La tardanza del Gobierno para recuperar el canon hidráulico e imponer, de nuevo, una tasa al sector por utilizar el agua de ríos y embalses para producir energía va a permitir a las principales compañías eléctricas del país, Iberdrola, Endesa, Naturgy y Acciona, ahorrarse hasta 380 millones de euros, según confirman a La Información fuentes del sector. La decisión llega tarde porque, en plena emergencia energética, con la inflación disparada y con Moncloa negociando con la Comisión Europea el tope al gas en la Península Ibérica, estas grandes empresas van a quedar exoneradas del pago correspondiente al ejercicio de 2021.
380 millones al año es un ‘hachazo’ considerable que no va a poder ser efectivo hasta el próximo año. El PSOE decidió introducir a última hora en el Senado una enmienda a la Ley de Residuos para recuperar este tributo a las principales empresas eléctricas que utilizan las aguas continentales para producir electricidad. Es decir, hasta 2023 las arcas públicas no comenzarán a ingresar esta reformulada tasa, que no es nueva, sino que se recupera con algún cambio legislativo para que no pueda ser considerada contraria a la ley.
Para ello el Gobierno ha tirado de ingeniería legal y ha vuelto a incluir en una normativa ajena una enmienda para recuperar el citado tributo y encajarlo legalmente. Es algo que suele hacer Moncloa desde el inicio de la legislatura: utilizar decretos o leyes concretos para convertirlos en una especie de ‘cajón de sastre’ y poder sortear los obstáculos parlamentarios. La maniobra ha sido ampliamente criticada en el Congreso por oposición y socios habituales.
La Ley de Residuos, en efecto, recupera el canon del agua incluyendo las modificaciones necesarias para que pueda entrar en vigor. Esencialmente, el núcleo de la cuestión para poder encajar el fallo del alto tribunal es que ahora se modifican los títulos concesionales para su aplicación. Además, la norma eleva la tasa al 25,5% de la producción, cuando en la anterior ley inicial era del 22% (dos años más tarde, a través del Real Decreto-Ley 10/2017, se elevó a 25,5% de la producción). La Ley de Residuos está pendiente de publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una vez que sea sancionada por el Rey.
En este momento, España dispone de una potencia hidráulica instalada de 17.098MW, según los datos que ha podido recopilar La Información a través de fuentes del sector y que se corresponden a mediados de 2021. De esa cifra, más de 9.700MW corresponden a Iberdrola; unos 4.800MW, a Endesa; y otros 1.950MW, a Naturgy. En las tres compañías están esperando a la publicación en el BOE de la Ley de Residuos para analizar con detalle la norma y poder mover sus piezas.
El canon del agua, en efecto, se creó en 2015 (Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética) por el último Gobierno del PP para poder gravar con una tasa específica el valor de la energía producida por las instalaciones hidráulicas explotadas por las empresas privadas y se llegó a aplicar con retroactividad a los ejercicios de 2013 y 2014. Ese fue el problema: el Real Decreto 198/2015 establecía, entre otras cuestiones, la aplicación de la tasa de forma retroactiva al año 2013. Las eléctricas recurrieron la norma ante los tribunales por ese efecto retroactivo y, seis años después, el Tribunal Supremo, a través de dos sentencias del pasado 2021, lo declaró contrario a la ley, anulando toda la regulación. Una sentencia polémica, ya que el Estado fue obligado a devolver todo lo recaudado desde 2013 a 2020, con un crédito de más de 1.900 millones de euros con cargo al Fondo de Contingencia.
España dispone de una potencia hidráulica instalada de 17.098MW. La mayoría, de Iberdrola
Desde las sentencias, de mayo del año pasado, no se ha vuelto a legislar al respecto hasta primeros de este ejercicio, con la introducción por parte del PSOE de dicha enmienda a la Ley de Residuos en la Cámara Alta, para establecer un nuevo pago acorde con la normativa y con, además, una nueva definición de la base imponible. En esta ocasión sí se han modificado los títulos concesionales, como exigía el Supremo, para poder incluir el pago del canon. El problema vuelve a centrarse en que, si se quiere cobrar el tributo correspondiente a 2021, habría que dotarle de nuevo de carácter retroactivo, y eso puede volver a ser recurrido y perdido en los tribunales como la anterior norma.
Puestos en esa tesitura, tanto la Administración -el canon depende del Ministerio de Transición Ecológica y lo cobran las cuencas hidrográficas- como las compañías afectadas mantienen una especie de pacto de no agresión. Un acuerdo tácito cuyo resultado práctico es que el canon correspondiente a 2021 no se va a cobrar, según explican las fuentes consultadas. Una vez aprobada la regulación nueva, será a partir del mes de marzo de 2023 cuando se liquide el pago correspondiente a este año, sobre el citado 25,5% del valor de la energía hidráulica. Ese proceso libra a Iberdrola, Endesa, Naturgy y también Acciona de pagar un montante que se habría disparado desde los 120 millones estimados para 2020, hasta casi 400, al albur de la subida descontrolada de precios de la luz.
Fuentes jurídicas consultadas y conocedoras de este proceso advierten del riesgo legal que supondría para el Estado plantear el pago de 2021 con una regulación aprobada en el ejercicio siguiente, bajo la justificación del momento de tensión que sufre el sector y la crisis en la que el país está inmerso. No obstante, frente a ello se puede aducir el precedente de la regulación fallida anterior, que ha obligado a devolver todo el dinero pagado a las eléctricas durante ocho años, con lo que la batalla jurídica podría volver a repetirse, sin que nadie tuviera clara una victoria legal. Es en ese escenario en el que se plantea ahora pasar por alto el canon correspondiente al año pasado, si bien, con la regulación todavía pendiente de publicar, nada es descartable del todo, advierten desde el ámbito jurídico. Los equipos especializados están esperando conocer la norma final.
Hay que recordar que el canon hidráulico fue un tributos creado en la reforma eléctrica del Gobierno de Mariano Rajoy, con Álvaro Nadal al frente del Ministerio de Energía. En esos cambios legales también se decidió incorporar el impuesto del 7% a la generación eléctrica, un tributo suspendido en este momento por el Ejecutivo de coalición por el incremento de la factura. Por resumir: la tasa del PP quedó en nada y la del PSOE no será efectiva hasta el próximo año.
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