El PP podrá nombrar Presidente de RTVE sin necesitar el acuerdo del PSOE

Madrid, 20 abr.- El Gobierno ha aprobado hoy un decreto ley que permitirá que el Congreso de los Diputados nombre al presidente de RTVE por mayoría absoluta, y no por dos tercios, lo que habilita al Grupo Popular para aprobarlo con sus votos.

El PP podrá así recurrir a su mayoría absoluta para elegir al presidente de la Corporación si no llega a un consenso con otros partidos y, en concreto, con el principal grupo de la oposición (PSOE).

La oposición socialista ha considerado que con esta decisión el ejecutivo rompe el consenso que ha marcado a la Corporación RTVE desde su creación en la pasada legislatura, ha calificado la decisión de "golpe de mano" y ha anunciado un posible recurso al Tribunal Constitucional.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado hoy que el decreto resolverá el bloqueo que sufre la Corporación, que impide "presentar las cuentas anuales y los presupuestos para el presente ejercicio".

Sáenz de Santamaría se ha comprometido a seguir buscando el acuerdo y ha defendido que se mantiene el carácter parlamentario del nombramiento.

La ministra portavoz ha anunciado además que el número de consejeros de la Corporación se reducirá de 12 a 9 y que no tendrán dedicación exclusiva, ni asignación salarial, salvo lo que perciban en concepto de dietas por asistir a las reuniones.

La única excepción la constituirá el propio presidente de la Corporación, ha informado Sáenz de Santamaría, quien ha recordado que el sueldo de cada uno de los consejeros ascendía a 110.000 euros anuales.

PSOE y UPyD se han opuesto hoy a la medida, mientras que IU ha alertado contra los "comisarios políticos" en la televisión estatal.

El PSOE ha difundido un comunicado en el que considera esta decisión "injustificable", niega que haya bloqueado la renovación de cualquier órgano, incluida RTVE, y anuncia un posible recurso ante el Tribunal Constitucional porque la tramitación de urgencia de la decisión por decreto no está, a su juicio, justificada.

El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha considerado que la decisión del Gobierno supone "otro recorte intolerable de Rajoy: esta vez, a la libertad de expresión".

La crítica del líder socialista se une a otras de dirigentes de ese partido como su "número dos", Elena Valenciano, para quien la decisión supone un "golpe de mano" y "golpe institucional" del Gobierno y pone "fin a la televisión plural".

El secretario de Organización del partido, Óscar López, ha advertido por su parte de que el PSOE "tratará de paralizar con todas sus fuerzas" la medida.

Por su lado, el coordinador general de IU, Cayo Lara, ha manifestado hoy que lo importante es que la Corporación, como medio público de comunicación, "no tenga ningún tipo de comisarios políticos".

A juicio de Lara lo fundamental en RTVE es que "tenga plena independencia" y que ésta se traslade a sus profesionales.

La líder de UPyD, Rosa Díez, ha considerado hoy que la decisión del Gobierno supone "un retroceso".

En un comunicado, Díez ha añadido que dicha decisión no puede justificarse por el "bloqueo" de los socialistas en las negociaciones para dicha renovación, algo que, a su juicio, es "también impresentable".

La vicepresidenta ha conocido durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros las afirmaciones de Valenciano y ha respondido que "lo que no era en 2006 un golpe institucional, tampoco lo puede ser en 2012".

Sáenz de Santamaría aludía a que lo aprobado hoy por el Gobierno recupera una disposición transitoria de la ley de 2006, apoyada entonces por el PSOE.

"Hemos trabajado para conseguir el acuerdo pero no puede demorarse sine die" ante los "problemas muy graves" en RTVE, que "desde hace meses no tiene presidente" y, en su ausencia, no puede presentar el anteproyecto de presupuestos y ejecutar así el recorte de 203 millones de euros establecido por el ejecutivo para los mismos.

En apoyo de la medida ha hablado también el diputado popular Ramón Moreno, quien ha acusado al PSOE de no preocuparse de la situación de bloqueo que atraviesa la Corporación.