Militares retirados piden a Mujica vetar la norma que anula la Ley de Caducidad

Montevideo.- Los militares uruguayos retirados pidieron hoy al presidente del país, José Mujica, que vete el proyecto de ley aprobado por el Senado para invalidar la Ley de Caducidad, que impidió juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidas por uniformados durante la dictadura (1973-1985).

El general retirado Ricardo Galarza, presidente del Círculo Militar, hizo esa petición en la conmemoración anual de los caídos en la "Lucha Contra la Sedición", que recuerda a los militares muertos antes y durante la dictadura en el combate contra la guerrilla de los Tupamaros.

Después de realizar el pedido, respaldado también por el Centro Militar, otro de los organismos que reúne a exuniformados, Galarza indicó que en el país ahora solo quedan "tres posibilidades".

"El señor presidente quiere y puede; el señor presidente quiere y no puede, o el señor presidente ni puede ni quiere" vetar el proyecto de ley, aprobado el martes únicamente con los votos del oficialismo.

En el acto castrense participaron los expresidentes Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), del Partido Colorado, y Luis Alberto Lacalle (1990-1995), del Partido Nacional, además del coronel Guillermo Cedrés, presidente del Centro Militar, y la mayoría de los comandantes en jefe del Ejército de los últimos años.

Galarza sostuvo también que en las medidas judiciales que en los últimos tiempos derivaron en el procesamiento e ingreso a prisión de algunos militares retirados "se ignoró, deliberadamente o no, información relevante y de importancia capital".

Manifestó, asimismo, que en el país se ha extendido una "seudo defensa" de los derechos humanos y denunció el "sistemático ataque al instituto militar".

Unas doscientas personas, entre oficiales militares y familiares, abarrotaron la sede de la institución, situada en el centro de Montevideo.

La Ley de Caducidad no impidió que en los últimos años decenas de militares y policías fueron procesados y encarcelados, por violaciones a los derechos humanos, entre ellos el exdictador Gregorio "Goyo" Alvarez.

Según la también llamada "Ley de Impunidad", el Poder Ejecutivo tiene la potestad de decidir qué casos pueden ser excluidos de la norma y cuáles no, un aspecto que fue usado por los gobiernos de izquierda que han gobernado desde 2005 para iniciar varios procesos.

Ahora, con el nuevo proyecto interpretativo de esa ley se abre la puerta sin excepción a los juicios contra militares y policías responsables de crímenes.

La norma debe ser ratificada por la Cámara de Diputados, de donde surgió y que debe refrendar unas modificaciones menores realizadas en la Cámara Alta, y por Mujica, algo que tanto los legisladores como el mandatario han anunciado que harán.