Un vecino de Sallent denuncia a España ante la CE por caso de Iberpotash

Barcelona, 29 may.- Un vecino de Sallent (Barcelona), Sebastià Estradé, ha presentado una denuncia contra España ante la Comisión Europea por la "inactividad" de la Generalitat frente a los "incumplimientos medioambientales" que este particular atribuye a la empresa Iberpotash en la actividad de extracción de potasa.

En rueda de prensa, este vecino, de 90 años, pide a Iberpotash una fianza de 120 millones de euros hasta el año 2035 para garantizar que la compañía, propiedad del grupo israelí ICL, lleve a cabo un plan de restauración de los residuos salinos que se han acumulado durante años en la zona, y que han formado una montaña de sal comparable a la del Tibidabo.

Estradé, que tiene abierto un litigio por este mismo asunto en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ha justificado su demanda ante el Reino de España porque considera que la administración catalana, que subraya que depende del Estado, ha actuado con "cobardía" en sus exigencias legales a Iberpotash.

No obstante, este vecino, que ha incorporado a la denuncia un informe medioambiental elaborado por Ramon Folch sobre el impacto de la actividad de Iberpotash en la comarca del Bages, atribuye asimismo "mala fe" a Iberpotash "en el incumplimiento de sus obligaciones legales de prevenir y gestionar los residuos salinos derivados de su actividad extractiva de potasa".

Estradé, que vive en Sallent, municipio cercano a esta montaña de sal situada en el área de la montaña del Cogulló, ha optado por abrir la vía europea al considerar "pírrica" la fianza que ha impuesto la Generalitat a Iberpotash para que esta empresa rehabilite y palíe su impacto en la montaña de sal de El Cogulló.

Tras una sentencia del TSJC, la Generalitat propuso a principios de este mes una fianza de 6,9 millones, similar a la que la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) aplicó a Vilafruns, en el mismo municipio, pero seis veces menor.

Este vecino, que inició en el año 2000 su lucha por reparar los daños medioambientales que ha provocado la extracción minera en la zona del Bages, pide a la Generalitat que imponga a Iberpotash una fianza "adecuada a la realidad" y que exija a esta compañía un plan de restauración y lo evalúe.

Por su parte, Iberpotash ha defendido siempre que cuenta con los permisos urbanísticos y de otro tipo necesarios para ejercer su actividad minera, y ejerce en los tribunales su defensa ante estos conflictos.

Durante la rueda de prensa, Folch ha evitado revelar quién le encargó este informe, si bien ha defendido la independencia de sus conclusiones.

El socio de este bufete Frederic Ximeno, por su parte, ha explicado que la fianza que se solicita a Iberpotash, de 120 millones, ya contempla el aumento de capacidad productiva previsto por el plan Phoenix de Iberpotash en las próximas décadas, y ha añadido que esa cantidad inicial de garantía podría ir disminuyendo a medida que Iberpotash reparase el daño medioambiental producido en la montaña de sal.