A este respecto y en un comunicado, AUGC ha dicho saber que "la situación había empeorado considerablemente en los últimos meses, pero los datos ofrecidos por el Gobierno superan las peores estimaciones y ponen de manifiesto una situación gravísima y muy preocupante", porque esas 45 agresiones a guardias civiles superan, "en tan solo tres meses, a las registradas durante todo 2016, cuando fueron 33 las agresiones".
Así, según ha lamentado AUGC, "esta provincia ocupa el segundo lugar en Andalucía de ese negro ranking, superada solo por Huelva, que ha registrado 56 episodios en el primer trimestre del año", resultando "muy revelador que Córdoba haya duplicado en agresiones a otras provincias con mucha más población, por ejemplo Sevilla (23 agresiones) o Málaga (20), sobre todo si se contrasta esa situación con los últimos datos sobre plantilla disponible, también facilitados por el Gobierno: 1.165 en Córdoba, 2.705 en Sevilla y 2.011 en Málaga".
Pero es que, además, a nivel nacional solo tres provincias superan a la de Córdoba --Huelva, Ciudad Real y Alicante--, encontrándose esta provincia "muy por encima de otras tan relevantes en población y plantilla como son las de Madrid y Valencia".
El dato, según ha señalado AUGC, "preocupa aún más si se observa la evolución que han experimentado esas agresiones durante los últimos años en la provincia de Córdoba: 31 en 2012, 44 en 2013, 35 en 2014, 21 en 2015 y 33 en 2016. Una evolución más o menos estable sin grandes altibajos, que ahora experimenta un crecimiento brutal en tan solo tres meses".
En muchos de estos casos "los servicios jurídicos de AUGC han asistido y representado a los guardias civiles agredidos, consiguiendo penas contundentes para la mayoría de los agresores, como ocurrió por ejemplo con nueve vecinos de Puente Genil que agredieron a cuatro agentes, los cuales fueron condenados a más de 37 años de prisión".
En la sentencias también se fijan numerosas indemnizaciones para los guardias civiles lesionados, "pero el problema es que en la mayoría de los casos no se pagan dichas indemnizaciones porque los agresores se declaran insolventes".
Para intentar paliar "esta grave situación", AUGC viene reclamando desde hace años "el incremento de la insuficiente plantilla de la Guardia Civil en la provincia de Córdoba, así como la dotación de los medios necesarios y, sobre todo, el endurecimiento de las penas para este tipo de hechos".
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