De imputado a encausado: una medida de maquillaje, según juristas

Rafael Martínez

Madrid, 24 may.- La larga duración de los procesos penales y su mayor exposición mediática, los juicios paralelos de la opinión pública y el alto número de personas de relevancia imputadas explican el cambio de denominación de imputado por encausado, una medida de "maquillaje", en opinión de una amplia representación del sector judicial consultada por Efe.

El cambio de término viene recogido en el borrador de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, elaborado por una comisión de expertos, y que comparte el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien sostiene que la palabra encausado se aplicará al que esté incurso en una investigación penal.

Esta transformación obedece a una estrategia que pretende evitar la connotación peyorativa, como indica el ministro, que encierra el término imputado, si bien jueces, fiscales y abogados consideran la medida como un intento de maquillaje que tendrá un efecto inicial pero que pasado unos meses volverá a colocar, esta vez, al encausado en el punto de mira de la opinión pública.

Noos, Gürtel, Pokemon, Campeón o los ERE de la Junta de Andalucía son algunos de los principales casos en los que los imputados son sometidos al veredicto mediático, del que tanto se quejan los afectados, cuando el proceso judicial está aún en un período de investigación.

Gallardón ha subrayado que no confía en que esta variación de denominación jurídica "vaya a cambiar mucho las cosas", algo que si que hará "la limitación en los períodos de investigación".

De esta forma se evitará que la condición de imputado acompañe durante un largo tiempo a esos ciudadanos de relevancia, expuestos a una mayor repercusión en los medios de comunicación y, por tanto, a un mayor descrédito, como sucede con los políticos, de quienes no se distingue la responsabilidad penal de la política.

"Es un cambio irrelevante y meramente estético, que no logrará nada ya que todo el mundo identificará al imputado con el encausado a los pocos meses", afirma el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch.

En su opinión, para las decenas de miles de imputados anónimos, ese término no es un problema, porque esos nombres no salen en los medios, "pero sí para los políticos, sobre quienes se dirige al cambio, que pretende suavizar el impacto por ser personajes públicos".

En la misma línea se expresa José Luis González Armengol, portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), que asegura que este cambio "indiferente" se debe a que "las personas de relevancia y los personajes públicos han concitado, en la actualidad, el foco mediático".

Para Armengol es evidente que existe un problema con los juicios paralelos, "que no son solo exclusivos de este país", pero recuerda que el derecho de información es un derecho fundamental y "mientras no incida en la transmutación hay que soportar ese tipo de tensión".

Igual de escéptica se muestra la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, Maria Moreto, que tacha de "absurdo" el cambio de terminología "porque el encausado estará estigmatizado siempre y cuando haya algún indicio de autor de un delito", por tanto, añade, "cuando la sociedad se acostumbre al término encausado será más de lo mismo".

En espera de una sentencia, al imputado se le atribuye la responsabilidad del delito o acción que se trata en la causa, sin embargo el término se ha criminalizado y domina la escena pública desde las tertulias en radios y televisiones hasta las conversaciones entre amigos.

"Se quiere suavizar con las palabras lo que es la certeza o realidad", destaca Jesús Verdugo del Consejo General de la Abogacía Española, que apuesta por el término imputado porque es "absolutamente preciso y técnico".

El cambio no es más que "puro maquillaje", señala el abogado que recuerda que antes era el encartado, ahora es el imputado y es posible que mañana sea el término encausado el que se someta a lo que califica como "la criminalización de la palabras".