Esperanza Aguirre ha cumplido con los pronósticos y se ha desligado por completo de la presunta caja 'b' del PP madrileño que investiga la Audiencia Nacional en el marco del caso Púnica y por la que comparece este viernes en calidad de imputada. La expresidenta madrileña ha defendido en un interrogatorio que se ha alargado tres horas y media que no tuvo responsabilidades económicas, administrativas ni contractuales en la formación y ha dicho al respecto que el encargado de la gerencia en el partido era el también investigado Beltrán Gutiérrez, según apuntan fuentes de la investigación a este diario, lo que ha llevado al magistrado Manuel García Castellón a preguntarle si su cargo en el partido era"figurativo únicamente".
La exlíder de los populares madrileños ha protagonizado un intenso interrogatorio con las dos fiscales Anticorrupción al frente del caso ante las que se ha mostrado cortante y rotunda, según las fuentes consultadas. En lo que respecta al papel que tuvo Fundescam en el presunto desvío de fondos del partido, Aguirre ha desmentido que se canalizara dádivas desde la fundación ligada al PP y ha dicho que se disolvió en 2015 cuando se dejaron de recibir las subvenciones del Gobierno y de Caja Madrid. De hecho, aquí ha protagonizado el primer encontronazo con las representantes del Ministerio Público al denunciar que "se han empeñado" en que Fundescam era "Watergate".
Otro de los momentos más destacados ha sido cuando ha explicado que ella, en calidad de presidenta, nombraba a todos sus cargos en el Gobierno madrileño (muchos de los cuáles están imputados en la causa por su relación con el caso Púnica). Ahora bien, Aguirre ha asegurado que lo consultaba siempre todo con el entonces presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy. En relación a la famosa cláusula del 1% con la que se gravarían los contratos para desviar partidas al partido, Aguirre ha dicho que no tenía ni idea, que se ha enterado de eso por el sumario y que de ello se encargaba la Consejería de Sanidad, a cuyo frente estaba el también imputado Manuel Lamela. Aguirre se la 'devuelve' de esta forma al exresponsable del departamento de Sanidad, quien esta misma semana la situó al frente de unas de las reuniones con empresarios implicados en la red.
Regalos y el "disfraz de valenciana"
Otro de los puntos de fricción ha sido cuando las fiscales le han preguntado acerca de si durante su etapa al frente del consistorio regional le hicieron regalos de importante valor económico como figuras de Lladró, joyas... a lo que ella ha contestado que todo lo que recibió estaba en el interventario y que lo repartió entre su gente. Al respecto ha apuntado que le obsequiaron con un "disfraz de valenciana" y luego ha corregido asegurando que era un "vestido de Fallas". Igualmente se le ha preguntado por el episodio del 'tamayazo' a lo que Aguirre, representada por el abogado Carlos Aguilar, se ha negado a responder.
Durante el interrogatorio también se ha referido a dos de las personas más cercanas desde su llegada al Gobierno regional en 2003: Ignacio González y Francisco Granados. Sobre el primero de ellos, que declaró este mismo jueves en el marco de esta causa, Aguirre ha dicho que le conocía desde el año 1989 de su etapa en el Ayuntamiento de Madrid y que le puso al frente de la vicepresidencia porque confiaba en él. En lo que conciernea a Granados ha explicado que le conoció durante su etapa al frente de la alcaldía de Valdemoro y que le habían hablado "muy bien de él", motivo por el cual le metió en su Ejecutivo. Sin embargo, Anticorrupción mantiene que posicionó a sus dos delfines en los cargos más altos del ejecutivo para controlar todos los movimientos.
Se desliga de los empresarios del PP
Tras un pequeño parón acordado por el magistrado a media mañana, Aguirre ha vuelto a sentarse frente a los investigadores para desvincularse de otras de las acusaciones que pesan sobre ella: las reuniones con empresarios vinculados a la caja 'b' del PP regional para desviar dinero de cara a financiar las campañas autonómicas de 2007 y 2011 así como las generales de 2008. Al respecto ha asegurado que ese extremo es falso y que las empresas de uno de los mayores implicados en la red, como es Daniel Horacio Mercado, no destinaron cuantía alguna para financiar actos electorales, siempre según las fuentes consultadas.
La Fiscalía Anticorrupción pidió la imputación de la expresidenta madrileña casi cinco años después del estallido de este caso de corrupción por el que se detuvo a uno de sus más fieles colabores y considerado cabecilla de esta red, Francisco Granados. En estos cinco años muchas han sido las partes que han pedido su citación como investigada en la causa, empezando por el propio Granados y las acusaciones populares. Las fiscales al frente del caso y el magistrado instructor respondieron entonces de manera negativa asegurando que se trataba de peticiones prematuras. Sin embargo, las últimas pesquisas de la UCO provocaron un cambio de criterio en la instrucción cuando esta se aproxima a su fin.
El Ministerio Público considera que el control y las partidas de publicidad de las adjudicaciones de cualquier consejería del Gobierno madrileño se centralizaron "al más alto nivel" y siempre bajo su supervisión, extremos que ahora niega la exmandataria. Igualmente destacan su papel en calidad de presidenta de Fundescam entre los años 2004 y 2010, en tanto esta fundación vinculada al PP madrileño fue uno de los instrumentos que los acusados habrían utilizado para canalizar el desvío de fondos y costear las campañas electorales bajo la lupa.
La declaración de Aguirre se produce justo un día después de que compareciera en la misma sede judicial otro de sus más cercanos colaboradores en aquel entonces: Ignacio González. El también expresidente madrileño respaldó a su antecesora en el cargo y la desvinculó de esta presunta financiación opaca del partido. El presunto cabecilla de la trama Lezo negó haber pedido al exconsejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid José Martínez Nicolás que consiguiera un millón de euros para el partido a través de facturas falsas emitidas desde el ente público.
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