Afectados por la 'criptoestafa' de Biosca cercan a su mujer por su rol en la trama

El bróker Javier Biosca se encuentra desde el pasado 8 de junio en prisión provisional por presuntamente liderar una de las mayores estafas piramidales con criptomonedas en España, que habría dejado centenares de perjudicados y un fraude de unos 280 millones de euros. La Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, una de las acusaciones que presentó querella contra este empresario, centra ahora sus esfuerzos en su mujer, Paloma Gallardo, al considerar que participaba activamente en el negocio con la "captación de clientes" y controlando "todas las gestiones" que se realizaban. Por ello, solicita al juez Alejandro Abascal que vuelva a tomarle declaración y acuerde su ingreso en prisión provisional para evitar que pueda sustraer pruebas a la Justicia.

Esta petición de la plataforma que ejerce la acusación popular en la causa que se investiga en el Juzgado Central de Instrucción número 1 llega después de que el juez Alejandro Abascal rechazara a finales del pasado mes de julio archivar las actuaciones abiertas contra la familia de Biosca. El magistrado señaló que acordar el sobreseimiento con respecto a Paloma Gallardo y su hijo Sergio, que se encuentran en libertad provisional con retirada de pasaporte y prohibición de salida del territorio nacional, sería "prematuro" porque aún quedan diligencias pendientes de practicar. Ambos declararon como investigados el pasado 16 de julio y se desvincularon por completo de los negocios relacionados con la inversión en criptomonedas.

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En la misma línea se manifestó el propio Biosca, que en su última declaración, que tuvo lugar seis días después, exoneró a su familia de cualquier tipo de responsabilidad. Asimismo, negó que su intención fuera estafar a sus clientes y aseguró que si quedaba en libertad podría desbloquear los fondos y devolver las inversiones realizadas. Así, tras esta comparecencia, la defensa de Gallardo y su hijo solicitaron el archivo de la causa, que fue rechazado. El próximo 17 de septiembre estaba prevista una nueva comparecencia del principal investigado por esta presunta estafa de tipo 'ponzi' con monedas virtuales, si bien el juez Abascal ha acordado suspenderla hasta nueva fecha, según una providencia dictada el pasado viernes, a la que ha tenido acceso La Información. 

Intento de restar credibilidad

Tras estos últimos acontecimientos, la asociación de afectados por la 'criptoestafa', así como la acusación particular que interpuso la querella contra Javier Biosca, todos ellos representados por la letrada Emilia Zaballos, han presentado un escrito ante el juez con el que intentan restar credibilidad a la versión que manifestó Paloma Gallardo en su declaración judicial -en la que solo respondió a su defensa- sobre que desconocía a qué se dedicaba su marido. Para ello, aportan una decena de testimonios de testigos que explican su experiencia con la presunta trama delictiva y corroboran el rol que ésta tenía en la operativa. 

Según el escrito, que también ha podido ser consultado por este diario, los relatos subrayan que la investigada estaba presente en la mayoría de las reuniones con los inversores, que se celebraban en restaurantes o en su "mansión" de Marbella (Málaga); que era "conocedora de todo lo que se decía" en ellas; y que tanto ella como su marido "alardeaban" del "gran imperio" que habían logrado. "Era la encargada de planificar y realizar las numerosas fiestas que se celebraban para la captación de clientes, siendo la encargada además de dar imagen de estabilidad frente a los clientes, poniéndose de ejemplo de lo que podían llegar a conseguir mediante las inversiones en criptomonedas a través de ellos", subraya el documento. 

Por todo ello, la defensa de los afectados solicita que se tome declaración a todos estos testigos para que puedan exponer su versión, incluso ampliarla en sede judicial, ya que, en su opinión, podría contribuir "ampliamente" a acreditar la supuesta coautoría de la esposa del bróker en los delitos por los que se presentó la querella, como estafa, blanqueo, delitos societarios, apropiación indebida y asociación ilícita. También interesa que se cite a declarar como testigo a la madre de Biosca, como posible conocedora de las gestiones llevadas a cabo por su hijo, ya que se trasladó a vivir con él y su familia al municipio malagueño.

Sospechas de ocultación de pruebas

Además, pone de manifiesto que es necesario que Gallardo vuelva a ser interrogada y enviada a prisión provisional porque visita todas las semanas a su cónyuge en prisión. El escrito hace especial hincapié en este hecho porque, según advierte, podría estar recibiendo instrucciones para "seguir moviendo el dinero en el extranjero, impidiendo que desde España se pueda seguir su rastro" y, por tanto, que "los afectados puedan recuperar jamás las inversiones realizadas". A todo ello, suma sus sospechas de que la mujer del bróker haya ocultado pruebas a la Justicia porque, "según testigos", en el momento que tuvo concomimiento de la detención de su marido, acudió al domicilio que éste tendría alquilado, presuntamente con una identidad falsa, "y se llevó consigo ordenadores portátiles y aparatos móviles de teléfono, junto al resto de pertenencias que el señor Biosca tenía allí depositadas, dejando libre la vivienda y vacía por si se producía cualquier tipo de registro, visita o control de la misma".

Biosca y su familia están investigados en la Audiencia Nacional a raíz de las querellas presentadas contra ellos y Algoritmhmics Group, la empresa radicada en Londres que crearon en 2019 y con la que se habría perpetrado la estafa. La sociedad ofrecía servicios de inversión en criptomonedas sin contar con la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). A través de esta mercantil, sus dueños captaron clientes, a los que prometieron rentabilidades de hasta el 25 por ciento semanales por sus ingresos. Las sospechas de fraude comenzaron a partir de los primeros meses de 2020, coincidiendo con la pandemia de la covid-19, cuando la trama empezó a dejar de pagar a la mayor parte de los inversores, situación que se agravó en octubre cuando ya no abonaron ninguna de las cantidades comprometidas.