Las negociaciones del Gobierno para acabar con las exenciones de los colegios privados a la hora de declarar el IVA ha sido duramente criticada desde la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), que muestra su sorpresa y preocupación y advierte de que "existiría un riesgo evidente de que muchos colegios se vean abocados a cerrar". Alerta que ello "supondría un incremento del gasto público anual de 3.000 millones" y arroja un panorama aún más negro para el número de parados porque estima "una importante pérdida de miles de puestos de trabajo". Según ha podido saber La Información, los encargados de dar forma al borrador de Presupuestos Generales del Estado de 2021, María Jesús Montero y Nacho Álvarez, discuten en estos momentos imponer un IVA del 21% a determinadas actividades de la sanidad y la educación privadas.
Desde la asociación consideran que "la noticia sería un ataque a un derecho esencial como es la Educación, que tendría como perjudicados a las familias y por supuesto a la educación que reciben muchos niños, máxime en un momento en el que la sociedad, en su conjunto, y los colegios, en lo particular, como otros sectores, estamos sufriendo las consecuencias de la repercusión de una grave crisis sanitaria". De seguir adelante, "iniciaremos las conversaciones con los ministerios competentes", aseguran lamentando que una decisión así se estudie con la crisis sanitaria en la que estamos inmersos, teniendo en cuenta el " sobreesfuerzo que están realizando los colegios para garantizar el derecho a la educación de todos los niños y niñas". Estos centros se han adaptado a la vuelta a las aulas con la Covid-19 sin subvenciones y garantizando que todas las medidas sanitarias y educativas que había que cumplir (alumnos por aula, geles, educación a distancia, aumento de profesorado...) se estén haciendo.
CICAE va más allá del daño que pueda hacer a la educación que se recibe en muchos colegios de élite porque "el verdadero daño sería para las familias. No solo para los padres de los colegios privados, que podrían ver incrementado su gasto educativo, sino también para las familias de la escuela pública". Recalcan desde la asociación que una medida así "supondría que parte de los padres de los centros de enseñanza privada no pudiera hacer frente a la cuota, lo que aumentaría considerablemente el alumnado que los colegios públicos tendrían que absorber, con un aumento de ratios en las aulas". En la actualidad en la educación privada en España hay matriculados 595.578 alumnos -2.080.444, en la concertada- durante el curso 2017-2018 (últimos datos que aparecen en el Ministerio de Educación).
Los colegios privados no terminan de creerse que "el Gobierno quiera aprobar una medida de este calado, que supondría un golpe inasumible no solo para la educación privada, también para las familias y el conjunto del sistema educativo, que sin duda se verá fuertemente afectado en el equilibrio actual". Por ahora, el intercambio de opiniones en el Gobierno es intenso a escasas jornadas de que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias den a conocer, en un acto conjunto, el documento programático de cuentas públicas que abrirá la negociación con el resto de grupos parlamentarios.
Actualmente en educación, la Ley del IVA contempla que estarán exentos de tributar "la educación de la infancia y de la juventud, la guarda y custodia de niños, incluida la atención a niños en los centros docentes en tiempo interlectivo durante el comedor escolar o en aulas en servicio de guardería fuera del horario escolar, la enseñanza escolar, universitaria y de postgraduados, la enseñanza de idiomas y la formación y reciclaje profesional, realizadas por entidades de derecho público o entidades privadas autorizadas para el ejercicio de dichas actividades". También están exentos "los servicios prestados a personas físicas que practiquen el deporte o la educación física" siempre que este servicio este relacionado o sea prestado por entidades de derecho público, federaciones deportivas, el COE o el Comité Paralímpico español, y entidades deportivas privadas de carácter social.
El coste de la exención fiscal: 1.763 y 1.694 millones
La exención del IVA a la educación y a la sanidad privadas implica un coste fiscal para las arcas públicas de 1.694 y 1.763 millones de euros, respectivamente, según cifró la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en el informe Evaluación del Gasto Público 2019. El informe, en el que se analiza cómo repercute ese beneficio fiscal en el gasto público, sin embargo no concluye que eliminar las exenciones al sector privado permita eliminar ese coste fiscal.
La autoridad independiente señala que establecer un IVA del 21% a las actividades anteriores supondría también un incremento del coste para la Administración porque "una elevada proporción de la demanda ahora satisfecha por el sector privado se trasladaría al sector público". En concreto, en el peor de los casos el coste ascendería a 2.145 millones de euros, en el caso de la sanidad.
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