Sí confirma la pena de ocho años de inhabilitación a la que la Audiencia Provincial de Baleares le condenó por un delito de prevaricación.
El Alto Tribunal deja asimismo sin efecto las condenas de cárcel a las que se enfrentaban la exsecretaria técnica de Cooperación Local Coloma Castañer, el empresario Simón Galmés y otro de los proveedores que fue juzgado, Miguel Rullán.
La Sala de lo Penal del TS justifica las absoluciones por fraude en la inexistencia "de un daño o perjuicio patrimonial" al Consell, "ni propuesto o maquinado, ni efectivo o real, por cuanto lo que refleja el 'factum' será una prevaricación, al adjudicar, con arbitrariedad y desprecio de las normas administrativas que regulan la materia, un contrato a un amigo correligionario político".
La sentencia de la Audiencia consideraba probado cómo Julve y Castañer se pudieron de acuerdo para actuar "con el fin de beneficiar a amigos y empresas próximas a miembros destacados de UM", para lo cual se concertaron con Galmés, responsable social de la empresa Ses Nostres Eines, y Rullán, del Grupo Rullán. Y ello, asevera la resolución, "con desprecio total" de las normas administrativas y legales de contratación pública.
"INSULTO A LA RACIONALIDAD"
De hecho, respecto a una de las contrataciones objeto de juicio, el tribunal se mostraba tajante al afirmar que "supone un insulto a la racionalidad" negar la existencia de un concierto para defraudar, y recalcaba que ambos empresarios se presentaron al negociado "porque sabían que iban a ser los ganadores, pues así se había decidido por los políticos de turno, para pagar favores a los amigos y por militancia política".
"Tan arraigada está la idea de la confianza que Miguel Rullán declaró que veía lógico que la Administración invite sólo a empresas de confianza a los negociados", espetaba la Sala.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
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