Las reformas que están impulsando los grupos parlamentarios del Gobierno para cambiar el funcionamiento y la renovación del Poder Judicial han terminado por tensar la cuerda entre las partes hasta el punto de que los jueces han reclamado una respuesta formal a la Unión Europea. La petición de auxilio por parte de tres de las cuatro principales asociaciones a Bruselas y su recordatorio acerca de que la entrega de fondos se condicione al respeto a la separación de poderes puede tener una consecuencia directa en la propuesta que mantiene paralizada el Ejecutivo relativa a la rebaja de la mayoría necesaria para elegir a los nuevos vocales del CGPJ caducado.
La falta de acuerdo en la renovación del órgano de gobierno de jueces llevó al Ejecutivo de coalición a mover ficha en la cámara baja y presentar dos reformas legislativas que han terminado por poner en pie de guerra a más de 2.500 jueces de España. La primera de ellas, que entró en vigor hace menos de un mes, buscaba reducir la capacidad de maniobra de un órgano en funciones desde que venció el mandato de Carlos Lesmes en diciembre de 2018. El actual CGPJ ha paralizado en varias ocasiones los nombramientos que tenía pendiente ante la esperanza de que el acuerdo de su renovación fuera una realidad, pero las negociaciones fallidas han terminado por retomar estas designaciones, máxime teniendo en cuenta que en algunos casos se trata de altos cargos de la carrera judicial que se quedan sin relevo.
Con todo, las limitaciones impulsadas por el Gobierno provocaron la rápida reacción de prácticamente toda la carrera judicial con especial ahínco del CGPJ, el cual recordó que los nombramientos en funciones tenían mandato constitucional y que los cambios legislativos que impulsaba el Gobierno iban en la dirección opuesta a las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO). Es más, dirigió una carta a la cámara baja para recordarles que ni tan siquiera se había contado con su criterio ni con el de la Comisión de Venecia para acometer una reforma que no respeta la separación de poderes. Incluso algunas asociaciones se reunieron con los grupos parlamentarios para tratar de frenar la iniciativa, si bien esta siguió su trámite y la norma entró en vigor el 31 de marzo.
Una reforma en 'standby'
Con este caldo de cultivo y en plenas negociaciones políticas de renovación del órgano, los jueces trataron de frenar la segunda modificación legislativa que busca cambiar las mayorías para designar a los vocales judiciales del nuevo CGPJ. Esta propuesta hizo saltar las alarmas en la esfera jurídica hasta el punto que lanzaron un Manifiesto Ciudadano por la Independencia Judicial con el que recabaron un total de 20.000 firmas de amplios sectores. Sin embargo, no ha sido hasta esta semana cuando, en un paso más en esta escalada de tensión, han pedido ayuda fuera de nuestras fronteras. En concreto, las asociaciones que representan a un total de 2.500 jueces remitieron una carta a la Comisión Europea en la que elevan el tono contra el Gobierno hasta el punto de denunciar un "apagón" del CGPJ y una "sumisión" del Poder Judicial.
La misiva es especialmente dura y recuerda que en España no se cumplen con las recomendaciones de Europa desde hace más de 35 años. Al respecto, detallan los principales frentes abiertos con el Gobierno y recalcan que es cierto que el Tribunal Constitucional avaló el actual sistema de elección de vocales (recogido en la reforma legal de 1985), pero que el respaldo implicaba que el reparto de vocales fuera equitativo y que nunca amenazase la separación de poderes. En ese punto reclamaron a Bruselas que tome cartas en el asunto y recordaron que los repartos de los fondos europeos están supeditados precisamente a que se garantice la independencia judicial, tal y como lo recoge el Reglamento de la Unión Europea.
Fuentes jurídicas consultadas por La Información explican que en ningún caso se trata de una amenaza velada o un intento de que peligre el reparto de fondos de Europa, sino de un recordatorio al Poder Ejecutivo acerca de que el respeto a la independencia judicial es un requisito clave que se debe cumplir. Recalcan también que hay mucha indignación en la carrera en estos momentos y que están muy pendientes de cómo responda el Parlamento Europeo sobre este asunto ya que, como plasmaron en la misiva, existe un "riesgo claro" de violación grave del del Estado de Derecho en España. La cuestión se planteó con carácter de urgencia en la reunión del pasado jueves y se prevé que se tome una decisión en la próxima sesión del 29 de abril, tras el pertinente análisis de la denuncia.
El precedente polaco
Lo que ahora piden las asociaciones judiciales no es nuevo. Cada vez que se produce una renovación del órgano de gobierno de jueces las asociaciones expresan su deseo de que 12 de los 20 vocales a elegir (los de procedencia judicial) sean propuestos directamente por la carrera, siguiendo los estándares que marca Europa. Sin embargo, ningún partido en el Gobierno ha impulsado esta reforma. Por ello, a la tensión generada por las negociaciones fallidas para una renovación del CGPJ, ahora se suma esta iniciativa parlamentaria del grupo socialista y de Unidas Podemos para que las votaciones puedan salir adelante en el Congreso por mayoría absoluta y no de 3/5, como ocurre ahora.
Es por ello que los jueces recuerdan que, de impulsarse un cambio legal, éste tiene que ir en el sentido de lo que dicta Europa, la cual, por su parte, ya ha dado toques de atención al Gobierno sobre este punto en un momento especialmente delicado ya que se está a la espera de las ayudas de Bruselas. Aunque España está muy lejos del ejemplo polaco, las fuentes consultadas temen que esta crisis derive en lo ocurrido en el país de centro Europa, el cual dio luz verde en 2019 a una ley que deja exclusivamente en manos del Gobierno los nombramientos de los jueces. Bruselas reaccionó ante las críticas a este cambio normativo y llevó a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) al considerarlo un ataque a la independencia judicial.
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