Los distintos gobiernos que han pasado por Moncloa han tenido idas y venidas con el sector eléctrico en los tribunales. Las grandes empresas han acudido en varias ocasiones al Tribunal Supremo -encargado de revisar las decisiones del Ejecutivo-, e incluso al Tribunal Constitucional y Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), para conseguir mitigar los efectos de varios decretos dictados para rebajar la factura de la luz o el déficit del sistema. El Alto Tribunal no siempre les ha dado la razón, pero sí en numerosas ocasionas ha entendido que las decisiones del Ejecutivo no están amparadas por la legalidad, por lo que ha obligado a éste a devolver a los gigantes energético más de 2.500 millones de euros en los últimos años.
La entrada en escena de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en la crisis energética ha puesto en alerta a las eléctricas. La ministra de Trabajo y Asuntos Sociales propuso este miércoles en el Congreso de los Diputados que los beneficios de las grandes compañías del sector sirvan para paliar los efectos de la subida del precio de la luz en el bolsillo de los consumidores. A ello sumó la posibilidad de aplicarles además un impuesto extraordinario, lo que provocó que incrementará la tensión con las empresas líderes, que han amenazado con volver a emprender una batalla legal si sale adelante esta iniciativa.
La última vez que las eléctricas advirtieron que acudirían a los tribunales fue el otoño pasado contra el 'hachazo' de 2.600 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez incluyó en el real decreto aprobado a mediados de septiembre sobre medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas. Finalmente, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, echó marcha atrás e inició una fase de reconciliación, que ahora podría verse quebrada con el anuncio de Díaz. Así, en modo de previsión, los equipos jurídicos de las grandes compañías eléctricas ya han comenzado a trabajar por si tuvieran que desplegar su artillería jurídica.
El último frente legal resuelto a favor de las eléctricas fue a finales de diciembre y enero cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal Supremo anuló, por tercera vez, el mecanismo de financiación creado en 2009 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y que, tras sufrir un primer revés de los tribunales, fue adaptado por el Gobierno 'popular' de Mariano Rajoy para que las eléctricas costearan el bono social de la tarifa de la luz. La Sala Tercera del Supremo -que asumió el criterio impuesto por el TJUE- entendió que el plan puesto en marcha en 2016 era discriminatorio y arbitrario, ya que incumplía la directiva europea de 2009 sobre mercado interior de la electricidad. Así, reconoció el derecho de las cinco grandes del sector (Iberdrola, Endesa, Gas Natural, Fenosa, EDP y E.ON) y de operadores independientes a ser indemnizadas por las cantidades que hayan asumido estos años.
Tras los distintos varapalos sufridos, el Gobierno ya procedió a devolver las cantidades financiadas por las eléctricas en los ejercicios 2014, 2015 y 2016 (años en los que estuvo en vigor el bono social ya derogado), así como los intereses legales correspondientes, con un importe total que alcanzaba casi los 520 millones de euros, aunque la cifra podría aumentar. Aunque la medida anulada fue implantada por el Gobierno anterior, corresponde al actual Ejecutivo acatar la sentencia del Supremo. En este sentido, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico indicaron que se estudian las "implicaciones" de esta última resolución y el diseño un "nuevo régimen jurídico con todas las garantías" para continuar con la aplicación del bono y que los consumidores más vulnerables no se vean afectados.
Reforma eléctrica y refacturación
Otro de los asuntos que ha enfrentado a las eléctricas y Moncloa es el canon hidráulico. En abril de 2021, el Supremo dejó sin efecto la retroactividad del gravamen al aprovechamiento de las aguas continentales de 2013 y 2014, que el equipo de Rajoy impuso a las empresas del sector en 2015. Este tributo se sumó a otros creados en el marco de la reforma eléctrica abordada entonces, en la que también figuraba el impuesto del 7% a la generación de energía, y cuya recaudación tenía por fin hacer frente al déficit sistema eléctrico. Así, para afrontar el fallo, el Ministerio de Hacienda dirigido por María Jesús Montero puso a disposición de un crédito de 1.900 millones de euros con cargo al fondo de contingencia, según avanzó su compañera del Consejo de Ministros, Teresa Ribera, el pasado mes de diciembre.
En 2019 y 2020, la Sala de lo Contencioso-Administrativo dictó seis sentencias en las que se reconoció el derecho de las eléctricas a recuperar los costes de la refacturación que tuvieron que afrontar en 2013 por los suplementos territoriales. El Alto Tribunal no avaló que los peajes de acceso a la electricidad incluyeran un suplemento regional para los consumidores, por lo que el Gobierno debe calcular las cuantías a devolver a las eléctricas y proceder a su reintegro. Para esta labor, el departamento de Ribera elaboró una orden ministerial, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado mes de octubre, para iniciar el trámite y gestionar las reclamaciones.
Como se puede observar, la disputa jurídica viene de lejos. Ya en agosto de 2018 el Consejo de Ministros se vio obligado a aprobar un real decreto para adecuar la metodología de cálculo del tipo de interés reconocido a las empresas que financiaron el déficit del sistema eléctrico del año 2013, tras los fallos del Tribunal Supremo en este sentido dictados en 2016 y 2017. De este modo, el Ejecutivo buscó la manera de devolver a las grandes compañías más de 15 millones de euros, por lo que se planteó que se cargara en el recibo de la luz.
No obstante, la Justicia no siempre se ha pronunciado a favor de las eléctricas. En 2016, el Tribunal Constitucional avaló la reforma eléctrica que el Gobierno de Rajoy acometió tres años antes. Ese mismo año, y en base a este fallo del tribunal de garantías, el Supremo avaló un real decreto de 2014 por el que se reguló un nuevo régimen retributivo a productores de energía renovable, aplicándoles un recorte de casi 1.700 millones de euros. Un año más tarde, los magistrados de lo Contencioso dieron el visto bueno al conocido como 'impuesto al sol' que entró en vigor en 2015, que regulaba las condiciones para el autoconsumo de energía eléctrica, si bien el gravamen fue derogado en 2018.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios