La baja laboral para padres y madres con hijos que tengan que cumplir una cuarentena por contacto cercano a un positivo por Covid-19, aunque tengan PCR negativa, está provocando un nuevo tira y afloja en el seno del Gobierno de coalición. En concreto, las disfunciones han surgido entre el Ministerio de Inclusión, que dirige José Luis Escrivá, y la Vicepresidencia tercera de Nadia Calviño. El primero está trabajando en la prestación extraordinaria, con importantes avances, indican fuentes gubernamentales, pero desde Economía están frenando la medida por motivos eminentemente presupuestarios, aseguran a La Información estas fuentes.
Ante la 'vuelta al cole', el ministro Escrivá lleva semanas trabajando en el diseño de esta prestación, que también es defendida en el Consejo de Ministros por varios titulares de carteras en manos de Unidas Podemos, encabezados por el propio Pablo Iglesias. El responsable de Seguridad Social insistió el jueves en una entrevista en que la decisión está en la mesa del diálogo social y, aunque no descartó su aprobación sí planteó la posibilidad de que se adopten otras soluciones. "No lo descarto del todo, pero la forma en la que se puede abordar puede ser muy distinta", precisó.
El área económica del Gobierno dirigida por Calviño alega restricciones presupuestarias para autorizar esta prestación extraordinaria y prefiere contemporizar la decisión en vista de que el cierre de aulas no está siendo a día de hoy masivo, de acuerdo con los datos que dio a conocer la semana pasada el Ministerio de Educación. Además, la Vicepresidencia económica es respaldada en esta decisión por el Ministerio de Hacienda, con María Jesús Montero al frente, según aseguran las fuentes gubernamentales consultadas.
Con todo, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, aseguraba la semana pasada que "el desarrollo de una baja que permita a los hogares cuidar a los niños cuando una clase sea confinada por el estallido de algún brote es una medida esencial y me consta que será implementada en los próximos días por los Ministerios de Seguridad Social y de Trabajo". Consultados al respecto, ambos departamentos insisten en que la medida se está evaluando en el diálogo social, pero fuentes tanto del ámbito empresarial como del sindical indican que la prioridad en estos momentos es la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).
Antes de los ERTE, el asunto que ocupó la mesa del diálogo social fue la regulación urgente del trabajo a distancia o teletrabajo, que ya fue aprobada en Consejo de Ministros, así como la prórroga del plan Me Cuida, una iniciativa del área de Yolanda Díaz que permite a los trabajadores flexibilizar su jornada y reducirla hasta el 100% por motivo de cuidados familiares. El problema es que la reducción de jornada también implica un recorte en el salario, por lo que los sindicatos piden al Gobierno que se apruebe una prestación extraordinaria o se amplíe la cobertura de las bajas laborales preventivas a los casos de padres de niños en aulas 'confinadas'.
La implementación de esta baja fue objeto de declaraciones cruzadas por parte de distintos miembros del Gobierno durante la primera semana de septiembre. Mientras la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aseguraba que la baja por incapacidad temporal solo se reconoce a aquellos padres cuyos hijos tienen que guardar cuarenta por haber dado positivo en las pruebas, el vicepresidente Iglesias garantizaba que los padres con hijos en cuarenta y PCR negativa podrían cobrar también esa prestación de la Seguridad Social.
Esta posibilidad fue confirmada posteriormente por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien aseguró que el Gobierno está trabajando en la extensión de la baja por cuarentena incluso en el caso de un menor que no esté contagiado. Es lo que denominó una "incapacidad temporal por cuarentena indirecta". La titular del área de empleo aseguró recientemente que la medida "se está discutiendo, la herramienta está lista y sería muy sencillo desplegarla", sin embargo fuentes gubernamentales apuntan a que su aprobación se está retrasando porque los departamentos de Economía y Hacienda la están frenando por motivos presupuestarios.
Los departamentos de Economía y Hacienda están frenando esta baja laboral por motivos presupuestarios
El pasado 26 de agosto, apenas 24 horas después de que La Información adelantase que el Gobierno estaba estudiando los mecanismos para dar cobertura jurídica a los padres trabajadores ante brotes de Covid-19 en los coles, la ministra de Educación, Isabel Celaá, confirmaba este extremo y avanzaba que el Ejecutivo estaba valorando la puesta en marcha de un permiso retribuido específico o una baja laboral. Más de un mes después y con los centros educativos a pleno rendimiento, el Gobierno sigue sin alumbrar la prometida medida en Consejo de Ministros.
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