El PP había solicitado la comparecencia de Recoder, que informó los pliegos y elaboró el informe de evaluación de las ofertas para el contrato de la cafetería de 2009, como miembro del comité de expertos, que también lo componía la presidenta regional, Cristina Cifuentes, como miembro de la Mesa de la Asamblea, y la Jefa de Servicio de Relaciones Externas y Protocolo del Gabinete de la Presidencia, María Merino.
Recoder, letrada jefe entre el 8 de julio de 2008 y el 3 de marzo de 2010, ha señalado que el 9 de marzo de 2017 fue llamada a prestar declaración en las dependencias de la UCO en relación con su intervención como letrada de la Asamblea en el procedimiento de contratacion de la cafeteria de esta institucion en el año 2009.
"Tras prestar la oportuna declaración no he sido objeto de imputación judicial de ningún tipo", ha subrayado. Para justificar su decisión de no declarar ha explicado que "la existencia de esta declaración en sede policial" y su "condición funcionarial como letrada de esta casa" le "obliga" a mantenerse "en el estricto marco de las actuaciones judiciales sin intervenir en el ámbito político".
El portavoz del PP en la comisión de investigación, Alfonso Serrano, ha argumentado que su grupo parlamentario había solicitado las comparecencias de funcionarios y letrados para analizar los contratos de la cafetería que se concedieron al Grupo Cantoblanco, la empresa de Arturo Fernández, en 2009 y 2011, al entender que "tienen una presunción de rigor y credibilidad superior".
Así, antes de que la exletrada jefe anunciara su decisión de no declarar, había manifestado que esperaba que su declaración sirviera para aclarar las "suspicacias o dudas" que todavía tienen algunos grupos.
Por su parte, el portavoz de Podemos en la comisión, Miguel Ongil, ha acusado al PP de querer "sepultar la responsabilidad política de la señora Cifuentes", al tiempo que ha afirmado que la ex letrada jefe es "la persona con más papeletas para ser la cabeza de turco de todo este caso", por lo que ha mostrado su empatía hacia la decisión de no declarar.
El portavoz de Ciudadanos en la comisión, César Zafra, ha reprochado a la exletrada jefe que no quiera responder a una comisión parlamentaria, y ha señalado que hay comparecientes que han pasado por la comisión de investigación que se encontraban en proceso judicial y no podían declarar, para recriminar a Recoder que ella simplemente no quiera, lo que ha considerado "muy aclaratorio".
El PSOE se ha limitado a expresar que respeta su derecho a no declarar en la comisión, una vez se ha acogido a este por el artículo 24 de la Constitución Española.
REPROCHES ENTRE LOS GRUPOS
Ante el silencio de Recoder, los portavoces de los grupos se han lanzado reproches, de manera que Ongil ha acusado al PP de manchar las instituciones y al Gobierno de utilizar su personación en Púnica en su propio interés y no en el de los madrileños, al no compartir la información con la Asamblea de Madrid.
Por su parte, Serrano le ha respondido al portavoz de Podemos que los que manchan las instituciones son ellos "con sus insidias" y ha reprochado al portavoz de Ciudadanos que si una empresa vinculada a un diputado del PP gana un concurso de la Asamblea gracias a que la empresa rival obtiene algún cero en alguno de los apartados de la valoración les "hacen un traje", en alusión al contrato que consiguió la empresa del padre de Aguado.
Mientras, Zafra ha recriminado a Serrano que intente dar a entender que "un contrato es lo mismo que otro que ha investigado la Guardia Civil, la UCO", y más cuando la exletrada jefe no ha querido responder.
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