Sevilla, 25 feb.- La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha pedido hoy al Gobierno central que aplique el proyecto que la Junta de Andalucía impulsa desde 2010 para la gestión y control de las bajas por incapacidad laboral, dados sus buenos resultados para médicos y pacientes.
Montero ha subrayado, en rueda de prensa, que este proyecto piloto, denominado IT21 y por el que el paciente recibe junto con el parte de baja todos los partes semanales de confirmación, según la previsión de un catálogo de enfermedades, ha ahorrado cientos de miles de bajas laborales, ha reducido su duración media y ha evitado millones de consultas médicas para su tramitación.
La consejera ha explicado que entre un 8 y un 15 por ciento de las consultas de Atención Primaria se dedicaban a tramitar partes de baja médica, según los datos de la Junta de Andalucía.
Los resultados del proyecto IT21 han sido calificados de "esperanzadores" por Montero pues, según sus datos, de las 850.000 bajas laborales anuales existentes en Andalucía en 2009, con una duración media de 52 días, se ha pasado en 2012 a 500.000 bajas con una duración media de 40,7 días.
Además, si antes se consumían 8,5 millones de consultas de Atención Primaria para tramitar estas bajas, en 2012 se requirieron sólo 6,2 millones de consultas.
La consejera ha explicado, a preguntas de los periodistas, que esta reducción de las bajas no se puede atribuir sólo a la crisis y al miedo a perder el empleo pues los 23 centros de salud que iniciaron este proyecto piloto, extendido ahora a medio centenar de centros, han logrado reducir la duración media de estas bajas a 37,5 días frente al promedio de 40,7 días de los demás centros de del sistema sanitario público andaluz.
Estos centros acogidos al proyecto IT21 también han logrado ahorrar 369.000 consultas médicas dedicadas a tramitar bajas laborales, el 66 por ciento de las existentes anteriormente.
Montero ha pedido que este sistema se extienda al sistema sanitario público español y así lo ha alegado en el borrador del real decreto que el Ministerio de Sanidad prepara sobre esta materia, que sólo prevé que el parte de baja y los de confirmación se emitan el mismo día en el caso de enfermedades comunes de duración inferior a los siete días.
"El decreto del Gobierno mejora algo respecto a lo existente pero no tanto como hemos podido demostrar en el proyecto piloto de Andalucía", ha apostillado.
La consejera ha expresado su preocupación por que el proyecto del Gobierno establezca que la opinión de los médicos de las mutuas prevalecerá frente a la de los facultativos del sistema público de salud, que sólo dispondrán de cuatro días para dictaminar en contra, porque, en su opinión "puede ayudar a que en algunas enfermedades primen los intereses de las empresas frente a los derechos de los enfermos".
"Tememos que en el control de las bajas no primen los criterios médicos sino los criterios economicistas que pueden perjudicar la salud de los enfermos; hay un riesgo de no garantizar suficientemente que las personas enfermas no puedan permanecer de baja todo el tiempo que necesiten para recuperar su salud", ha apostillado la consejera.
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