Santiago de Chile, 17 jul.- Un juez chileno procesó hoy a dos coroneles retirados de la Fuerza Aérea (FACH) por haber presuntamente torturado hasta la muerte al general Alberto Bachelet, padre de la expresidenta Michelle Bachelet, informaron fuentes judiciales.
Los procesados, según una resolución dictada por el juez especial Mario Carroza, son los coroneles Edgar Ceballos Jones y Ramón Cáceres Jorquera, a quienes el magistrado les imputó el delito de torturas con resultado de muerte.
Carroza dictó la resolución casi un mes después de que el Servicio Médico Legal (SML) diera a conocer el pasado 21 de junio el resultado de una serie de pericias que establecieron que Bachelet murió a causa de las torturas que sufrió tras ser detenido y acusado de "traición a la patria", a comienzos de 1974.
El padre de la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010) fue uno de los integrantes de la Fuerza Aérea que no se unieron al golpe militar que, encabezado por Augusto Pinochet, derrocó al Gobierno de Salvador Allende.
Tras su detención, Bachelet fue encerrado en una cárcel de Santiago, de la que periódicamente, al igual que los demás militares constitucionalistas, era trasladado casi a diario a la Academia de Guerra Aérea, donde se les torturaba.
El último traslado fue el 11 de marzo de 1974 y devuelto horas después en muy malas condiciones físicas.
"Al día siguiente, en horas de la mañana, y producto de una dilatación cardíaca aguda, la víctima fallece en dependencias de la Cárcel Pública sin recibir los cuidados que requería dada la complejidad de su cuadro y la falta de medios para asistirlo", señaló el SML en su informe.
La investigación sobre la muerte de Alberto Bachelet se reabrió, después de ser declarada prescrita por la Corte Suprema sin que se hubiesen realizado diligencias, tras una querella presentada en 2011 por familiares de las víctimas de la dictadura sobre más de 700 presuntos casos de violaciones a los derechos humanos que no habían sido indagados por la Justicia.
Según el juez Carroza, "todos los interrogatorios a los que fue sometido el general Bachelet, habrían agravado su situación coronaria, lo que probablemente sea la causa de la muerte del general".
"Las conclusiones del Servicio Médico Legal son concluyentes", dijo a los periodistas el magistrado, que advirtió la posibilidad que en los próximos días se dicten nuevos procesamientos a oficiales que hayan tenido alguna participación en el ilícito.
La viuda del general Bachelet, Ángela Jeria, y la expresidenta Michelle Bachelet interpusieron hoy una querella contra los dos coroneles retirados procesados y los otros miembros de las Fuerzas Armadas que puedan haber tenido alguna responsabilidad en la muerte del general.
Jeria, que presentó el escrito en el Palacio de Tribunales en compañía del abogado Isidro Solís, recibió la noticia del procesamiento de los dos exoficiales "con mucha tranquilidad" porque "se puede esperar que la justicia cumpla su papel".
El abogado, en tanto, se mostró convencido de que en las próximas semanas habrá más procesamientos en el caso porque "existen pruebas de otras personas implicadas en la muerte del general Bachelet".
Tras conocerse el mes pasado el informe del SML, el Gobierno chileno que preside Sebastián Piñera, consideró "dramática" la muerte del general.
"Se trata de un hecho muy dramático que reafirma legal o científicamente algo que de alguna forma desde hace años ya se había conocido por otras vías", afirmó en la ocasión el ministro Andrés Chadwick, portavoz de La Moneda.
La expresidenta Michelle Bachelet, en ese tiempo estudiante de Medicina y su madre, Ángela Jeria, también fueron detenidas y recluidas en un centro de torturas de la DINA, la policía secreta de la dictadura, tras el golpe militar encabezado por Pinochet.
Durante la dictadura (1973-1990) unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que unos 1.192 permanecen aún como desaparecidos, mientras alrededor de 32.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.
Los coroneles Ceballos Jones y Cáceres Jorquera ya han enfrentado antes a la Justicia por su responsabilidad en otros casos de violaciones a los derechos humanos.
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