España es ya el segundo país de la UE en multas y sanciones de Bruselas

Fuerte tensión el pasado fin de semana entre el Gobierno central y las CCAA por la atención médica a inmigrantes ilegales. Tras la negativa de las nuevas CCAA socialistas a dejar sin cobertura a los sin papeles, y el anuncio de Cristina Cifuentes en Madrid, de sumarse a esta tesis, como "una obligación moral", Mariano Rajoyanunció el sábado una propuesta de cobertura para todas las CCAA, que se propondrá en el próximo Consejo Interterritorial de Sanidad.

¿Qué hay detrás de esta decisión, y de las amenazas del secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, a las CCAA de posibles "consecuencias catastróficas" por su decisión, como "multas diarias millonarias" por parte de la Unión Europea e incluso "paralización de fondos europeos".

Razones políticas y económicas. España cerró 2014 siendo el tercer país de la UE con más casos de infracción (86) tras Grecia e Italia (ambos con 89), pero se ha convertido ya en el segundo Estado miembro en el ranking de sanciones europeo.

El lamentable avance lo ha provocado el falseamiento de las cuentas entre 1988 y 2011 de los gobiernos de Joan Lerma (PSOE), Eduardo Zaplana (PP) y Francisco Camps (PP) en la Comunidad Valenciana, que provocó en julio una multa de 18,93 millones de euros por la Comisión Europea, que el Gobierno ha recurrido.

El importe de la multa es casi simbólico, porque podría haber ascendido a unos dos mil millones de euros (el 0,2% del PIB). La trascendencia es sobre todo política: se trata de la primera sanción acogida a la nueva gobernanza comunitaria de 2011, tras el escándalo de las cuentas falseadas de Grecia, inicio de graves consecuencias que estamos viendo.

Pero también hay un alcance económico. Si la Comisión presenta un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por transposición tardía, e incluso otras causas, podrá imponer sanciones financieras sin tener que esperar una primera sentencia.

El objetivo de esta innovación del Tratado de Lisboa -se dice oficialmente- es ofrecer a los Estados miembros "un mayor incentivo" para transponer las directivas en los plazos fijados por el legislador.

La multa diaria propuesta por la Comisión en 2013 oscilaba entre 4.224 y 148.177,92 euros.Ese año, la mayoría de las propuestas de sanción por retraso en la transposición de las directivas se presentó en política energética. Hay que decir, en todo caso, que la Comisión Europea todavía no había propuesto al Tribunal de Justicia de Luxemburgo, que dirime los litigios entre Bruselas y los Estados, y los recursos de particulares y empresas, que aplique los pagos a tanto alzado.

En cuanto al caso valenciano, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó en mayo que el Gobierno recurriría esta sanción por considerar que "no se han cumplido los procedimientos sancionadores de la UE".

En efecto, la CE aplicó de forma retroactiva un reglamento que entró en vigor en diciembre de 2011 y que sanciona unos hechos cometidos con anterioridad a esa fecha, "cuando no eran susceptibles de sanción", dice el ministro. La investigación afectó únicamente al periodo 2011-2012, ya que la manipulación de datos cesó en 2012.

Crecen los expedientes de la Comisión a España

Las elecciones europeas y el recambio en la Comisión favorecieron en 2014 a España, porque estas investigaciones son lentas y tuvo lugar el cambio en el Ejecutivo comunitario.

España tenía 86 expedientes sancionadores pendientes en 2014, tras Grecia e Italia, con 89. Y el más fuerte de 2015, ya citado, ha sido el de la Comunidad Valenciana. Las cifras han crecido respecto a 2013, año en que Italia, Grecia y España, con 67, 61 y 58 nuevos procedimientos sancionadores encabezaban el ranking.

Entre los expedientes de Bruselas más conocidos -todavía abiertos o ya cerrados, económicos y políticos-, están los siguientes:

Céntimo sanitario. "Es contrario" al derecho comunitario, dijo el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. La cantidad a devolver parecía rondar los dos mil millones de euros, y los transportistas reclaman la responsabilidad patrimonial del Estado, aunque muchos en su momento no recurrieron.

Ayudas estatales a los astilleros. La Comisión Europea pidió a España que recuperara las ayudas, consideradas de Estado, a los astilleros mediante un sistema de bonificaciones fiscales favorable a los inversores. La decisión dejó al margen a los armadores y a los astilleros. El comisario Joaquín Almunia, socialista, que llevó el tema y dejó al sector español tocado, exigió finalmente el reembolso de las deducciones fiscales desde 2007, y no desde 2005, como había dicho inicialmente.

Ayudas a los clubes de fútbol. En diciembre de 2013, la Comisión Europea abrió una investigación para determinar si las ventajas fiscales, préstamos bancarios y operaciones inmobiliarias de los que se han beneficiado siete clubes de fútbol profesional constituyen ayudas públicas ilegales.

Los equipos afectados son Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao, Osasuna, Valencia, Hércules y Elche.

"El fútbol es pasión pero también negocio", afirmó la comisaria Margrethe Vestager en un encuentro informativo de Europa Press en Madrid, en el que calificó de "sorprendente" la cantidad de datos que han tenido que analizar para determinar la situación de los distintos clubes.

"Esperamos que después del verano podamos acabar los casos que siguen abiertos", ha afirmado la comisaria, quien añadió que es pronto para formular hipótesis.

Tarjeta sanitaria. Bruselas decidió actuar contra España en mayo de 2013, tras recibir denuncias sobre la existencia de hospitales públicos españoles en zonas turísticas que supuestamente cobraban a los ciudadanos comunitarios por servicios que son gratuitos. El problema, según Bruselas, se concentrabaen zonas turísticas.

La normativa europea establece que losvisitantes temporalesde otros Estados miembros que tengan la tarjeta sanitaria europea deben recibir asistencia sanitaria urgente "en las mismas condiciones" que los ciudadanos nacionales, dentro de la sanidad pública.

Un año después, en mayo de 2014, un portavoz comunitario señaló que "las autoridades españolas han cambiado el sistema", por lo que el Ejecutivo comunitario "podrá cerrar el procedimiento muy pronto, porque ya se ha resuelto el problema".

Pelotas de goma en Ceuta. La entonces comisaria de Interior, Cecilia Malmström (hoy de Comercio), señaló que no dudaría "en actuar si la investigación muestra que ha habido una vulneración de las leyes de la UE", en relación con la muerte de 15 inmigrantes en El Farajal (Ceuta) y el uso de pelotas de goma por la Guardia Civil. Bruselas pidió explicaciones a España.

Doctrina 'Parot'. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó el recurso del Gobierno español contra la liberación de la etarra Inés del Río, a la que se le aplicaba la reducción de pena sobre el total de años de condena y no sobre el máximo de cumplimiento. Posteriormente han sido liberados otros etarras con el mismo criterio.