Desde hace una década, cuando el tristemente famoso corralito, son muchas las ocasiones en que Argentina ha incumplido sus compromisos con los inversores internacionales.
Una espiral que ha ido en ascenso bajo los mandatos del matrimonio Kirchner, con el agravante de que es el único país que no respeta las decisiones de los tribunales de arbitraje internacionales.
Ni siquiera la primera potencia mundial, Estados Unidos, es capaz de combatir con las armas legales a la impunidad argentina, como quedó en evidencia el pasado mes de marzo, cuando el presidente Barack Obama impuso sanciones comerciales al país, ante la negativa de éste a pagar los más de 300 millones de dólares que debe, según varios fallos arbitrales, a dos compañías estadounidenses.
En concreto, Estados Unidos ha echado a Argentina del Sistema Generalizado de Preferencias (GSP), que exime de aranceles a las importaciones de numerosos de productos a una serie de países en desarrollo.
Para hacerse una idea de la gravedad de los hechos, se trata del primer país que ha sido expulsado de este programa, algo que por el momento no ha convencido al Gobierno de Fernández de Kirchner a compensar a Azurix Corp, firma de suministro de agua, ni a Blue Ridge Investment, filial de Bank of America, como le ha dicho la Justicia.
Pocas esperanzas para Repsol
Con estos antecedentes, ¿qué puede esperar Repsol? "No tiene ninguna opción", responde el profesor de Economía de IE Business School, Juan Carlos Martínez-Lázaro, quien da por hecho que Argentina ofrecerá por el 51% de YPF una cifra muy inferior a los 10.500 millones que exige la petrolera.
"Argentina está en un constante default (impago), ya sea con bonos públicos o en este tipo de litigios", añade el docente de IESE-Universidad de Navarra, Rolf Campos, que ve en el corralito, y la incapacidad que desde entonces adolece el país latinoamericano para hacer frente a sus pagos, el motivo de fondo de esta morosa actitud que sigue teniendo.
Con Repsol, los expertos dan por hecho que seguirá el mismo guión. "Argentina lleva meses tirando a la baja el valor de YPF en bolsa para, ahora, poder expropiar a precio de saldo. Repsol podrá recurrir al Ciadi, pero el conflicto se alargará años y, aunque le den la razón, luego tendrá serios problemas para cobrar la deuda", añade un experto en arbitraje que prefiere mantenerse en el anonimato.
Para el profesor Campos, la opción que debería elegir la compañía presidida por Antonio Brufau es coger el dinero que le ofrezca inicialmente Argentina y, la diferencia hasta la cifra que debe pagarle, exigirla en tribunales internacionales.
El problema, según Martínez-Lázaro, es que el país latinoamericano no tiene dinero ni para indemnizar a Repsol, ni para invertir el dinero que necesita YPF, lo que, probablemente, le llevará a seguir adoptando decisiones unilaterales similares cuando lo necesite. "No va a ser la última vez que lo haga, porque el Gobierno argentino está en una actitud completamente cleptómana de búsqueda de fondos", asegura.
Del corralito a la confiscación de Aguas Andinas
El historial de impagos argentinos se remonta más de una década. Fue el 1 de diciembre de 2001 cuando la economía argentina colapsó y se llevó por delante los 102.000 millones de dólares que tenían en deuda del país inversores de todo el mundo. Todavía hoy, muchos de ellos siguen sin recuperar un dólar.
En diciembre de 2003, el difunto esposo de la actual presidenta, Néstor Kirchner, rompió las reglas de juego, rechazó someterse al dictamen del Club de París, y sólo ofreció a los acreedores reestructurar su deuda, sin reconocer intereses y con una quita del 75%.
Tras años de negociaciones, el 92,4% de los tenedores aceptó en dos rondas diferentes, pero con una condiciones leoninas, que conllevarón quitas del 65%. Sin embargo, todavía quedan cerca de 8.000 millones pendientes de cobro, en su mayoría propiedad de inversores estadounidenses, que siguen insistiendo para que Argentina se someta a las reglas del Club de París.
Pero ni el apoyo de la Administración Obama, ni las presiones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM) han conseguido doblegar a Argentina.
Las compañías españolas también han sufrido en sus carnes las unilaterales decisiones de los Kirchner. Telefónica, Endesa o Abertis han visto como el Ejecutivo argentino les obligaba a modificar las tarifas, saltándose los principios de seguridad jurídica.
Aunque, hasta la expropiación de Repsol, el capítulo más oscuro vivido por una empresa española en Argentina lo escribió Aguas de Barcelona (Agbar), que junto al gigante francés Suez controlaba la empresa Aguas Andinas.
Hace diez años, cuando Argentina devaluó drásticamente su peso y congeló tarifas, borró de un plumazo las condiciones de esta sociedad, ya que, como muchas otras, tenía ligados sus ingresos al principio de paridad peso-dólar. El conflicto llegó a su máxima expresión cuando Argentina decidió fulminar el contrato, en 2006.
Agbar, junto a Suez, recurrió al Banco Mundial, al Tribunal Arbitral del Ciadi, que hace dos años falló a favor de los reclamantes, que pedían 200 millones de euros. Sin embargo, Argentina todavía no ha pagado ni un céntimo.
Repsol conoce muy bien este caso, y las lecturas que puede extrapolar ahora para su sí mismo, ya que por aquellos años, cuando Agbar sufrió los embistes de los Kirchner, los dos grupos formaban parte de la órbita de La Caixa.
Hoy, la compañía catalana está controlada por Suez, pero tampoco la bandera francesa consigue doblegar al Gobierno argentino.
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