La presión vecinal gana el pulso a la cuidadora 'okupa': "Se va el lunes"

"No puede con la presión, quiere estar tranquila y se va el lunes a las doce de la mañana". Son palabras de Rosana, una de las hijas de la mujer que falleció el pasado mes de marzo en su casa de Leganés (Madrid) por "posible coronavirus" y que estos días se ha conocido que su cuidadora habría mandado su incineración sin avisar a la familia, quedándose después 'okupando' su casa. Los vecinos de esta localidad madrileña han arropado a la familia que desde el primer día intentó negociar con una mujer que tras largas conversaciones entre abogados y una empresa de desokupación habría alcanzado un acuerdo asegurado que se irá del domicilio el próximo lunes a las 12:00 horas. Antes ya la habían ofrecido un piso de alquiler en el que pasar unos meses sin pagarlo, dinero y trabajo. 

"No hay derecho" es uno de los gritos que más se ha escuchado en esa calle  Juan Carlos I a la altura del número 21 donde los vecinos han declarado ante las cámaras que no entienden lo que le pudo suceder a Doña Pilar, una mujer de 75 años que, en apariencia, "estaba bien". Cuando sucedió todo su hija estuvo ingresada durante 40 días por covid en el hospital y fue allí donde recibió la noticia de la muerte de su madre. Estos días la hemos visto arropada por todos los vecinos que no han dudado en acercarse al portal donde la presunta okupa, Rosa, atendía por el telefonillo a los medios de comunicación culpando primero a la familia de mentir, desmintiendo todo lo que se decía sobre ella y por último reconociendo que estaba muy cansada.  

Tras seis meses viviendo en una casa donde "también se ha traído a los hijos" y donde algunos vecinos aseguraban a los micrófonos de televisión que "está alquilando habitaciones", esta mañana ha tenido lugar una negociación que en principio parecía alargarse porque las primeras noticias que llegaron hasta Rosana fue que el abogado de la cuidadora comunicaba que hasta el 1 de octubre no iba a abandonar el edificio. Al final se supone que lo hará el próximo lunes, lo que tranquiliza a Rosana, pero no implica que vayan a continuar con las denuncias que ya se han puesto. 

Según ha manifestado Rosana, la asistenta fue quien se encontró con el cadáver de su madre cuando acudió al domicilio, del que se tuvo que hacer con un juego de llaves, ya que era la propia Pilar quien le abría la puerta cada día, cuando acudía durante dos horas a ayudarle en la limpieza y otras tareas del hogar. A continuación, la asistenta, de origen peruano, llamó al seguro de decesos, informó de que la mujer no tenía familia y se puso como beneficiaria del seguro, decidiendo también la incineración del cadáver, ha explicado la hija de la fallecida. "Nadie en el seguro comprobó nada, eso es lo más turbio", ha dicho Rosana, que afirma que diez días antes de la muerte de su madre, la asistenta había cambiado la titularidad de los suministros de la vivienda, de la que ya no salió. 

La familia, que espera que se cumpla su palabra,  han confirmado ante los micrófonos de 'Espejo Público' que presentarán nuevas denuncias "por los presuntos delitos que haya cometido".La familia de Pilar ya presentó una denuncia en marzo por estos hechos, aunque la hija de la fallecida ha explicado que la han ido ampliando a lo largo de los meses y que también tienen intención de denunciar a la asistenta por un posible delito de homicidio. "Tenemos dudas y queremos que se investigue la muerte de mi madre", ha comentado. A lo largo de estos meses, según Rosana, han intentado negociar con la mujer su salida de la vivienda, ofreciéndole incluso 5.000 euros o el pago de un alquiler durante seis meses en otra casa. "Pero ella nos pidió 15.000 euros y luego nos dijo que hasta que no se lo dijera un juez, no se iría de la casa", ha añadido.

El caso de esta "vecina muy querida en el barrio" ha llevado a los vecinos a la calle, al igual que lo hicieron los del barrio de A Zapateria en A Coruña para expulsar a unos okupas que habían entrado a vivir en un chalet con piscina cuyo precio rondaba el millón de euros. Tampoco dudaron en plantar cara los habitantes de Villaviciosa de Odón cuando se percataron que en uno de los chalets vecinos que estaba vacía acababa de entrar una familia. En la puerta se quedaron hasta que lograron que fueran expulsados. En los tres casos todos piden unas leyes que "no solo proteja al delincuente". De hecho, el 93% de los españoles considera que es necesario implementar una normativa que respalde el desalojo inmediato para prevenir daños y otros problemas derivados de la ocupación, según la última encuesta de Securitas. Direct.

La indignación vecinal es también un reflejo de cómo las empresas de alarmas ven incrementadas las peticiones de los ciudadanos que si antes tenían miedo a que entraran a robar en sus viviendas ultimamente expresan su temor a que a la vuelta de vacaciones no puedan entrar porque hay otros inquilinos.  José González, director de la Unidad Residencial de Johnson Controls, relataba a La Información que muchas de las personas que llamaban interesadas en los servicios de seguridad de su empresa lo hacían "por los okupas", sobre todo, tras los meses de confinamiento. 

La avalancha de llamadas, un 30% más, fue tal que el porcentaje de servicios que ofrece esta multinacional en España ha cambiado, pasando de ser un 60% residencial y 40% en el pequeño comercio a un 80% en los hogares. Los datos que maneja Securitas Direct van en la misma línea. Desde la compañía aseguran a este medio que la okupación es un problema que cada vez preocupa más a los españoles. De hecho, el interés por contratar una alarma para evitarla ha ido creciendo con los años. Según sus datos, el 16% de los clientes la tienen por este motivo.