El consejo de la abogacía pide mayores sanciones para las infracciones de las televisiones

El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, defendió este miércoles el establecimiento de sanciones mucho más severas a las actuales para las televisiones cuyos contenidos vulneren la ley, sobre todo en materia de protección al menor.

Carnicer dijo que las cadenas se libran "en muchos casos" cuando se saltan la legislación, pero cuando se les aplica un castigo, "éste es muy liviano".
"Hoy se puede calcular el beneficio que reporta a una cadena la emisión de una noticia indebida relacionada con un menor. Pues que se le aplique una sancione que multiplique por mucho ese beneficio obtenido", defendió el letrado.
Carnicer hizo estas declaraciones durante la presentación de una guía para periodistas sobre el tratamiento de los menores en los medios de comunicación, elaborada junto a la Asociación de la Prensa de Madrid y el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid.
MIRAR A OTRO LADO
El responsable de la Oficina del Defensor del Menor de Madrid, Arturo Canalda, también abogó por la imposición de mayores sanciones a las televisiones que, por ejemplo, no respetan el horario de protección infantil, que ahora ya está recogido en la Ley Audiovisual.
"Las sanciones reales por incumplimiento de ese horario son ridículas. Pueden llegar por ley hasta la retirada de la licencia, pero ya me gustaría ver que alguien se atreve a tomar esa medida", indicó Canalda. A su juicio, es preciso elevar el castigo, "porque con los menores tenemos que ser especialmente cuidadosos".
Para el presidente de la asociación madrileña de la prensa, Fernando González Urbaneja, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (Cema) previsto en la Ley Audiovisual lo reclaman muchos sectores y partidos precisamente para erradicar los excesos de los medios en materia de menores, pero el Ministerio de Industria "ya tiene competencias, pero mira siempre para otro lado".
Urbaneja se congratuló por eso de que haya jueces y sentencias como las recientes dictadas por el Tribunal Supremo favorables a la primacía del derecho a la intimidad sobre el de información.