La Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias ha reclamado al Gobierno central la transferencia de la gestión del ingreso mínimo vital como han pactado con Euskadi y Navarra, han explicado este jueves a Europa Press fuentes del departamento. El departamento considera que la gestión de la prestación en las comunidades "debería seguir el mismo modelo que el sistema de pensiones no contributivas".
Así, cree que se debería asegurar la gestión por parte de la Generalitat -que espera la respuesta del Estado- acompañada de "suficientes recursos humanos, logísticos y económicos".
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá aseguró este jueves que desde que empezó a diseñarse el IMV se consideró que la gestión en los territorios forales -las tres provincias del País Vasco y Navarra- tenía que ser diferente. "La singularidad foral tiene que tener un tratamiento distinto en la gestión, pero siempre estuvo previsto así", ha dicho Escrivá en declaraciones a Onda Cero, donde ha añadido que se está trabajando en el convenio con la encomienda de la gestión.
Escrivá ha recordado que estos territorios gestionan sus propias haciendas y que para la concesión del IMV es clave el test de renta y patrimonio de los posibles beneficiarios. Ha sido después de que Gobierno y PNV suscribieran este miércoles un acuerdo para transferir la gestión del IMV a la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, con fecha límite del 31 de octubre de 2020 para materializar ese traspaso.
El ministro ha recordado que el IMV complementará los programas de rentas mínimas que ya existen en las comunidades autónomas, pero que son muy desiguales y en algunos casos limitados, razón por la que desde el Estado se plantea un nivel mínimo de rentas en función de una docena de tipos de hogares, prestando especial atención al número de hijos y a las familias monoparentales.
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