![Gallina Blanca.](https://imagenes.lainformacion.com/files/image_606_387/uploads/imagenes/2017/11/13/5a09e5bcc2b2e.jpeg)
El boicot a productos catalanes es un hecho. Lo confirmaba el informe 'El impacto del desafío independentista en la reputación de las empresas catalanas', elaborado por Reputation Institute, concretando que el 23% de los consumidores españoles, sin incluir a Cataluña, ha dejado de comprar productos de esta comunidad y que otro 21% se plantea hacerlo en el futuro. Esta acción de protesta afecta especialmente a las firmas de alimentación, como Gallina Blanca y otras marcas del conglomerado perteneciente a la familia Carulla. Pero hay que tener cuidado porque dejar de comprar estos productos podría afectar directamente al empleo en otras zonas de España que nada tienen que ver con el desafío independentista.
Lo ha pedido hasta el propio Mariano Rajoy: "Compren productos catalanes y no dejen de hacerlo nunca", proclamó el presidente del Gobierno este fin de semana en la que fue su primera visita a Cataluña tras activar el artículo 155 de la Constitución para responder al desafío secesionista. Añadió, como ya había advertido el Círculo de Empresarios, que todos los sectores de la economía catalana "ya sufren" las "sectarias, divisorias y frívolas decisiones" de los independentistas y por eso es "tan urgente" una nueva etapa que evite mayores daños económicos.
Una de las firmas objeto de la campaña de boicot lanzada desde el resto de España contra productos catalanes ha sido Gallina Blanca. La marca, perteneciente al holding Agrolimen, está gestionado por el imperio de los Carulla, una familia que ha sido acusada en varias ocasiones de sintonizar más con posturas independentistas que con las unionistas. Sin embargo, en los últimos meses se han alejado de la línea dura del secesionismo, como ha hecho el diario Ara, del que son propietarios, mostrándose contrario a la DUI.
Pero, ¿por qué boicotear a Gallina Blanca pasaría factura en uno de los territorios del país más alejados de Cataluña? La compañía acaba de inaugurar en el municipio de Miajadas, en Cáceres, una nueva fábrica de la que saldrán buena parte de las cremas caseras (de pollo, verduras, cocido...) que se consumen en los domicilios españoles. “Las nuevas cremas caseras responden a nuestro afán innovador y a nuestro compromiso por ofrecer soluciones culinarias adaptadas a las necesidades y gustos de los consumidores. Son también un ejemplo de nuestra apuesta por las comunidades locales donde estamos presentes, fortaleciendo así su tejido industrial y fomentando el empleo local”, afirmó Fernando Fernández, director general de Gallina Blanca en España en el acto de presentación de la nueva planta que dará empleo a 25 familias más de una zona donde escasea el trabajo.
![Productos de Gallina Blanca.](https://www.lainformacion.com/files/article_default_content/uploads/imagenes/2017/11/13/5a09ed3adef74.png)
Y es que Gallina Blanca apuesta con fuerza por Extremadura, donde fabrican buena parte de sus productos, como los caldos o las salsas de tomate. Es en la comunidad presidida por Guillermo Fernández Vara donde la compañía ha localizado una parte destacada de su línea de producción ya que es allí donde se encuentra la materia prima. “Miajadas es una fábrica estratégica para el grupo donde ya contamos con productos que son un verdadero pilar" para ellos. "La posibilidad de ampliación de la fábrica y de suministro de ingredientes naturales de primera calidad, gracias a la buena situación de la planta, han sido claves para apostar nuevamente por Extremadura”, afirmó el director de operaciones.
En concreto, solo en la fábrica de Gallina Blanca en Miajadas trabajan más de 300 personas. Se inauguró en 1978 y desde allí se exporta a países como Italia u Holanda, entre otros. De esas máquinas salen cada año 140.000 toneladas de productos en lo que supone una gran oportunidad de trabajo para decenas de familias de esta localidad cercana a Don Benito.
En el Gobierno autonómico, por su parte, no ha pasado desapercibido que Gallina Blanca apueste por su comarca para producir sus caldos, cremas y salsas de tomate. Lo ven, incluso, hasta paradójico tratándose de una compañía esencialmente catalana. No olvidan, incluso, que en 2008 un concejal catalán pidió apadrinar niños extremeños por 1.000 euros al mes para mostrar la solidaridad catalana. Sin embargo, dicen, saben que los buenos productos están en su territorio y por eso se instalan en Extremadura.
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