancianos y seguridad a la plantilla. En las últimas 48 horas ha quedado patente que las carencias que sufrían estos centros han sido más fuertes que cualquier plan de choque: al menos 50 fallecidos han engrosado la lista de víctimas mortales que maneja la cartera de Salvador Illa. Todos ellos, internos de este tipo de centros distribuidos por todo el país.
El martes, la residencia Monte Hermoso, colindante con la castiza Casa de Campo, ocupó el foco mediático al registrar, de golpe, al menos 17 fallecidos. La información pilló casi por sorpresa a los familiares que denunciarion la opacidad y la mala gestión de la situación por parte de la dirección del centro. La crisis ha trascendido más allá de los muros del centro, de titularidad privada pero con plazas reservadas para la Comunidad de Madrid, y este miércoles la Fiscalía Provincial de Madrid anunció que ya ha incoado diligencias de investigación penal a raíz de una denuncia del Defensor del Paciente. Habrá que esperar para conocer si hay o no delito en lo ocurrido.
Una apremiante falta de recursos
Más allá del balance de los últimos días, las carencias con las que lidian los trabajadores de estas instituciones podrían tener consecuencias a futuro. Las empresas de atención a las personas de la tercera edad ya han lanzado su ultimátum. El Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs) y la Asociación Estatal de Servicios Residenciales de la Tercera Edad (AESTE) anticipan un colapso del sistema en siete días si no hay una inyección de recursos con carácter "urgente".
A varios kilómetros, sin salir de la capital, la residencia Montserrat Caballé en el barrio de Barajas, ha notificado el fallecimiento de seis personas en los últimos días, dos de ellas confirmadas con coronavirus. Pero la situación no se limita a la Comunidad de Madrid, sino que ya se extiende por toda España. Paralelamente, la Junta de Castilla-La Mancha ha anunciado que iniciará acciones legales contra el responsable de la residencia Elder de Tomelloso (Ciudad Real), José Manuel Sampedro, para tratar de esclarecer las causas de la muerte de al menos quince ancianos en el seno de este centro, otro de los focos de la pandemia.
Mucho más al norte, en Vitoria, este miércoles se registraban otros ocho fallecimientos en el centro de mayores de San Martín. Desde la residencia informaban de que, de los 90 internos que actualmente viven en la residencia, 45 habían dado positivo. Frente a las críticas sobre la alta tasa de positivos, Sanitas, empresa gestora de San Martín, aportaba un matiz: en su centro se han practicado las pruebas del Covid-19 a todos los internos y también a la plantilla. En otras residencias, el test solo se practica a personas sospechosas de haberse contagiado.
Lejos de tranquilizar a las autoridades sanitarias, la puntualización de Sanitas podría poner de relevancia un problema que aún no ha salido a la superficie: el número de contagiados registrados en las residencias es solo una pequeña parte entre todos aquellos a los que aun no se les ha realizado prueba alguna. El diputado general de Álava, Ramiro González, expresó este martes su preocupación por la situación en el centro vasco, que lleva siendo foco del virus "desde el principio de la crisis", situación siempre agravada por la especial vulnerabilidad de los residentes dada su avanzada edad..
Entre los beneficiarios del paquete de ayudas que ha reservado el Gobierno para paliar los efectos de la crisis se encuentran los mayores. Una partida de 600 millones de euros quedará reservada para mayores y dependientes. El Ejecutivo de Pedro Sánchez justificaba este trozo del 'pastel' dada la vulnerabilidad de estos colectivos -los ancianos, las personas sin hogar y quienes estén en situación de dependencia- al azote de la epidemia. Además, el Gobierno de coalición ha reservado otra partida para que sean los Ayuntamientos quienes administren los fondos en forma de políticas sociales. Ante la oleada de casos sin freno, la única duda es si esta partida llegará a tiempo.
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