La causa penal que abrió un juzgado de Madrid contra Podemos por supuestas irregularidades en contratos electorales encara una nueva fase centrada exclusivamente en esclarecer si hubo financiación ilegal. Desde el pasado mes de agosto, la formación que lidera Pablo Iglesias ha visto como se han ido archivando por falta de indicios hasta cuatro patas de este gran procedimiento que se abrió a tenor de una denuncia de José Manuel Calvente, el abogado fulminado del partido en 2019. De este modo, ni investigación por la caja 'b', ni por los contratos de ABD Consulting o por la reforma de la sede: el foco se centra ahora en indagar si hubo desvío de dinero en la contratación de la mercantil Neurona Consulting.
El magistrado Juan José Escalonilla ha seguido de esta forma el criterio de la Fiscalía que, aunque se opone a archivar la imputación de Podemos como persona jurídica, mantiene casi desde un principio que la investigación debe centrarse exclusivamente en la contratación de Neurona para las elecciones del 28 de abril de 2019. De hecho, el Ministerio Público expuso en octubre que este es el único asunto en el que aprecia indicio de delito pero más relacionado con falsedad en documento mercantil y delito electoral que con financiación ilegal. Tras practicar diligencias clave y sumar al caso decenas de testimonios de los principales imputados y testigos, el juez se centra en investigar el pago de 363.000 euros a la consultora que se registró formalmente en España un mes antes de los comicios de abril. El resto de partes las ha ido cerrando, aunque eso sí, con advertencias al partido.
1. ABD Consulting
Esta fue la primera línea archivada por el juez de manera provisional en octubre. Dos meses antes, el titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid pidió una batería de diligencias a la Policía Judicial para esclarecer si empleados de esta consultora identificados en los contratos de Podemos habían entrado en territorio nacional entre febrero y abril de 2019. Además, ordenó también un examen a fondo de la cuenta electoral de Unidas Podemos para identificar los pagos efectuados a esta firma y a Neurona Consulting. Tras sumar a la causa el informe del Tribunal de Cuentas, Escalonilla sobreseyó provisionalmente este asunto al considerar que los cuatro contratos firmados no fueron simulados y que se prestaron servicios reales por los mismos.
2. La caja de solidaridad
Apenas días después del primer archivo llegó el cierre de la parte relativa a la presunta caja 'b' de la formación. En este caso, Calvente pidió que se investigara el desvío de fondos desde la caja de solidaridad a la empresa #404 Comunicación Popular, vinculada con algunos militantes de Podemos. De nuevo las diligencias practicadas llevaron al magistrado a decretar el cierre de la instrucción acreditando que el pago se produjo en base a trabajos reales y descartando la comisión de un delito de administración desleal. Ahora bien, en su auto, que fue adelantado por este diario, el magistrado afeó a Podemos que no aclarara si finalmente el partido abonó los 50.000 euros que se habían concedido a esta entidad que Calvente vinculó a un asesor del partido, a su vez ligado con Rafael Mayoral.
La Policía Judicial detectó tres transferencias a esta asociación por importe de 10.000 euros cada una entre septiembre de 2019 y junio de 2020. El instructor identificó a los miembros integrantes de la firma y dijo que muchos de ellos ostentaban cargo en el partido. Con todo, también constató que hubo trabajos reales por parte de esta asociación registrada en 2018 para comunicar iniciativas del movimiento popular. "Cabe destacar que no resulta anómalo o extraño que el numerario de la caja de solidaridad sea destinado a fundaciones o movimientos cercanos al partido político Podemos e incluso, que desarrollen actividades propias de las contempladas como subvencionables por dicha caja de solidaridad", expuso en su auto del pasado 20 de octubre.
3. La reforma de la sede
En ese tiempo el instructor impulsó las otras dos líneas de investigación y no solo interrogó a los principales imputados (como Juanma del Olmo, mano derecha de Pablo Iglesias) sino que también ordenó diligencias de calado. En lo que respecta a la investigación por la reforma de la sede, se llamó a declarar a los dueños de las mercantiles que participaron en la remodelación, así como al arquitecto Manuel Enrique Campos. El foco aquí estaba puesto en el sobrecoste de la obra ya que el precio inicial se estableció en 649.000 euros aunque finalmente se pagó 1,3 millones. Al respecto, el técnico explicó en su declaración como testigo que efectivamente se abonó casi el doble de dinero porque la cifra inicial se estipuló en base a una tabla de tasación fija de la Comunidad de Madrid.
El magistrado de nuevo archiva esta parte de la causa aunque con un duro auto en el que reprocha a la formación que no hubo una licitación pública real. Argumenta que la formación que lidera Pablo Iglesias incumplió de este modo lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/2007 sobre financiación de partidos políticos, aunque descarta que cometiera con ello delito de apropiación indebida en tanto no se ha podido demostrar que con el dinero por el que se adjudicaron las obras se hayan realizado pagos ajenos a las mismas. Al contrario, para el juez, si se gastaron más del doble de lo presupuestado inicialmente fue con el fin de "pagar un importe inferior" por el impuesto de construcciones al consistorio. De ahí que cierre la vía penal pero dé traslado al Ayuntamiento del informe del arquitecto por si tuviera que realizar una liquidación final de este impuesto conforme al valor real.
4.- El ordenador de Flor
También se cierra la veda ante un posible delito de revelación de secretos. En este caso, los hechos que plasmó Calvente ni tan siquiera llegaron a investigarse porque, como explica el juez, requiere de una denuncia expresa por parte del perjudicado, que en este asunto sería la abogada Marta Flor o el propio partido. Calvente, que ganó en los tribunales una batalla legal contra Flor por supuesto acoso laboral y sexual, explicó que en octubre de 2019, dos empleados de la empresa informática Virtua Sistemas Inteligentes S.L clonaron el disco duro del ordenador de la abogada de Pablo Iglesias por orden de Del Olmo y a instancia del actual secretario de organización del partido, Alberto Rodríguez. El objetivo era evitar que contara con material suyo con el que pudiera chantajearle.
Neurona, la pieza clave
De esta forma, Podemos ha ido sorteando los escollos abiertos en la causa aunque todavía tiene que afrontar la que se ha convertido en la piedra angular del procedimiento: su relación con la mexicana Neurona Consulting. Mientras la Policía Judicial analiza todos y cada uno de los trabajos con esta firma, el instructor indaga si los pagos pertenecen a un servicio real y los motivos por los que se giraron 270.000 euros del monto total a Creative Advice Interactive Group. Se trata de una firma que guarda relación directa con el proveedor electoral del presidente de México, Andrés López Obrador y de la que los imputados se desligaron en sus interrogatorios de noviembre.
Pese a ello Escalonilla sigue sospechando sobre la veracidad de estos servicios y ha ordenado también que se investigue la información aportada por la filial española, con sede en Sevilla. En su último auto, del pasado 12 de enero, expuso que existen indicios de que se trate de un "contrato simulado" para financiar a partidos extranjeros o a ellos mismos a través de microcréditos. Tampoco descarta que estos pagos a Neurona sirvieran para compensar las cantidades obtenidas "a través de una red de financiación ilegal" para la propia constitución del partido en el año 2014 y la promoción de sus miembros a los cargos directivos que actualmente ostentan.
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