Gobierno de España y oposición socialista pactan aliviar los desahucios

Madrid, 7 nov.- El Gobierno de España y el opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE) acordaron hoy adoptar medidas legales urgentes contra los desahucios de viviendas que afectan a cerca de 400.000 familias, entre ellas inmigrantes latinoamericanos, que se han multiplicado debido a la crisis.

El pacto podría dar lugar a un real decreto ley o un proyecto de ley que se tramitará por el procedimiento de urgencia en el Parlamento, según informaron la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, en sendos comunicados.

La intención es articular medidas "preventivas y paliativas", que tengan el máximo consenso y que presten una atención preferente a las familias en situación más vulnerable.

Valenciano y Saénz de Santamaría insistieron en la necesidad de que se acometa el problema de los desahucios con celeridad, así como que las medidas tengan el máximo consenso y la mayor efectividad posible. Ambas estarán a cargo del seguimiento del trabajo de los expertos.

La actual legislación en España establece que en el caso de que una persona no pueda pagar las cuotas de la hipoteca, el banco o la entidad financiera prestataria puede embargar la vivienda y seguir exigiendo el pago de la deuda hasta que se salde la misma, con lo que la dación no está contemplada en la ley.

El acuerdo alcanzado por los dos mayores partidos españoles se produce en medio de un gran debate social y un creciente malestar por el elevado número de familias afectadas, que al perder el trabajo no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas.

El índice de desempleo asciende en España a un 25 por ciento de la población activa.

La reforma de la normativa de desahucios ha ido sumando apoyos y los jueces decanos de España, entre otros colectivos, han reivindicado modificar la ley hipotecaria, algo que en su opinión constituye un "clamor" social.

Para proteger a deudores hipotecarios sin recursos, el Gobierno aprobó en marzo pasado una normativa que contenía también un Código de Buenas Prácticas para la banca.

En el segundo trimestre de este año los desahucios solicitados ascendieron a 18.886, mientras que los órganos judiciales acordaron la práctica directa de 29.275 desahucios, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Entre 2006 y 2011 se registraron en España 396.943 ejecuciones hipotecarias, una cifra equivalente al 10 % de las hipotecas formalizadas a favor del comprador de vivienda en el mismo periodo.

Los inmigrantes ecuatorianos, los latinoamericanos más numerosos en España, con unas 400.000 personas (600.000 con doble nacionalidad), pidieron a principios de año al Gobierno de Quito que les apoyara, pues unas 8.500 familias estaban afectadas.

Ante esta situación, la embajadora de Ecuador en España, Aminta Buenaño, puso en marcha un servicio de asesoramiento jurídico para los afectados.

El propio presidente ecuatoriano, Rafael Correa, se interesó por sus nacionales en un viaje que realizó a España en marzo pasado, en que se reunió unos 2.000 con miembros de la comunidad en Murcia (sureste) a los que dijo que Ecuador recibirá "con los brazos abiertos" si quieren regresar a su patria.

Correa también se reunió con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, con quien trató sobre este problema y la forma de mitigar los desahucios.

En este esfuerzo para aliviar a los afectados, el Gobierno español ha pedido a las patronales de los bancos y las cajas, la AEB y la CECA, respectivamente, datos precisos sobre los desahucios que se producen en España, según indicaron a Efe fuentes del sector financiero y del Ejecutivo.

Además, el Banco de España enviará información detallada tanto al Gobierno como al Parlamento para conocer en detalle qué tipo de ejecuciones hipotecarias se están llevando a cabo, y de ellas, cuáles corresponden a viviendas o a locales de negocios.