Controladores. Iu considera "un grave precedente" resolver un conflicto social con el estado de alarma

El secretario federal de Economía y Trabajo de Izquierda Unida, José Antonio García Rubio, denunció hoy como “un grave e inaceptable precedente declarar el estado de alarma para resolver un conflicto social", aunque también afirmó no estar "de acuerdo con las reivindicaciones y los modos empleados por los controladores”.
A través de un comunicado, García Rubio subrayó que, "aunque Izquierda Unida no ha estado nunca de acuerdo con las reivindicaciones de los controladores ni con la forma de plantearlas, en este caso el Gobierno tiene una grave responsabilidad en el origen del problema y en su gestión" dado que "eligió un puente en el que se produce un incremento muy fuerte en el número de viajeros para aprobar una real decreto que establece una nueva regulación de la jornada anual de los controladores, que se ha aprobado sin negociación".
IU dijo que, esta medida, unida a la de la privatización de los aeropuertos de Barajas y el Prat, se ha tomado, "al parecer" sin "prever todas las graves consecuencias que estas medidas conflictivas podrían tener, ello sin estar de acuerdo en las formas y la contundencia de la respuesta empleada por los controladores”.
Y ahora, añadió, "como respuesta al conflicto, el Gobierno militariza el control del espacio aéreo sin que esa medida, por las dificultades comprobadas en su aplicación, haya mejorado la situación hasta el momento, transcurridas ya más de 17 horas desde su entrada en vigor".
El secretario federal de Economía de esta formación denunció que “la declaración del estado de alarma, medida sin precedentes en la democracia, aplicada como intento de resolver un conflicto social por la vía de una legislación de excepción constituye una decisión muy preocupante, que es inaceptable para Izquierda Unida, especialmente con la anunciada aplicación del Código Penal Militar”.
“Consideramos que la única forma de recuperar rápidamente la normalidad para evitar mayores perjuicios a los cientos de miles de ciudadanos afectados es la vuelta a la negociación y un inmediato acuerdo entre las partes, basado en el sentido de la responsabilidad y del bien colectivo”, concluyó.