El Gobierno evaluará la viabilidad jurídica y el "consenso" al decidir el ATC

  • Madrid.- El Gobierno va a tener en cuenta para decidir la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Residuos Nucleares, además de los aspectos técnicos, la "viabilidad jurídica" de su decisión y el "máximo consenso" en torno a este asunto.

El Gobierno evaluará la viabilidad jurídica y el "consenso" al decidir el ATC
El Gobierno evaluará la viabilidad jurídica y el "consenso" al decidir el ATC

Madrid.- El Gobierno va a tener en cuenta para decidir la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Residuos Nucleares, además de los aspectos técnicos, la "viabilidad jurídica" de su decisión y el "máximo consenso" en torno a este asunto.

Así lo ha explicado hoy la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, tras un desayuno informativo con la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), en el cual ha dicho que espera que el Ejecutivo reanude "lo antes posible" el debate interno para decidir dónde se situará el futuro almacén de residuos nucleares.

Ha recordado la vicepresidenta que el Consejo de Ministros ya conoció el viernes el informe de la ponencia técnica sobre el ATC, presentado por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, en el cual la localidad valenciana de Zarra aparece como la mejor valorada.

"Se ha hecho un importante y buen trabajo", ha señalado respecto al contenido de este documento.

De la Vega ha señalado que aunque el Gobierno comenzó el viernes su deliberación sobre el futuro ATC "el debate no ha concluido" y por ello ha encargado un informe "jurídico competencial".

"Esperemos que cuando se disponga de ese informe y continúe el debate se pueda tomar una decisión, que espero que se retome lo antes posible", ha añadido.

No ha querido De la Vega anticipar fechas sobre la decisión final del Ejecutivo respecto al TC precisamente porque el Gobierno tiene que esperar antes al informe jurídico.

Después, su tarea consistirá en "concluir el debate y tomar la decisión" que en todo caso, ha puntualizado, deberá atender "al interés general, los aspectos técnicos, la viabilidad jurídica y el máximo consenso".

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