El expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas y los que fueran sus consejeros no se dan por vencidos. El Tribunal Supremo hizo público el pasado jueves una providencia por la que la Sala de lo Contencioso-Administrativo inadmitió los recursos que los exmiembros del Govern habían interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Cuentas por la que les condenó a pagar casi 5 millones de euros por organizar la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. Tras este rechazo, los exdirigentes catalanes se plantean acudir en amparo al Tribunal Constitucional como último intento para evitar tener que hacer frente a la devolución de los gastos que generó la votación independentista.
En julio de 2019, la Sala de Justicia del órgano fiscalizador estimó que la consulta que había tenido lugar cuatro años antes costó 4.946.788,16 euros por lo que condenó al expresidente de la Generalitat, a los exconsellers Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega y seis personas más a afrontar de manera conjunta y solidaria dicha cantidad. Entre los gastos figuran campañas de publicidad institucional; elaboración del soporte informático; envío de correo postal, un centro de prensa para dar cobertura a la jornada, u ordenadores portátiles que se emplearon en la votación y cuyo importe los exdirigentes catalanes se oponen a abonar alegando que después se pusieron a uso de alumnos en las escuelas.
Así, en contra del criterio del Tribunal de Cuentas y en defensa de que los actos desarrollados en noviembre de 2014 se ajustaron a la legalidad, los exmiembros del Govern recurrieron la sentencia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. La respuesta a estos recursos de casación ha llegado casi dos años más tarde, en una providencia con fecha del pasado 17 de junio, y no ha sido favorable. Los magistrados destacan en su resolución que Mas y sus exconsellers no han justificado el interés casacional que establece la ley para entrar a revisar un asunto. Así, ante este nuevo varapalo, las defensas de los exdirigentes independentistas estudian si acudir al tribunal de garantías por vulneración de derechos fundamentales, según han indicado fuentes jurídicas a La Información.
Otro frente abierto en el Tribunal de Cuentas
En el caso de Artur Mas y del que fuera su consejero de Presidencia, Francesc Homs, tienen otro frente abierto en Tribunal de Cuentas por un asunto relacionado con el independentismo: la promoción del 'procés' en el exterior. El órgano que tiene como objetivo el reintegro a las arcas públicas del dinero desviado estima de manera provisional que el desvío de fondos públicos para las denominadas 'embajadas' catalanas y para el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, entre 2011 y 2017 asciende a 5.422.879,48 euros. El Tribunal de Cuentas hace responsable al expresidente de 2,8 millones de euros, mientras que a su colaborador le atribuye la responsabilidad de 2,95 millones de euros.
Esta cantidad correspondiente al impulso del independentismo en el extranjero, y que tendrán que afianzar en menos de 15 días junto al expresidente catalán fugado Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y una treintena de ex altos cargos de la Generalitat, se acumulará a la 'factura' del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, que el mismo órgano cifró -también de manera provisional aún- en 4.146.274,97 euros. No obstante, ni Mas ni ninguno de sus consejeros se encuentran en la lista de presuntos responsables contables del 1-O.
Cabe recordar que Mas, Homs, Rigau, Ortega sólo fueron condenados a inhabilitación por el delito de desobediencia al Tribunal Constitucional por organizar la consulta de 2014. Tampoco tuvieron ninguna implicación en la causa especial que abrió el Tribunal Supremo por el 'procés' independentista y el referéndum del 1-O, más allá del ex 'president' que estuvo investigado y a quien le archivaron su presunta responsabilidad durante la instrucción.
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