El bloqueo al CGPJ y las negativas a dimitir: El tenso inicio del año judicial

La tensión se ha implantado en el nuevo curso judicial que el Rey Felipe VI dio por inaugurado el pasado 6 de septiembre en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo. El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, lleva desde 2018, año en el que el órgano de gobierno de los jueces entró en funciones, aprovechando este acto para reclamar su renovación. Pero el discurso pronunciado el pasado lunes fue el más contundente de todos al dirigirse directamente al PSOE y PP para exigirles que dejen a un lado la “lucha partidista” y negocien de una vez los nombres de los futuros vocales. 

Lesmes, ante la presencia de la ministra de Justicia, Pilar Llop, y el presidente del PP, Pablo Casado, apremió a los partidos políticos a que en las “próximas semanas” cerraran un pacto para acabar con la situación de interinidad en la que se encuentra la institución desde hace más de 1.000 días. El mandato de los vocales y del presidente es de cinco años, "sin que este plazo pueda ser considerado, en ningún caso, como meramente orientativo", subrayó.  Y es que tanto el Gobierno como el principal partido de la oposición llegaron a este acto de apertura de año judicial dejando claro que mantienen posturas irreconciliables. Por ello, el máximo representante del CGPJ decidió elevar el tono en este último discurso.

Los socialistas defienden que el actual sistema de elección de los vocales por las cámaras parlamentarias es “válido” y “constitucional”, tal y como señaló Llop este jueves en su primera comparecencia parlamentaria ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Por su parte, los ‘populares’ se niegan a sentarse en la misma mesa de negociación hasta que no se reforme la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para permitir que los miembros del órgano de gobierno de los jueces de procedencia judicial sean elegidos por sus pares. Esto mismo reclaman la mayoría de las asociaciones de jueces, que insisten en que las instituciones europeas demandan este cambio de modelo.

Mira también

Llop apela al PP a renovar el CGPJ: "No hay mayor politización que bloquearlo"

Así, los miembros del CGPJ y toda la carrera judicial tienen puestas las esperanzas en que los interlocutores terminen cediendo y alcancen un acuerdo pronto. Sobre todo después de que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, haya anunciado que pretende reunirse en la semana del 20 de septiembre con los portavoces de todos los grupos parlamentarios para buscar apoyos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año que viene, así como para lograr superar el bloqueo del CGPJ y otros órganos constitucionales caducados como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

Mientras tanto, el CGPJ ya se ha puesto en funcionamiento tras el parón estival y las distintas comisiones han comenzado a reunirse para debatir todos los asuntos que tiene encima de la mesa. Para dentro de dos semanas se ha convocado el primer Pleno del nuevo año judicial. Pese a la presión ejercida por partidos políticos como Podemos, o desde alguna asociación judicial como Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), para que el presidente del CGPJ dimita con el objetivo de forzar la renovación, fuentes del órgano del gobierno de los jueces consultadas por La Información subrayan que Lesmes se niega a dejar su cargo ya que considera que “no solucionaría nada”. 

"El Consejo debe seguir funcionando"

También lo descartan la práctica totalidad de los vocales -pese a que cinco de ellos lo propusieran a finales del año pasado sin éxito-, que entienden que por “responsabilidad” deben continuar con la labor para la que fueron elegidos. “El Consejo debe seguir funcionando”, apostillan las mismas fuentes, pues siguen llegando asuntos relacionados con incompatibilidades, con cuestiones económicas, sobre igualdad, expedientes disciplinarios, actividades formativas, etc. “El CGPJ no solo se dedica a hacer nombramientos de la cúpula judicial”, subrayan en alusión a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada el pasado mes de marzo para limitar las funciones del órgano de gobierno de los jueces una vez ha expirado su mandato. 

En cualquier caso, estas fuentes del órgano de gobierno de los jueces explican que los vocales que presenten su dimisión deben alegar motivos que justifiquen la decisión y ésta debe ser aceptada por el presidente del CGPJ, lo que haría difícil que se admitiera una renuncia por la situación actual. Asimismo, destacan que el legislador no contempló la posibilidad de renunciar una vez haya finalizado el mandato, pues el artículo 570.2 de la mencionada ley -introducido en 2013 con la reforma impulsada por la entonces mayoría absoluta del PP y que no ha sido modificado hasta el momento- establece que “si ninguna de las dos Cámaras hubieren efectuado en el plazo legalmente previsto la designación de los vocales que les corresponda, el Consejo saliente continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo, no pudiendo procederse, hasta entonces, a la elección de nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial”.

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que "si ninguna de las dos Cámaras hubieren efectuado en el plazo legalmente previsto la designación de los vocales que les corresponda, el Consejo saliente continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo".

Para que el CGPJ quede ‘vacío’ sería necesario la dimisión de 11 vocales, lo que impediría la celebración del Pleno, si bien las fuentes consultadas precisan que esta situación se subsanaría con la aplicación del artículo 567.4 de la LOPJ que prevé que las Cámaras tendrán que designar “tres suplentes para cada uno de los turnos por los que se puede acceder a la designación como vocal, fijándose el orden por el que deba procederse en caso de sustitución”.

Así las cosas, vocales del CGPJ del bloque conservador y del sector progresista preguntados por este diario coinciden con lo manifestado por Lesmes en el acto de apertura del año judicial sobre que la situación es “insostenible” y subrayan que el único perjudicado del bloqueo es el órgano a renovar. No tanto por la limitación de sus funciones, sino por la “sombra de sospecha” que se está generando sobre la "independencia" e "imparcialidad" de los próximos miembros del órgano de gobierno de los jueces y el aumento del “descrédito” de la institución. “Es un golpe gravísimo a la Constitución y a la credibilidad del sistema. No son conscientes de la dimensión exacta del daño que están causando por no renovar órganos constitucionales”, denuncian.