El defensor del pueblo recibe "un elevado número de quejas" de falta de accesibilidad al transporte público

El informe del Defensor del Pueblo correspondiente al año 2010 recoge "un elevado número de quejas" relacionadas con problemas de accesibilidad de personas con discapacidad a estaciones de Renfe y a los transportes públicos, que carecen a veces de espacios adecuados o de instalaciones adaptadas a las necesidades de este colectivo.
A este respecto, la Secretaría de Estado de Transportes remitió a la oficina del Defensor del Pueblo un informe en el que manifestaba que Renfe Operadora trabaja activamente en el desarrollo de un Plan, con el fin de universalizar la accesibilidad en el servicio
Del mismo modo, el informe, presentado este miércoles en las Cortes Generales, se hace eco de las trabas que encuentran algunos ciudadanos con problemas físicos cuando quieren obtener una tarjeta de aparcamiento especial para ellos, pese a tener reconocido un grado de discapacidad superior al 80% y demostrar impedimentos para su adecuada sujeción en los transportes públicos.
El baremo que se aplica actualmente para evaluar las dificultades de movilidad a la hora de utilizar transportes públicos excluye del acceso a las tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad "a un considerable número de ciudadanos" que las solicitan, indica el trabajo del organismo que dirige María Luisa Cava de Llano.
Y esto, prosigue, incluso en el caso de personas que llevan prótesis de las dos manos, lo que les origina un grado de discapacidad del 83%, les impide el manejo de los billetes y les dificulta la sujeción de seguridad en los transportes públicos.
SANCIONES
Por otra parte, la oficina del Defensor del Pueblo constata que en 2010 sólo la Comunidad Foral de Navarra había regulado el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, aplicable en su territorio.
Y es que, señala el Defensor, "para la plena eficacia del sistema" sancionador, recogido en la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, este régimen de infracciones y sanciones, debería ser objeto de tipificación por el legislador autonómico.
A juicio de esta Institución, "las personas con discapacidad no deberían quedar desprotegidas por la inexistencia de un procedimiento sancionador administrativo a nivel autonómico".
Finalmente, el texto del Defensor del Pueblo recoge quejas de personas con discapacidad relacionadas con la falta de acceso al ocio y al entretenimiento, entre otras parcelas.