Activistas confían en que las eléctricas tengan que devolver 3.400 millones

Madrid, 20 nov.- La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético confía en que las eléctricas sean obligadas a devolver los 3.400 millones de euros cobrados de más en concepto de costes de transición a competencia (CTC), ya que la normativa europea establece que la reclamación de ayudas de Estado no prescribe.

En un encuentro con medios, el experto y socio de la plataforma Jorge Morales ha explicado que la organización decidirá la próxima semana la posibilidad de presentar una denuncia ante la Comisión Europea, al considerar que el Gobierno incumplió la normativa al no reclamar estas ayudas antes de su teórica prescripción.

El abogado de la plataforma, Piet Holtrop, ha explicado que, de acuerdo a la normativa comunitaria, la devolución de ayudas de Estado no prescribe y que, por lo tanto, todavía es posible reclamar las cantidades abonadas de más al cierre del programa en 2006.

Tras la liberalización del sistema eléctrico en 1997, el Gobierno estableció una serie de costes de transición a la competencia (CTC) para compensar el cambio en la retribución de las centrales que se dio por finalizado en 2006.

Diversos medios publicaron años después que las eléctricas habían cobrado 3.400 millones de euros de más, una cantidad fijada por la extinta Comisión Nacional de Energía (CNE), que según determinó la Abogacía del Estado en 2008 podía ser reclamada.

También según los medios, el Gobierno elaboró un borrador de decreto para reclamar estos pagos cuando Joan Clos era ministro de Industria, aunque finalmente nunca llegó a aprobarse.

Así, dado que la reclamación tiene un plazo de 4 años, esta habría prescrito -tanto si se parte de la liquidación provisional de 2006 como de la definitiva de 2010 (salvo que se contemple la normativa comunitaria)- como resultado de la dejación del Gobierno.

La Plataforma presentó, en julio de 2013, una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, por la que ampliaba una previa, al entender que no exigir la devolución de los CTC cobrados de más podían suponer delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

En este documento, sustentado en informaciones publicadas en prensa -ya que en ningún momento ha tenido acceso ni al informe de la CNE ni al de la Abogacía del Estado-, explica que la Administración ha permitido la prescripción de la reclamación de 3.396 millones.

Esta denuncia fue archivada en julio de 2013 por la Fiscalía al entender que los hechos expuestos no constituían ningún delito sino "criterios de política económica e industrial".

Sin embargo, la plataforma defiende que las investigaciones respecto a los CTC emprendidas por la Fiscalía en las últimas semanas, según han publicado algunos medios, se deriva de su denuncia, pese a no haber sido informados al respecto.

Además, la plataforma considera que para el cálculo de la prescripción no se debe tener en cuenta la liquidación provisional de 2006, sino la definitiva de 2010, de manera que habría sido posible reclamar las ayudas hasta este año.

"También el Gobierno actual ha tenido responsabilidades en estas cantidades cobradas de más por las eléctricas", según Holtrop.

Por otra parte, Morales ha argumentado que si a las centrales que se beneficiaron de los CTC y que continúan activas hoy se les aplicara una "retribución razonable" similar a la de las renovables resultaría un ahorro de casi 30.000 millones de euros, es decir, "un importe equivalente al déficit de tarifa" equivalente a un ahorro del 9 % en el recibo de la luz.