La Vicepresidencia de Asuntos Económicos está decidida a buscar en el mercado los perfiles profesionales que o bien escasean o bien no existen en la Administración para asegurar una adecuada gestión de los más de 70.000 millones de euros en fondos europeos que el Gobierno espera invertir en los próximos tres años. Así se lo han comunicado los responsables del área de recursos humanos de la Vicepresidencia a los sindicatos en una reunión celebrada hace apenas una semana en la que se les informó de la intención de autorizar varias contrataciones tanto de personal laboral como de personal fuera de convenio para cubrir los puestos que el departamento que dirige Nadia Calviño considera como fundamentales para gestionar adecuadamente la avalancha de recursos que tendrán que distribuir hacia el tejido productivo durante los próximos tres años.
El análisis de disponibilidad realizado por la Vicepresidencia de Asuntos Económicos, que el decreto que regula los fondos europeos exigía tener en febrero pero que en la práctica se ha retrasado varias semanas, ha determinado que las necesidades específicas asociadas a la gestión del fondo no podrán ser cubiertas únicamente con los mecanismos de reajuste interno que se previeron en la norma. El Real Decreto aprobado el pasado mes de diciembre habilitaba al Gobierno para mover funcionarios de unos departamentos a otros dentro de los ministerios e incluso desde los ministerios menos implicados en la distribución de los fondos hacia aquellos otros que soportarán el peso del proyecto, fundamentalmente la Vicepresidencia de Asuntos Económicos, el Ministerio de Transición Ecológica, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y en menos medida el Ministerio de Industria, para dotar de forma suficiente las unidades que van a llevar el peso de los fondos europeos.
Parte de esas necesidades que no se puedan cubrir con personal de dentro de la Administración se cubrirán siguiendo los mecanismos establecidos en el Convenio Único, es decir, mediante el recurso al SEPE para contratar a personas en situación de desempleo o mediante la realización de alguna convocatoria pública. Pero para los perfiles más especializados, Economía ha advertido a los sindicatos que se utilizarán otros procesos de selección. El Ministerio entiende que, sobre todo, necesitará economistas y en concreto profesionales especializados en contabilidad, según aseguran fuentes sindicales presentes en la reunión con el Ministerio. Lo que no ha concretado es cómo se hará ese proceso de selección. Durante la pandemia, organismos públicos como Seguridad Social o los Servicios Públicos de Empleo han recurrido a Tragsa para incorporar personal auxiliar para sacar adelante la carga de trabajo extra que les cayó por los ERTE o por la gestión del Ingreso Mínimo Vital, pero no consta que Economía vaya a utilizar esa misma vía.
La Vicepresidencia de Asuntos Económicos no es el único departamento que se está reforzando. El Ministerio de Hacienda, del que depende la relación con Bruselas, la coordinación con las administraciones territoriales y las unidades que distribuirán los fondos europeos y, sobre todo, el control del gasto y la evaluación de su correcta asignación a través de la Intervención General del Estado, ya ha comenzado a reforzar los dos órganos críticos en la realización de estas tareas, según confirman fuentes ministeriales: la Secretaría General de Fondos Europeos, dirigida por Mercedes Caballero, que ya ha comenzado a reforzar la dotación de personal de las dos direcciones generales de nueva creación que sostendrán su operativa los próximos años, singularmente la nueva Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; y la Intervención General del Estado, que se encargará de todo el control y fiscalización de ese gasto.
Hace poco más de una semana aterrizaron en el Ministerio de Hacienda 27 nuevos interventores, procedentes del último proceso de selección, y la mayoría de ellos han sido asignados a las unidades de apoyo para dar servicio a la Oficina Nacional de Auditoría y al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, los dos órganos a los que el esquema de gobernanza diseñado por Moncloa otorga las competencias de control y fiscalización de los fondos. Este último organismo ha más que duplicado su dotación de personal.
Según la información remitida a Bruselas el pasado viernes por la Vicepresidencia de Asuntos Económicos, el Gobierno ha reservado 13,5 millones de euros de 2020 a 2026 para afrontar el pago de los salarios del personal involucrado en la gestión de los fondos europeos. Aquí entrarán los sueldos al personal externo que se incorpore a la Administración para apuntalar las unidades más escasas de personal y también los incentivos a abonar a los funcionarios a los que se cambie de puesto para enrolarse en alguno de los departamentos que se van a encargar de este proyecto.
Preocupación en los sindicatos y en los gobiernos autonómicos
Los sindicatos no ocultan su preocupación por la falta de transparencia con la que, a su juicio, se está llevando a cabo el proceso de reasignación de recursos de personal para atender la avalancha de trabajo que se viene con los fondos europeos. Les inquieta que cuando estamos ya en el mes de mayo y el Gobierno les traslada su intención de empezar a ejecutar fondos europeos en julio todavía no hayan recibido información alguna sobre el número de funcionarios que tendrán que cambiar de unidad, departamento o ministerio, que no se haya aclarado cómo se realizarán esos traslados y tampoco la retribución específica que van a percibir por desempeñar tareas en las unidades orientadas a los fondos europeos.
Fuentes de CCOO subrayan que la Administración debería aclarar lo antes posible si se va a priorizar la reasignación de funciones dentro de una misma unidad sobre los traslados de una unidad a otra, cómo se va a garantizar la igualdad de acceso a esas unidades, el orden en que se van a llamar a los aspirantes de las bolsas de interinos, los complementos salariales a percibir o la incidencia de esos traslados transitorios para cumplir funciones que en algunos casos pueden ser diferentes a las que venían desarrollando en la Administración sobre la carrera profesional. "¿Cómo se va a tener en cuenta a efectos de antigüedad o de carrera profesional? Hay funcionarios a los que un eventual traslado a otra unidad puede perjudicarles a la hora de aspirar a puestos de mayor rango. Todo eso debería regularse y debería hacerse con nuestra participación", asegurando desde CCOO.
El apagón informativo en torno a estos asuntos es notable. Y de eso se quejan también las comunidades autónomas. Varios gobiernos regionales han solicitado formalmente a Hacienda apoyo técnico para ejercer las funciones de control sobre el gasto que se le asignan sobre la fondos que les tocará distribuir - casi el 50% del total - sin que hayan recibido todavía respuesta. "Nos vamos a reorganizar y aumentaremos la dotación de recursos, pero aún así es la Intervención de Hacienda la que tiene el personal más especializado para realizar esa supervisión. Pedimos que nos presten auxilio técnico", subrayan desde un ejecutivo regional gobernado por el PSOE.
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