Economía confía en que la segunda oportunidad no encarezca los préstamos hipotecarios

El Gobierno considera que la ley de segunda oportunidad no supondrá un encarecimiento de los préstamos hipotecarios, ya que la norma "no incentiva las insolvencias estratégicas".
Fuentes del Ministerio de Economía y Competitividad explican que el proceso recogido en esta ley, que permite a los afectados liquidar todos su patrimonio para quedar exonerados de sus deudas, no supondrá un incremento del coste de la financiación, ya que no es una dación en pago selectiva que permita al deudor decidir qué bienes le conviene liquidar.
Por el contrario, se trata de una liquidación global del patrimonio, por lo que sólo cuando el afectado ha entregado todos sus bienes puede acceder al llamado "beneficio de exoneración de pasivo no satisfecho".
No obstante, desde el departamento que dirige Luis de Guindos subrayan que esta posibilidad es el último recurso. Antes, el afectado debe intentar alcanzar un acuerdo con sus acreedores para lo que el Ejecutivo ha introducido también medidas para que sea más fácil alcanzar estos pactos.
En este caso, el Ejecutivo ha decidido habilitar a los notarios para que puedan actuar como mediadores en estos acuerdos extrajudiciales.
Si no se alcanza este acuerdo, el afectado puede declararse en concurso, para lo que a partir de ahora deberá acudir a un juez de primera instancia, en lugar de a uno de lo mercantil como ocurría hasta ahora.
EXCLUIDOS
Una vez que el afectado accede al beneficio de exoneración del pasivo no satisfecho, se le condonarán los préstamos salvo los créditos contra la masa (principalmente los necesarios para que funcione la empresa y los gastos de administración del concurso), los de privilegio general (no sobre un bien concreto sino en general), los créditos públicos y los de alimentos (como los procedentes de pensiones alimenticias).
En estos casos, el beneficiario tendrá un plazo de cinco años para afrontar su pago.
CÓDIGO BUENAS PRÁCTICAS
No obstante, desde Economía afirma que "habitualmente", en el caso de las personas más vulnerables, les será más beneficios acogerse al código de buenas prácticas bancarias, ya que pueden encontrar una solución sin perder todos sus bienes.
En este caso, el Gobierno ha decidido también ampliar el umbral de exclusión que permite a las personas beneficiarse de este código de buenas prácticas, como por ejemplo ampliando de 12 a 14 mensualidades del IPREM el nivel anual de renta máxima, y se incluye a todos los mayores de 60 años.
Según el Ministerio, estos cambios, en una estimación "un poco apriorística", supondría casi doblar el número de personas incluidas.