El Gobierno inicia los pasos para recurrir el referéndum catalán

"La suspensión es automática y produce el efecto que no se puede producir ningun efecto, de ninguna naturaleza, ninguno con carácter preventivo", así ha advertido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría al president de la Generalitat, Artur Mas tras anunciar que ya han 'iniciado los pasos' para la incostitucionalidad del referéndum.

Sáenz de Santamaría ha anunciado este sábado que el Ejecutivo ha solicitado al Consejo de Estado el informe preceptivo para la presentación de los recursos ante el Tribunal Constitucional contra la ley de consultas catalana y contra el decreto de convocatoria.

En rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, Sáenz de Santamaría ha reiterado que "ese referéndum no se va a celebrar porque es inconstitucional", y ha recordado a Mas que "ningún Gobierno está por encima de la voluntad soberana del pueblo español".

"Sin ley no hay democracia", ha indicado la vicepresidenta del Gobierno, que ha avanzado que el Gobierno ha pedido al Consejo de Estado que emita su informe en 48 horas sobre el decreto de convocatoria de la consulta.

Según ha explicado, una vez que el Consejo de Estado emita sus informes se reunirá el Consejo de Ministros, previsiblemente el lunes, para que el presidente del Gobierno pueda plantear los recursos ante el Tribunal Constitucional."Al Gobieno le corresponde velar. Los recursos que vamos a plantear protegen todo ello. El Gobierno tiene la obligación de proteger la ley y los derechos de los españoles. Por ello, hemos inciado los pasos para promover los recursos de incostitucionalidad", ha explicado.Una vez que el Consejo de Estado emita su informe, ha continuado Santamaría, se reunirá el Consejo de Ministros para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pueda plantear los recursos ante el Tribunal Constitucional.Al Constitucional el lunes

El Consejo de Ministros extraordinario tiene previsto reunirse el lunes por la mañana para analizar los recursos. Rajoy será el encargado de firmarlos y, entonces, el Gobierno los enviará a la Abogacía del Estado.

Según confirmó el viernes Sáenz de Santamaría en rueda de prensa, la Abogacía presentará el mismo lunes por la mañana los recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, cuyo registro, permanece cerrado el fin de semana.

A partir de ahí, la 'número dos' del Gobierno evitó entrar en los tiempos del Alto Tribunal que esta semana no tiene pleno ordinario y que tendría que convocar un pleno extraordinario para poder admitir a trámite los recursos. Sáenz de Santamaría sí confirmó, sin embargo, que el Gobierno pedirá al Constitucional "la suspensión automática" de la consulta. Santamaría ha sido contudente con Mas y le ha recordado que la suspensión se produce de manera inmediata por lo que "no puede ejecutarse ninguna acción". "La suspensión es automática y produce el efecto que no se puede producir ningun efecto, de ninguna naturaleza, ninguno con carácter preventivo. Cuando se suspenda dejarán de tener efecto la Ley de Consultas y el decreto. una vez suspendido no se puede continuar con la Ley. Es algo que siempre ha pasado con los autos del tribunal Constitucional", ha señalado Santamaría a los periodistas.La vicepresidenta ha lamentado "profundamente" la reacción de Mas señalando que"fractura a la sociedad catalana y les aleja de Europa".Si Mas hace 'oídos sordos'...

En caso de que el president de la Generalitat, Artur Mas hiciera 'oídos sordos', convocando una consulta ilegal, la fiscalía se podría querellar contra Mas y los miembros de su gobierno por desobediencia lo que, en caso de ser condenado, le apartaría de la política. El president sería juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y en caso de que se recurriese se trasladaría el caso al Supremo.

El delito de desobediencia está tipificado en el Código Penal en el artículo 410 y dispone que "las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años".