La presión popular palía el drama de los desahucios

Cristina Heusel y Berta Pinillos

Madrid, 15 nov.- La presión que han ejercido los ciudadanos para poner fin al drama de los desahucios ha obtenido su fruto con la aprobación por parte del Gobierno de varias medidas que ayudan a paliar el drama de los desahucios, que en los últimos años ha dejado a miles de familias en la calle.

Los jueces y la banca también han reaccionado a las reivindicaciones populares, que han provocado que el Ejecutivo y el PSOE se sienten a negociar una solución para los desalojos.

El suicidio el pasado 9 de noviembre de una mujer en Barakaldo cuando iba a ser desalojada de su piso provocó que el Ejecutivo y el principal partido de la oposición acelerarán el intento de búsqueda de una solución a un problema para el que la sociedad clama un punto y final.

Hasta llegar al día de hoy, en el que el Gobierno ha aprobado un real decreto por el que se paralizan dos años los desahucios en determinados casos, los movimientos sociales surgidos a raíz de la crisis económica, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, han tenido que recorrer una auténtica carrera de fondo que dura ya cerca de cuatro años.

En el caso de la Plataforma, aunque fue constituida en 2009 no fue hasta el pasado año, con el nacimiento del movimiento 15M, cuando comenzó a tomar más protagonismo.

Así, con el impulso de los "indignados", con el poder de convocatoria de las redes sociales y con las peticiones de los propios afectados, se ha conseguido dar gran visibilidad mediática a un clamor que ya estaba en la calle y que ha llegado hasta el Parlamento.

Esta presión de la ciudadanía, a través de campañas como "Stop Desahucios", ha conseguido que se paren numerosos desalojos, y que las miradas también se centren en los bancos, a los que les reclama la dación en pago o el alquiler social para los desahuciados.

Las medidas adoptadas hoy por el Gobierno, con todo, no han satisfecho a algunos de los colectivos de afectados. La portavoz de Stop Desahucios, Ada Colau, por ejemplo ha afirmado que es "completamente absurdo" que las nuevas medidas se apliquen solo en unos determinados casos de vulnerabilidad.

"Es como poner a los pobres a competir entre ellos a ver quién es más desgraciado", ha afirmado.

El pasado 12 de noviembre, la Asociación Española de la Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), las dos patronales del sector financiero, anunciaron una moratoria en los desahucios a la espera de que el Gobierno y el PSOE pudieran cerrar un pacto de reforma de la legislación de ejecuciones hipotecarias.

Los jueces también han contribuido a que el Gobierno afronte el problema: desde sentencias que obligaban a los bancos a devolver las viviendas a los desalojados hasta informes críticos con la actual ley hipotecaria, tal y como ha hecho el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Así las cosas, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la vicesecretaria general socialista, Elena Valenciano, se reunieron la pasada semana para tratar de llegar a un acuerdo en este sentido.

Las conversaciones se aceleraron a causa de dos suicidios en menos de un mes, el de la mujer en Barakaldo, y el de un hombre en Granada, ambos cuando iban a ser desalojados de sus respectivas viviendas.

En los últimos días, expertos propuestos tanto por el PSOE y el Gobierno se han reunido para consensuar una solución.

De momento, el Consejo de Ministros ha aprobado un real Decreto-Ley por el que creará un "fondo social de viviendas" destinadas al alquiler para personas que hayan perdido su vivienda y paralizará los desahucios durante dos años.

A esta última medida se podrán acoger quienes tengan un nivel de renta inferior a tres veces el índice de renta IPREM (unos 1.600 euros mensuales) -una renta anual de 19.200 euros-, familias numerosas, con menores de tres años a su cargo, personas en situación de incapacidad o dependencia, deudores en paro y sin prestación por desempleo y determinados casos de violencia de género.