Amnistía reclama a la onu sanciones a los dos bandos en conflicto en libia por crímenes de guerra


Amnistía Internacional (AI) pidió este miércoles al Consejo de Seguridad de la ONU y a la Corte Penal Internacional que determinen “con urgencia” responsabilidades y sanciones específicas para acabar con los secuestros, las torturas, las ejecuciones sumarias y otros abusos endémicos perpetrados por las fuerzas enfrentadas en Libia, algunos de ellos constitutivos de crímenes de guerra.
En su informe ‘El descenso de Bengasi hacia el caos: secuestros, ejecuciones sumarias y otros abusos’, AI pone el foco sobre una sucesión de “abusos espeluznantes” cometidos desde mayo de 2014 por combatientes tanto del Consejo Consultivo de Revolucionarios de Bengasi (una coalición de grupos armados y milicias islamistas) como de las fuerzas leales a la Operación Dignidad liderada por el general Khalifa Haftar.
La directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, Hassiba Hadj Sahraoui, señaló que “la escalada de los ataques de represalia entre fuerzas rivales en Bengasi (este de Libia) han sumido a la ciudad en una espiral descendente hacia el caos y el desgobierno” en los últimos meses y que “la violencia desenfrenada entre los grupos rivales y sus simpatizantes clamando venganza ha desgarrado la ciudad”.
“Si la comunidad internacional no demuestra su intención de investigar los crímenes de guerra y obligar a los autoridades a rendir cuentas, el círculo vicioso de abusos y sufrimiento de las víctimas probablemente empeorará. Es preciso que se termine con este clima de impunidad agravado por el desgobierno”, añadió.
En este sentido, Amnistía Internacional ha reclamado al Consejo de Seguridad que imponga sanciones específicas, como la prohibición de viajar y la congelación de activos, a quienes hayan cometido violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario.
Asimismo, la organización ha pedido a la Corte Penal Internacional, competente para juzgar los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Libia, que amplíe sus investigaciones para incluir los crímenes de guerra y delitos de derecho internacional cometidos por todas las milicias y grupos armados desde febrero de 2011. Hasta ahora, este tribunal, con sede en La Haya (Holanda), sólo ha investigado crímenes cometidos durante la sublevación de 2011 y el conflicto armado.
MÁS DE 90.000 DESPLAZADOS
Por otro lado, AI recalcó que la ONU ha auspiciado conversaciones en las últimas semanas en Ginebra (Suiza) que han permitido “atisbar la esperanza de que los libios puedan alejar del abismo a su país”.
“Políticos y grupos armados en Libia llevan meses combatiendo por convertirse en los legítimos representantes del pueblo libio. Pero lo que está sucediendo en Bengasi nos demuestra que todos los bandos son responsables de graves abusos contra los derechos humanos y que los ciudadanos corrientes de Libia están atrapados entre dos fuegos. Todos los bandos tienen la obligación de ponerles fin”, apuntó Sahraoui.
Casi cuatro años después de que la población libia se sublevara contra el coronel Muamar al Gadafi, gran parte de sus esperanzas en un futuro estable se han desvanecido. AI deshace en su informe la “compleja maraña” de grupos armados que están detrás de la ola de violencia que ha sacudido Bengasi en los últimos meses.
Así, señala que algunos “datos horripilantes” indican que las fuerzas de ambos bandos han secuestrado y ejecutado sumariamente a decenas de personas, con la aparición posterior en redes sociales de fotografías y vídeos de sus cadáveres abandonados, a menudo con señales de tortura.
En otros casos se ha matado a activistas, dirigentes religiosos y periodistas en ataques de motivación política y muchos culpan a los grupos vinculados al Consejo Consultivo de Revolucionarios de Bengasi, en concreto a Ansar al-Sharia.
Y bajo el emblema de la lucha contra el terrorismo y el restablecimiento del Estado de derecho, las fuerzas de la Operación Dignidad lanzaron una operación el pasado 15 de octubre para arrebatar el control de Bengasi a las fuerzas del Consejo Consultivo de Revolucionarios. Después de tres meses de combates y bombardeos, hay extensos destrozos en algunas zonas y decenas de viviendas de personas presuntamente vinculadas a grupos islamistas han sido objeto de saqueos, actos vandálicos, incendios provocados y, en algunos casos, demolición completa.
Amnistía Internacional subrayó que al menos 90.000 personas se han visto desplazadas por los combates y que la población civil lucha por sobrevivir ante la falta de suministro de agua, las subidas de precios de los alimentos, las graves interrupciones en el abastecimiento eléctrico y la escasez de combustible y gas de cocina, si bien también hay escasez de personal y medicamentos en los hospitales públicos.

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