Justicia chilena rebaja en dos años la condena de líder mapuche

  • La justicia chilena rebajó hoy en dos años la condena de 14 años y un día que cumple el líder mapuche Héctor Llaitul por el ataque a un fiscal y el asalto a un agricultor, en el marco del conflicto indígena que se vive en la región de La Araucanía, en el sur de Chile.

Santiago de Chile, 11 ene.- La justicia chilena rebajó hoy en dos años la condena de 14 años y un día que cumple el líder mapuche Héctor Llaitul por el ataque a un fiscal y el asalto a un agricultor, en el marco del conflicto indígena que se vive en la región de La Araucanía, en el sur de Chile.

Según fuentes judiciales, a Llaitul, que hoy cumplió 59 días en huelga de hambre, se le evaluaron los anteriores períodos que permaneció en prisión preventiva, situación que le permitió la rebaja de su sentencia.

El defensor penal público Pelayo Vial sostuvo que al líder de la CAM, una organización radical mapuche que ha tomado parte en el conflicto por tierras en Chile, se le abonaron dos años.

"Son los años en los que él estuvo privado de libertad en dos causas, en una fue absuelto, en la otra sobreseído", precisó el letrado.

En tanto, su esposa Pamela Pezoa dijo a los periodistas que aún no sabe las razones del traslado de su marido desde la cárcel de Angol hasta el recinto penal El Manzano de la ciudad de Concepción, ocurrido el pasado 4 de enero.

En esa oportunidad, miembros de la CAM dijeron a los medios de comunicación que el traslado fue una medida de represión por un atentado incendiario ocurrido en la localidad de Vilcún, en la región sureña de La Araucanía, donde murieron el empresario agrícola Werner Luchsinger, de 75 años, y su esposa, Vivianne McKay.

La CAM fue acusada por el Ejecutivo de estar detrás de varios incendios que en enero del 2012 arrasaron el sur del país y que en localidad sureña de Carahue costó la vida a siete brigadistas que luchaban por apagar las llamas.

Los mapuches, unos 600.000 en un país de 16,6 millones, son la principal etnia indígena de Chile. La base del conflicto que enfrenta a algunas comunidades con el Estado es la reivindicación de las tierras de sus ancestros.

En la Araucanía, la región más pobre del país, los indígenas ocupan unas 600.000 hectáreas, un 5 por ciento de las tierras heredadas de sus familiares y una sexta parte de lo que poseen las compañías forestales.

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