Los peritos no aclaran las causas del accidente de helicóptero de Torallola

Lleida, 25 oct.- Los peritos que han testificado hoy en el juicio por el accidente de helicóptero de Torallola (Lleida) no han podido aclarar las causas del siniestro, que se produjo en el año 2002 y causó la muerte de los ocho ocupantes de la aeronave, ante la falta de pruebas convincentes.

La vista oral que desde la pasada semana se celebra en la Audiencia de Lleida ha contado hoy con la declaración de los dos ingenieros del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) que analizaron las piezas del helicóptero tras el accidente, así como dos peritos propuestos por la acusación.

Pablo Sebastián y Agustín Sánchez, del INTA, elaboraron un total de cinco informes periciales tras analizar los restos del helicóptero Augusta Bell 205 que la mañana del 14 de junio de 2002 se precipitó contra el suelo tras desprenderse en pleno vuelo el cono de cola de la nave.

En el accidente murieron el piloto, el copiloto, tres responsables de la conselleria de Industria, entre ellos la entonces delegada del departamento en Lleida, Divina Esteve, y tres técnicos de la compañía Fecsa-Endesa, que había contratado los servicios de la aeronave para realizar una revisión aérea del tendido eléctrico.

Los dos expertos estudiaron minuciosamente diversos elementos del helicóptero, como el cono de cola, el rotor posterior o el revestimiento de la aeronave, pero no así los largueros de la parte derecha del helicóptero, que quedaron totalmente destrozados como consecuencia del impacto contra el suelo, y los herrajes, que también resultaron muy dañados.

La imposibilidad de analizar estos elementos, han explicado, les impide llegar a una conclusión definitiva sobre cuál fue la causa de la rotura del cono de cola.

"No hay suficientes pruebas físicas", ya que "no quedó nada del lado derecho", han apuntado los peritos.

Han subrayado, no obstante, que basándose en los elementos de análisis de que disponían no detectaron "nada anormal" en el estado de la aeronave, pues las piezas se correspondían con las que indicaba el fabricante y el material "era totalmente correcto".

En su opinión, el accidente se produjo por una "sobrecarga estática", una fuerza extraordinaria que sobrevino en un momento puntual durante el vuelo, aunque "no se puede determinar" cuál fue esa fuerza.

En este sentido, los peritos propuestos por la acusación, los doctores en ingeniería aeronáutica Jesús López y Cristina Cuerno, han afirmado que los helicópteros en general son capaces de resistir hasta el 50 por ciento más de la carga máxima indicada por el fabricante, por lo que es poco probable que la aeronave siniestrada en Torallola se partiera en dos por llevar ocho ocupantes.

Precisamente, los abogados de los cuatro acusados están basando su defensa en demostrar que ese día el piloto, por iniciativa propia, permitió que subieran a la nave seis personas ajenas a la compañía aeronáutica, pese a que el helicóptero no tenía permiso para transportar viajeros.

López y Cuernos tampoco han arrojado luz sobre las causas del accidente, aunque han planteado dos posibles hipótesis: que el helicóptero no hubiera seguido el programa de mantenimiento adecuado o que el fuselaje tuviera algún daño que no hubiera sido detectado en las revisiones previas.

Estos dos expertos han confirmado además que el aparato, que el acusado Pedro María Sáenz de Maturana, administrador de la empresa Helieuropa Services, adquirió en una subasta al Ejército del Aire, fue completado con piezas procedentes de otras aeronaves e incluso de museos.

Además de Maturana se sientan en el banquillo de los acusados el director de Operaciones de la empresa, Andrés García; el director de Calidad, José Carlos de la Peña, y el técnico de mantenimiento Carlos Mejías.

El fiscal solicita cinco años y nueve meses de prisión para cada uno de los cuatro acusados, a quienes imputa ocho delitos de homicidio por imprudencia profesional y un delito contra los derechos de los trabajadores.