El Ayuntamiento de Madrid ya ha respondido al juez de Madrid Adolfo Carretero sobre qué medidas se deben imponer a Alberto Luceño después de no conseguir 'recuperar' los más de 5 millones de euros que cobró en concepto de comisión por el 'pelotazo' de las mascarillas. El consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida, personado como perjudicado en el denominado 'caso Mascarillas', ha reclamado al magistrado que el investigado se embarguen los bienes del investigado hasta "asegurar las responsabilidades pecuniarias" en las que pueda incurrir, cifrando la cuantía en un total de 6.191.127 euros.
El Ayuntamiento de Madrid realiza esta petición de fianza después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, encargado de investigar a Luceño y a su socio, Luis Medina, por su actuación en marzo de 2020 en la compraventa de mascarillas, guantes y test rápidos, solo pudiera embargar un piso en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y bloquear 130.000 euros de sus cuentas bancarias. En un escrito, al que ha tenido acceso La Información, el departamento jurídico del Ayuntamiento indica "a la vista de la insuficiencia de los bienes embargados para asegurar la posible responsabilidad económica" de Luceño, sería procedente requerir a este comisionista que "preste fianza bastante" que alcance los 6,1 millones de euros.
No obstante, ante la previsión de que esto no se llegue a hacer efectivo, y ante el desconocimiento de si el comisionista dispone de otras cuentas bancarias de las que consta en las actuaciones, entre las que se encuentra la de su empresa Takamaka Invest, el departamento legal municipal solicita al magistrado que requiera al Punto Neutro Judicial que averigüe todos sus depósitos y bienes inmuebles o muebles para poder proceder a su embargo y llegar a asegurar la cifra ya apuntada.
Al igual que ocurrió con Medina, el magistrado instructor pidió a las partes personadas que se pronunciaran sobre qué medidas cautelares se deben imponer al empresario al no poder embargar los 5,5 millones de euros que se embolsó por intermediar en la compra de material sanitario. El juez Carretero indicó en su resolución que algunos de los coches de lujo que Luceño compró con el dinero obtenido de la operación comercial firmada con el Ayuntamiento de Madrid-como un Range Rover y un Lamborghini Huracan Eco Spiderque- ya no están en su poder.
En el caso de su compañero de negocios, el juez de Madrid embargó el yate bautizado como 'Feria', que compró con parte del millón de euros que ganó de la compraventa de mascarillas, y acordó imponer a Medina una fianza de 891.000 euros, al tiempo que amplió la imputación a un delito de alzamiento de bienes. Todo ello tras constatar que había vaciado su cuenta, dejando solo 247 euros. Asimismo, el magistrado abrió la puerta a embargar también los derechos de este imputado sobre la herencia de su abuela, por el valor de más de 4 millones de euros.
Madrid defiende su personación
Por otro lado, el Ayuntamiento de Madrid también ha enviado otro escrito al juez, que también ha podido ser consultado por este diario, en el que se opone a la petición de Medina de no aceptar su personación como acusación. El investigado rechazó que el consistorio pudiera ejercer como acusación al considerar que "no se ha visto afectado ni perjudicado por los hechos investigados", ya que con las mascarillas "no hubo problema alguno ya que se recibieron todas, eran de la calidad que esperaban e incluso se manifestó que el precio le pareció barato", dice el escrito del abogado de este investigado, conocido por ser el hijo del fallecido duque de Feria y Naty Abascal.
Sobre los guantes, el abogado expone que después de que Elena Collado, funcionaria del Ayuntamiento de Madrid encargada de la compra de mascarillas, trasladó las quejas por la mala calidad del producto, se devolvió 4.025.000 euros, "que era la diferencia entre los guantes que se habían encargado y los que habían llegado". "El asunto se dio por concluido y el Ayuntamiento se sintió satisfecho con la solución, por lo que ahora no pueden venir a quejarse de algo que dieron por válido y por lo que no interpusieron ningún tipo de reclamación", concluye el escrito de Medina.
En contra de todo ello, el Ayuntamiento de Madrid defiende su presencia en la causa como perjudicado de una presunta "estafa". Así, indica que la investigación no se centra en que los productos no se hubieran entregado o que la calidad fuera inferior a la pactada, sino en aclarar "si los querellados fijaron los precios de los mismos ocultando al Ayuntamiento que un elevado porcentaje de tales precios (aproximadamente un 60% para las mascarillas, un 81% para los guantes y un 71% para los tests) correspondía a las comisiones que iban a percibir; lo que supuso un incremento exorbitante del precio de los productos contratados".
Así, apoyándose en la querella presentada por la Fiscalía de Madrid, el Ayuntamiento subraya que se le debe considerar como "víctima", ya que "ha soportado un perjuicio económico derivado del sobrecoste oculto sufrido en dichos contratos". Cabe recordar que fue el propio magistrado instructor quien ofreció al consistorio a personarse en la causa al considerar que fue el perjudicado de la actuación de Luceño y Medina.
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