¿Qué consecuencias penales puede haber para los controladores?

Jueces, magistrados y expertos en derecho penal discrepan de los delitos que podrían imputarse a los controladores que se han negado a trabajar desde este viernes y destacan que en el más grave de los supuestos podrían ser castigados con hasta 15 años de cárcel si los tribunales consideraran que han cometido un delito de sedición.

Un experto en jurisdicción militar ha defendido que, una vez decretado el estado de alarma por el Gobierno, los controladores han quedado "movilizados por el Ejército", por lo que a efectos jurídicos el incumplimiento de las órdenes de sus superiores supondría en el caso más grave la comisión de un delito de sedición, castigado con penas de uno a 15 años de cárcel.

El delito de sedición, recogido en el artículo 91 del Código Penal Militar, contempla la actuación de "los militares que, mediante concierto expreso o tácito, en número de cuatro o más o que, sin llegar a este número, constituyan al menos la mitad de una fuerza, dotación o tripulación, rehusaren obedecer las órdenes legítimas recibidas". Mayor pena para los cabecillas

El tipo penal especifica que los que incumplieran los "deberes del servicio", amenazaran, ofendieran o ultrajaran a un superior, serán castigados con la pena de uno a 10 años de prisión "cuando se trate de los meros ejecutores" y con la de dos a 15 cuando se trate de "los promotores, del cabecilla que se ponga al frente de la sedición y, en todos los casos, si se trata de oficiales o de suboficiales".

Por su parte, el delito de desobediencia militar está recogido en el artículo 102 del Código Penal Militar, que establece que "el militar que se negare a obedecer o no cumpliere las órdenes legítimas de sus superiores relativas al servicio que le corresponde será castigado con la pena de tres meses y un día a dos años de prisión".

"Si la desobediencia consistiera en rehusar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones militares, se impondrá la pena de dos años y cuatro meses a seis años de prisión y la pérdida de empleo", añade este artículo.Delito ya cometido

El portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, ha señalado que los controladores aéreos ya habrían cometido un delito de sedición, al haber provocado "un abandono total y tumultuario del servicio que ha derivado en el cierre del espacio aéreo".

A su juicio, a este delito, que también está contemplado en el artículo 20 de la Ley Penal de Navegación Aérea, podría sumarse el de desobediencia si los controladores se negaran a acatar las órdenes de la autoridad militar. Delitos del código penal ordinario

Sin embargo, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Miguel Ángel Gimeno, ha sugerido que sería más adecuado aplicar a la situación creada por los controladores el Código Penal ordinario. En su opinión, estos trabajadores habrían cometido un delito de coacciones o de abandono de un servicio público esencial, que llevan aparejadas penas más leves que en los casos de desobediencia y sedición militar.

La coacción, recogido en el artículo 172 del Código Penal, prevé penas de prisión de entre seis meses a tres años, según la gravedad o los medios empleados. Por su parte, el abandono del servicio público no está castigado con cárcel y quien lo cometa se enfrenta a una suspensión de empleo durante un periodo de entre seis meses o dos años.

Las Fiscalías.... encima

La Fiscalía de Madrid, que abrió ayer diligencias por el plante de los controladores en el aeropuerto de Barajas y la base de Torrejón por un posible delito de sedición, citará a unos cien controladores para tomarles declaración a partir del jueves y no descarta tomar medidas cautelares en algunos casos.

Así lo ha señalado el fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, Eduardo Esteban Rincón, en declaraciones a un grupo de periodistas, a los que ha explicado que durante el jueves y el viernes previsiblemente se tomará declaración a cerca de un centenar de controladores, que fueron identificados anoche por la Policía y la Guardia Civil.

Esteban Rincón ha dicho que serán llamados a declarar los controladores que faltaron a su puesto de trabajo o que habiendo asistido lo habían abandonado este viernes y este sábado por la mañana, antes del estado de alarma, puesto que a partir de esa decisión del Gobierno los controladores tienen que someterse a las autoridades militares, con lo que será la jurisdicción militar la que analice si incurren en otros tipos de delitos

También la Fiscalía Superior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado abrir diligencias penales de investigación ante la situación creada por los controladores aéreos.

Según ha acordado la mañana de este sábado la fiscal superior del TSJC, Teresa Compte, la situación puede ser constitutiva de un delito del artículo 20 de la Ley de navegación aérea.

A su vez los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias han presentado una denuncia contra los controladores aéreos al entender que el abandono de sus puestos de trabajo puede ser constitutivo de un delito contra la administración pública, desobediencia y sedición.

El texto de la denuncia, que el propio presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha colgado en su blog personal, afirma que se ha obstaculizado e impedido de forma absoluta la normal prestación del servicio público esencial para el transporte aéreo, algo "imputable de forma exclusiva a la conducta manifiestamente ilegal del colectivo de controladores aéreos".

También la Fiscalía Superior de Galicia ha anunciado este sábado que está estudiando la posibilidad de abrir "diligencias penales" en relación con el conflicto de los controladores aéreos y sus efectos en los tres aeropuertos gallegos.

Según han explicado fuentes de la entidad, el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, ha dado instrucciones a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para que investiguen lo ocurrido en los últimos días en los aeropuertos gallegos con el fin de "tomar la decisión oportuna".