Tras suspenderlos tres veces

El CGPJ desoye a Sánchez y prevé sacar adelante los nombramientos en el pleno

El Gobierno acelera para evitar que actúen en funciones pero el órgano denuncia injerencias políticas y no descarta aprobar más nombramientos en diciembre. 

CGPJ
Lesmes se ha dirigido en 4 ocasiones al Senado y el Congreso para que renueven el órgano. 
EP

Crisis en Justicia. El Consejo General del Poder Judicial celebrará el próximo 17 de diciembre un pleno clave, el último del año, y todo apunta que en esa cita sacarán adelante algunos de los nombramientos pendientes de resolver. Se trata de un debate que ya postergaron el pasado mes de noviembre a la espera de un acuerdo para renovar el órgano que nunca llega. La ausencia de pacto entre las principales formaciones políticas inclina la balanza a retomar el tema pese a que el Ejecutivo se opone frontalmente. De hecho, esta misma semana presentó con su socio de Gobierno una proposición de ley para evitar que el órgano actúe en funciones y ya ha dejado caer que acelerará su tramitación este mes si persiste el "bloqueo" del PP en las negociaciones. 

La propuesta de los dos grupos parlamentarios se conoce la misma semana que la Comisión Europea ha vuelto a recordar que se debe desbloquear el CGPJ, el cual entró en funciones hace ahora dos años. Desde entonces, su actual presidente Carlos Lesmes ha remitido cuatro cartas a las presidentas del Congreso y del Senado y ha exhortado a que se alcance un acuerdo político para desatascar esta anómala situación. La misma llevó a que congelaran hasta en tres ocasiones en el último año algunos nombramientos. Sin embargo, la situación de 'impasse' llevó al presidente del Tribunal Supremo a pronunciarse en su discurso durante la apertura del Año Judicial dejando claro que seguirían adelante con los asuntos pendientes del órgano porque se trata de un mandato constitucional. 

Vocales del CGPJ consultados por La Información entienden la propuesta parlamentaria del PSOE y Unidas Podemos como una injerencia en sus funciones y no descartan sacar adelante los nombramientos pendientes en su Pleno del día 17 de diciembre si estos se producen con un consenso ampliamente mayoritario entre los 20 vocales. De hecho, esta ha sido la tónica imperante en los últimos candidatos que estudió el órgano. Uno de los episodios más destacados al respecto se produjo a finales de septiembre cuando el Pleno renovó las plazas en seis puestos clave del Tribunal Supremo. En la votación -que venía aplazada de julio ante la posibilidad de que hubiera pacto entre el PP y el PSOE- se eligieron por 19 votos a favor y 2 en contra los nuevos presidentes de las Salas Social, Militar y Contencioso, destacando esta última por ser la que resuelve recursos contra el Ejecutivo.

Más de 25 puestos clave

También por mayoría se eligieron tres nuevos magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, clave porque estudia todos los asuntos relativos a personas aforadas. Sobre la mesa había tres plazas pendientes tras las jubilaciones el año pasado de Luciano Varela, Francisco Monterde y Alberto Jorge. Les sustituyeron Ángel Hurtado (el juez de perfil conservador de Gürtel) y los progresistas Leopoldo Puente y Javier Hernández. Aunque ya entonces hubo vocales que pidieron retirar del orden del día los nombramientos, el Pleno siguió adelante con ellos del mismo modo que hizo un mes después, en octubre, designando a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de Baleares y Cantabria además del presidente de la Audiencia de Ourense. De nuevo se cerró con 19 votos a favor y dos en contra, los de los Concepción Sáez y Álvaro Cuesta. 

Sin embargo, todavía quedan muchos nombramientos que votar. En concreto, el órgano tiene que resolver sobre unas 25 convocatorias que han ido quedando vacantes en los últimos meses. La más antigua corresponde a la aprobada en septiembre del año pasado sobre la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. No es el único puesto de calado que hay decidir. Igualmente también se ha elevado al Pleno la decisión de escoger candidato a la presidencia del TSJ del País Vasco y de la Sala de lo Social de este órgano. Misma Sala está pendiente de renovar a su presidente en el TSJ de Castilla y León y de las Islas Baleares, mientras que también está pendiente de voto la plaza de presidente de la Sala de lo Contencioso en el TSJ de Asturias. Se trata de plazas para cuyas votaciones ya se ha designado ponente toda vez se hicieron las entrevistas a los candidatos. 

A ello hay que sumar que cerca de una decena de audiencias provinciales sigue a la espera de elegir el nuevo presidente. Entre ellas se encuentran Cáceres, Ciudad Real, Salamanca, Navarra, Cantabria, Baleares, León y Almería. También la Audiencia Nacional y el Supremo tienen vacantes. En el primero de los casos se trata de la presidencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional mientras que en el alto tribunal queda por dirimir 3 candidaturas para una vacante en la Sala de lo Social cuya presidenta, María Luisa Segoviano, fue elegida el pasado mes de septiembre convirtiéndose en la primera mujer en dirigir una de las cinco salas del Supremo. 

El conflicto reside ahora en el estancamiento que se vive en el órgano. Pese a que algunos de los vocales contaban con que en diciembre celebrarían su último pleno, todo apunta a que los reproches cruzados entre los partidos negociadores harán que termine el año sin que se anuncie el ansiado pacto para renovar el Consejo. Por ese motivo, las fuentes consultadas no descartan que se voten los nombramientos en el Pleno del próximo jueves 17 de diciembre teniendo en cuenta que se trata de plazas que no se sustituyen por un vacante hasta que no hay un sustituto de manera definitiva. La intención del CGPJ choca con los planes del Ejecutivo de coalición que pretende empezar a tramitar en la cámara baja la proposición de ley la misma semana que tiene previsto reunirse el órgano de gobierno de jueces.

Los vocales consultados por este medio hablan de una "enorme preocupación" y un gran malestar ante la iniciativa gubernamental y recuerdan el imperativo legal de su actuación. Se refieren a la Ley Orgánica del Poder Judicial la cual, en su artículo 570, recoge que si ninguna de las dos cámaras efectúa la elección de los vocales en el plazo correspondiente, "el Consejo saliente continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo". Mientras tanto siguen las negociaciones entre los principales partidos. Aunque el Gobierno se muestra más optimista respecto a la materialización de un acuerdo, advierte que no va a prolongar mucho más la situación de bloqueo. El PP, por su parte, mantiene su negativa a sellar el pacto con el actual telón de fondo. Primero fueron los ataques de Podemos a la Corona y al Poder Judicial, después el acercamiento a Bildu y ahora vuelven a la situación inicial al negarse a que la formación que lidera Pablo Iglesias participe en el reparto de vocales.

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