Debate nación. Izquierda plural pide la “obligación” de los bancos a someterse al código de buenas prácticas

El Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural ha presentado sendas enmiendas a las propuestas de resolución posteriores al Debate sobre el Estado de la Nación que PP, PSOE, CiU y UPyD presentaron sobre el drama de los desahucios. En el texto que propone una reforma del Código de Buenas Prácticas, que establece la mediación y el arbitraje judicial antes de iniciar el procedimiento ejecutivo, y que las entidades bancarias tengan la “obligación” de “someterse” al él.
El texto de La Izquierda Plural pide, entre otras cosas, una “moratoria universal e indefinida de los procedimientos hipotecarios, a petición del deudor, en cualquier fase en que se encuentre su tramitación, siempre que se cumplan las condiciones de domicilio habitual, insolvencia sobrevenida y no disponibilidad de otra vivienda”.
Además, pide la “ampliación y mejora” del Fondo Social de Viviendas, del que deben formar parte, dice Izquierda Plural, los “inmuebles de entidades financieras participadas por el FROB y viviendas desocupadas de titularidad pública”.
“Deberá especificarse que dichos activos se destinarán a vivienda pública de alquiler por un periodo de cinco años a precio protegido y que la gestión del Fondo correrá a cargo de las Comunidades Autónomas, que las gestionarán en colaboración con ayuntamientos y organizaciones sin ánimo de lucro”.
Además, el texto de IU-ICV-CHA propone que el Gobierno modifique la Ley de Enjuiciamiento civil para introducir la dación en pago en vivienda habitual, así como su aplicación retroactiva”.
También propone La Izquierda Plural “mejoras tributarias para la dación en pago”, en referencia al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el IRPF.
Otra de los puntos que incluye el texto de este grupo parlamentario pasa por llevar a cabo una “reforma del mercado hipotecario para limitar el sobreendeudamiento”.

El Grupo Parlamentario liderado por Cayo Lara enmienda así la propuesta de resolución del PP sobre “política de vivienda”, la del PSOE sobre “moratoria de ejecuciones hipotecarias”, la de CiU para que el Gobierno rectifique el ajuste social y la de UPyD titulada “segunda oportunidad”.
LAS PROPUESTAS ENMENDADAS
Tras el Debate sobre el Estado de la Nación, celebrados los días 20 y 21 de febrero, el PP propuso instar al Gobierno a “facilitar” la reestructuración de la deuda hipotecaria a las familias que por la “crisis económica” no estén en condiciones de “afrontar sus pagos”.
Los populares apuestan también “ofrecer un proceso de ejecución más beneficioso para el deudor”.
Además, el PP abogó por proteger “a los colectivos sociales más vulnerables mediante la ampliación del Código de Buenas Prácticas”.
Por su parte, el PSOE presentó una iniciativa para que el Congreso de los Diputados acuerde “abordar” la modificación de la legislación hipotecaria y la regulación de un procedimiento “dar solución al problema del sobreendeudamiento sobrevenido de personas y familias”.
El PSOE quiere esto se haga durante la tramitación de la Proposición de Ley, de Iniciativa Legislativa Popular, de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquilar social, tomada en consideración por la Cámara Baja el pasado 12 de febrero.
Además, también ha de hacerse, según el Grupo Parlamentario Socialista, durante la tramitación del Proyecto de Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. Así consta en su propuesta de resolución relativa a la moratoria de ejecuciones hipotecarias.
Por su parte, CiU pide que se impulse “la urgente aprobación de las medidas destinadas a paralizar los procedimientos de ejecución hipotecaria a los colectivos objetivamente vulnerables”.
MEDIACIÓN
Asimismo, el Grupo Parlamentario Catalán reclama que se facilite “la mediación para que las personas y familias en riesgo de ejecución puedan tener una segunda oportunidad y permanecer en la vivienda”.
Otra de las medidas que propone CiU consiste en adecuar la legislación concursal para las personas físicas en situación de sobreendeudamiento e impulsar la creación de un parque de viviendas públicas procedentes del SAREB (Banco Malo) que deberán ser cedidas temporalmente a las Comunidades Autónomas y corporaciones locales con políticas sociales de vivienda.
CiU plasma estas medidas en su propuesta de resolución presentada para que el Gobierno rectifique el ajuste social que ha promovido.
PAH.
Por último, UPyD, en su propuesta “para la Segunda Oportunidad”, quiere instar al Gobierno a “permitir la liquidación legal de las deudas hipotecarias impagables con fórmulas de dación en pago mediante concurso privado de acreedores”.
También propone la “negociación de la deuda entre acreedor y deudor, medidas de protección contra el sobreendeudamiento, y cualquier otra que garantice una segunda oportunidad a los afectados”.
Además, propone “demorar con carácter urgente las ejecuciones y lanzamientos hipotecarios hasta que las reformas legales en curso permitan renegociar la deuda o liquidarla de acuerdo con el principio de “segunda oportunidad”, tal como sea regulado por la ley”.