Nuevo requerimiento de la Audiencia Nacional al Banco Santander. El magistrado José Luis Calama Teixeira, que investiga supuestas irregularidades en la caída del Popular, mantiene el foco puesto en el capítulo de las tasaciones inmobiliarias. Tanto es así que quiere impulsar esta investigación y por eso ha reclamado al banco de Ana Botín todos los informes sobre este asunto relativos a la última época de la entidad. El objetivo es trasladar todo el material que se recopiló bajo la presidencia de Emilio Saracho y ponerlo a disposición del Banco de España, al que le ha encargado una nueva pericial para averiguar si se inflaron las tasaciones.
Se trata de un capítulo que, al igual que ocurrió con el asunto de la financiación de la ampliación de capital, está centrando el interés de los investigadores. De hecho, hace poco más de un mes que solicitaron al banco heredero del negocio los datos clave sobre las tasaciones. La entidad, que figura en la causa como responsable civil por los presuntos daños causados a accionistas, respondió que había más de 32.700 fincas que no había podido localizar. Según expuso, tardaron mucho tiempo en contestar por el "enorme esfuerzo" que había supuesto la recopilación de todos estos datos relativos a los ejercicios entre 2014 y 2017. En esos cuatro años hay cerca de 33.000 fincas no localizadas y otras 1.356 no computadas, lo que supondría cerca de un 13% del total analizado.
Ahora, el titular del Juzgado Central de Instrucción vuelve a la carga y quiere sumar también uno de los últimos informes elaborados antes de que el banco fuera resuelto por la JUR. Así pues, y según explica en una providencia a la que ha tenido acceso La Información, solicita a Botín el informe final del proceso de retasaciones que encargó el entonces director adjunto a presidencia, Miguel Escrig. El que fuera director financiero de Telefónica se convirtió en uno de los primeros fichajes de la etapa de Emilio Saracho. La mano derecha del último presidente del Popular declaró en calidad de testigo en la Audiencia Nacional y se refirió en concreto al episodio de los inmuebles. Según dijo, le pareció extraño que al retasar estos activos en 2017 se encontraran con valoraciones inferiores a los años anteriores.
Información al detalle
Ahora, el instructor del caso recoge el testigo y pide ese documento haciendo especial hincapié en que se adjunte la actualización de todas las tasaciones de la cartera de adjudicaciones. "Este informe final se complementará con la documentación y soporte necesario con la máxima granularidad, aportando dicha documentación en ficheros que sean manejables para su revisión. Dado el caso y atendiendo al volumen de información se facilitará acceso a las bases de datos necesarias para su análisis", ordena. Igualmente también pide al Santander nombres y cargos de los comités que se encargaron de revisar el trabajo de las retasaciones, así como actas de esos comités y de la oficina de valoración y transacción inmobiliaria.
El magistrado quiere contar también con todo el material con el que trabajó la oficina de control y gestión de tasaciones. El ente se creó en enero de 2017, con motivo de la llegada de Saracho, y solo estuvo vigente hasta la caída del Popular a mediados de ese año. Como novedad, el juez ordena a Banco Santander que dé el nombre y apellidos, además de puesto de trabajo de la persona que "se haga responsable ante el juzgado" de la integridad de esta documentación solicitada. El objetivo, dice, es facilitar la labor de los peritos del Banco de España que se encargarán de estudiar si las cifras que manejaba el banco en relación a estos activos eran reales y si cumplieron la normativa.
Precisamente los primeros peritos que hicieron una valoración genérica de cómo estaba el banco cuando su valor quedó reducido a cero, ya opinaron sobre las tasaciones. En su denso informe expusieron que llamaba la atención que el socio auditor del banco era "consciente" de que la política contable del Popular se alejaba en determinados aspectos de los criterios de Banco de España, así como de que se estaban empleando tasaciones realizadas por empresas no registradas en el supervisor. Los peritos pusieron el foco en el periodo que siguió la ampliación de capital de 2016. Al respecto explicaron que la valoración de activos empeoró durante ese ejercicio. Si en 2015, el 11% de los suelos fueron revisados por empresas de tasación no homologadas, en 2016 el porcentaje se elevó al 34%.
Frente a ello, el predecesor de Saracho en la presidencia de la entidad negó cualquier irregularidad con las tasaciones del Popular. En su interrogatorio, Ángel Ron dijo que un porcentaje muy alto de las tasaciones de los inmuebles estaba homologado por el Banco de España, negando de este modo irregularidades en su contabilización. De hecho, en su cita ante el juez explicó que los organismos reguladores exigían provisiones por valor de 3.400 millones de euros y que el Popular superó esa cifra en 1.200 millones más. Aclaró al respecto que contaba con provisiones suficientes para hacer frente al cambio regulatorio de 2006 cuando se modificó la Circular 4/2004 a entidades de crédito.
Sin embargo, el magistrado sospecha de que podrían haberse contabilizado de manera irregular y por eso ha pedido al Banco de España un examen más a fondo del asunto. Así pues esta cuestión junto con la investigación acerca de si se financió a clientes para participar en la ampliación de capital, está centrando el interés del procedimiento cuando se cumplen más de tres años desde que arrancara la investigación penal en la Audiencia Nacional. De momento, el magistrado sigue tomando declaración a los testigos de la causa antes de llamar en sede judicial a los peritos del supervisor y de las partes, por lo que todavía quedan meses para que esta instrucción llegue a su fin.
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