Doha, 27 nov.- Japón mantiene su rechazo a prolongar los compromisos del Protocolo de Kioto para un nuevo periodo, aunque continuará con sus inversiones contra el cambio climático, apuntó el embajador japonés para el Medio Ambiente, Masahiko Horie.
En una rueda de prensa en Doha, donde ayer comenzó la Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el embajador japonés insistió en que el principal desafío del encuentro es crear un nuevo marco "justo y eficaz" para abordar el cambio climático.
Horie justificó la postura de su país dado que "las emisiones de los países que están legalmente obligados por el Protocolo de Kioto representan solo el 26 % de las emisiones globales de dióxido de carbono".
"Si seguimos así, solo una cuarta parte del mundo tiene la obligación legal y las otras tres cuartas partes no están obligadas en absoluto", agregó.
Japón llega a Catar con la determinación de no aceptar nuevos compromisos a menos que grandes contaminantes como China, EEUU y la India estén sujetos a restricciones similares.
El representante de la delegación nipona explicó que la llamada plataforma de Durban, la ciudad sudafricana donde se celebró la anterior cumbre de cambio climático, comenzó a trabajar en un nuevo marco y se espera llegar a acuerdos antes de 2015.
Horie apuntó que Japón ha reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero y destinado hasta 17.400 millones de dólares en ayudas a los países en desarrollo, especialmente a aquellos que están esforzándose en reducir sus emisiones o son particularmente vulnerables al cambio climático.
Además, Japón ha puesto en marcha 191 estudios de viabilidad en 31 países desde 2010 para facilitar la difusión de las tecnologías, productos y servicios con bajo nivel de carbono; al tiempo que ha introducido este año un impuesto que grava el calentamiento global y fomentado las energías renovables.
El Protocolo de Kioto, cuyo primer periodo de aplicación culmina este año, comprometía en su día a Japón a reducir sus emisiones un 6 % respecto a los niveles de 1990, aunque en 2009 el Gobierno nipón fue más allá y estableció la ambiciosa meta de reducirlas un 25 % para 2020.
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